Expertos en vivienda indican al Defensor del Pueblo que las políticas públicas en marcha no incrementan su accesibilidad

La noticia se daba a conocer este jueves, el Defensor del Pueblo ha iniciado 30 actuaciones de oficio con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, todas las comunidades autónomas, las dos ciudades autónomas y con los 10 ayuntamientos más poblados de España con el objetivo de conocer las políticas públicas que están llevando a cabo para garantizar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna y adecuada.

La institución ha solicitado —al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y a los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria—, información sobre las medidas y/o planes que hayan adoptado, o tengan previsto adoptar, para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada, así como para incrementar el parque público de vivienda.

El Defensor del Pueblo ha preguntado también al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre el contenido del próximo plan estatal en materia de vivienda; los avances relativos a la constitución de la empresa pública de vivienda anunciada, y el grado de ejecución de los planes y programas de construcción de vivienda anunciados; así como sobre cualesquiera otros instrumentos que haya puesto en marcha o vaya a adoptar con el fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda protegida y asequible incentivada.

El acceso a una vivienda en condiciones asequibles constituye, además de una necesidad básica de las personas, un derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución que los poderes públicos deben hacer realidad, sin embargo, como señalan los informes anuales de esta entidad “el acceso a la vivienda en España es un problema grave debido a los altos precios. Se observan retrasos considerables en la gestión de ayudas, como el bono de alquiler joven, y largas esperas en la adjudicación de vivienda de protección pública”.

Expertos relacionados con el mercado de la vivienda, como el catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre, la abogada Arantxa Goenaga, y la presidenta de SOM Habitatge, Nuria Garrido, advierten al Defensor del Pueblo de los problemas que se generan con esta legislación estatal y autonómica como la de Cataluña, que está cercenando muchos derechos de los propietarios. Quieren que Ángel Gabilondo —actual defensor del Pueblo— haga una consulta rápida en el tiempo y escuche sus voces y se prestan voluntarios a reunirse con los expertos de dicha entidad pública.

El acceso a la vivienda en España es un problema grave debido a los altos precios. (Imagen: E&J)

Una legislación equivocada

Sergio Nasarre es catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili, doctor europeo en Derecho y uno de los mayores expertos en vivienda en nuestro país. Su voz se ha oído siempre para denunciar la situación actual y la problemática de la actual Ley de Vivienda, que lejos de resolver el problema, lo ha incrementado de forma notable. “Ya hubo una Defensora del Pueblo en los años de la crisis entre 2009 y 2011 que hizo un informe sobre el tema. Me preocupa las preguntas que hará porque están volcadas a hablar de la Ley de Vivienda que sabemos que no es útil. Los efectos que genera esta norma no son alentadores”, señala Nasarre.

En su opinión “el peso en el PIB de la vivienda no ha parado de descender en los últimos años, estaba en el 3,5% en los años 90 y ahora representa algo más del 1%. Tampoco tiene sentido que pregunte si hay más vivienda pública. La vivienda pública no se acaba nunca, no se sabe cuando es suficiente. Muchos de estos datos que reclama el Defensor del Pueblo, las CC.AA. no los tienen; no están centralizados los registros de las listas de espera, tampoco están bien censadas todas las viviendas sociales o públicas ni se sabe la gente que vive ahí”.

Al mismo tiempo Nasarre indica que “habrá que ver cómo valora la información que le den todas estas entidades públicas. No sabemos si tiene expertos que puedan valorar si las políticas de vivienda funcionan realmente. Habrá que ver al final qué tipo de recomendación emite cuando reciba toda la información. El Ministerio de Vivienda tiene una serie de políticas activas, entre ellas controles de renta, pero los alquileres no paran de subir. Habrá que ver cómo gestiona esta entidad pública toda la información que reciba de las administraciones públicas”.

Desde su punto de vista “esperemos que emita un dictamen objetivo sobre el mercado de vivienda y su accesibilidad, pero falta mucha información que va a intentar recabar. Las zonas tensionadas que vienen avaladas por la actual Ley de Vivienda no resuelven la situación y encarecen los precios de compraventa y de alquiler. Esperemos que no sea un informe sesgado. Creo que sería bueno que los expertos pudiéramos opinar, además de la administraciones. Ahora con el alquiler turístico hemos demostrado que, pese a lo que dice el Gobierno, su peso en el alquiler tradicional es escaso”.

Sergio Nasarre cree la consulta del Defensor del Pueblo debería cuestionarse la utilidad de la actual Ley de Vivienda. (Imagen: Som Habitatge)

Hay muy poca actividad

Por su parte, la abogada experta en temas hipotecarios, Arantxa Goenaga, explica a este medio que “aunque en muchos decretos leyes y su exposiciones de motivos se habla de la preocupación de la vivienda por parte del Gobierno, luego realmente no hacen nada en la práctica. Ahora el Defensor de Pueblo les da un toque de atención para saber realmente qué hacen las administraciones. De momento prohíben mucho, pero hacen muy poca cosa. Hay demasiadas sanciones hacia los propietarios, sobre todo en Cataluña. Las últimas ayudas de la Generalitat a los jóvenes sobre vivienda tienen cierta trampa y les ata a viviendas de protección oficial”.

Para esta experta, “en la actualidad la situación real es de inacción en políticas públicas. No se está haciendo nada. Si hay escasez de vivienda y hay que fomentar viviendas públicas, deberían edificarse más viviendas de este tipo o transformar esos pisos de los fondos buitres para que sean viviendas públicas o alquileres sociales. Lo único que hacen es incrementar las obligaciones de los propietarios por encima de sus derechos. Realmente no se legisla para resolver este tipo de problemas”.

Arantxa Goenaga subraya la situación de inacción total en la actualidad: “Necesitamos más vivienda social y no se edifica“. (Imagen: AF Legis)

En su opinión “es fundamental que el Defensor del Pueblo inste a estas administraciones a que revisen sus políticas públicas de vivienda. Las que hay a nivel estatal y autonómico no funcionan y encarecen la compra y alquiler de viviendas. Hay que desbloquear la situación actual. Hay muchos locales que se podrían reconvertir en viviendas; eso se ha aprobado en Palma de Mallorca y esta funcionando. Esa inacción viene dada por la Ley de Vivienda que cumple dos años, pero no es efectiva. El Gobierno no ha construido las miles de viviendas que prometió en varias ocasiones”.

Goenaga, al igual que los otros expertos consultados por E&J para este reportaje, afirma que “todos los que estamos dentro del sector estaríamos encantados de explicar la realidad de este sector que se ha encarecido de forma notable. El problema es serio y tienen que escuchar las soluciones que planteamos. Esta falta de actividad hace que no pueda ser considerado, como dice la ministra de Vivienda, la propia vivienda como uno de los pilares de este Estado de Bienestar. Ahora en Cataluña se quiere evitar la descalificación de la vivienda pública que se hizo hace 20 años porque eso supondría una reducción mayor del parque público de vivienda”.

Los propietarios, preocupados por la legislación

Los propietarios de Cataluña, agrupados en la asociación Som Habitatge, de reciente creación, sufren en sus carmes la normativa tan exigente que, además de elevar los precios de alquileres, genera multas administrativas por las exigencias que se plantean para los propios propietarios.

“Nosotros estamos preparando un informe sobre la situación de la vivienda en Cataluña y una de las instituciones que lo recibirá será el propio Defensor del Pueblo. Queremos denunciar el sesgo ideológico de estas políticas de vivienda que son contraproducentes para el mercado de vivienda actual”, explica la abogada Nuria Garrido, presidenta de la asociación.

Desde su punto de vista toda esta política legislativa “expulsa a los ciudadanos vulnerables y familias de clase no solo del mercado de propiedad, sino también del alquiler. Otro problema es la ocupación de viviendas, que crece y es un drama. Nosotros estaríamos encantados de reunirnos con el Sr. Gabilondo y explicarle la problemática que tenemos en Cataluña. Seguimos teniendo reuniones con los distintos partidos políticos y otras instituciones. Ahora queremos parar en el Parlament catalán la nueva ley que limitará el precio de los alquileres temporales. Hemos presentado enmiendas sobre estos temas”.

Esta jurista coincide con Nasarre y Goenaga en que “los comentarios de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de que la vivienda se tiene que convertir en un poder del Estado de bienestar, ahora mismo no es posible si no se modifica la Ley de Vivienda con dos años de vida o el Real Decreto aprobado en la pandemia en marzo del 2020 que permite derogar cualquier lanzamiento de personas que demuestren que son vulnerables. Este Real Decreto-ley ha hecho mucho daño y habría que suprimirlo. Ya no es útil y nos genera problemas a los propietarios”.

Nuria Garrido considera que los propietarios en Cataluña tienen muchas obligaciones y pocos derechos. (Imagen: Som Habitatge)

Garrido avanza que hay una ralentización en las políticas públicas de vivienda en Cataluña: “En el último Pleno de julio quieren aprobar la limitación de los alquileres de los establecimientos temporales, aunque no será de aplicación efectiva hasta octubre, hasta que no se conozca el informe del Consejo Consultivo de garantías estatutarias. También estamos pendientes del Gobierno central, de su fragilidad y de la propuesta que plantearon para reducir esos alquileres a nivel estatal. Sacaremos en breve un manifiesto en defensa de los propietarios y sus derechos”.