Hoy, 1 de julio, se pone en marcha la primera fase de los Tribunales de Instancia con 315 órganos judiciales nuevos

Este martes 1 de julio entrarán en funcionamiento 315 Tribunales de Instancia (TI), pertenecientes a la primera fase de la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por las Cortes Generales el pasado mes de enero. Esta transformación organizativa impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes marca el inicio de la mayor reforma estructural de la Justicia en décadas.

En esta ‘fase I’, se activan 236 Tribunales de Instancia en comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia y 79 en el territorio gestionado por el Ministerio, lo que representa el 100% de los previstos, cumpliendo así con lo establecido en la Ley. A lo largo del año se completarán otras dos fases: 16 nuevos tribunales el 1 de octubre y 100 adicionales el 31 de diciembre, hasta alcanzar los 431 Tribunales de Instancia en todo el territorio nacional.

En esta nueva organización de la justicia, el papel de los letrados de la administración de justicia (LAJs) va a ser clave. A lo largo de estos meses tanto el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (COSEJU), presidido por Ernesto Casado, como la Unión Progresista de Letrados de Administración de Justicia (UPSJ) de la que es portavoz nacional, Juan José Yáñez han mostrado sus críticas a esta implementación que según estos operadores jurídicos se ha hecho de forma apresurada.

Para Casado, esta normativa hubiera necesitado de una vacatio legis mayor, como se desprende del informe El letrado de la Administración de Justicia en cifras, presentado el pasado mes de febrero en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en un acto multitudinario.

Ernesto Casado, segundo por la izda., en la presentación del informe del CNLAJ sobre el LAJ y su impacto en la justicia. (Imagen: CNLAJ)

Al mismo tiempo destaca que “este martes entra en funcionamiento la nueva Oficina Judicial del Tribunal de Instancia, dentro de un ambiente complejo, no solo por la huelga de jueces sino también por la mezcla de instrucciones que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la más reciente firmada por Sofía Puente, secretaria general de la Administración de Justicia. Es un momento importante, pero solo de una primera fase, la de los juzgados más pequeños que es la más simple y fácil de articular. La instrucción de Puente es clave para impulsar el trabajo en las distintas comunidades autónomas y provincias para el despliegue de esta fase primera”.

Por su parte, Juan Jesús Yáñez explicaba a E&J que la entrada en vigor de esta primera fase de los tribunales de instancia es muy importante “la instrucción 1/2025 de la secretaria general de la Administración de Justicia se publicó este sábado pasado en el BOE, Era una instrucción que habíamos demandado para que los letrados directores de los servicios comunes tuvieran un marco al que atenerse a la hora de organizar  de forma clara estos  servicios y de coordinarse con el presidente del Tribunal de Instancia”.

A su juicio “es posible que haya al principio algún tipo de difusión o programas informáticos que no se hayan tenido en cuenta. En cambios organizativos de este calado es normal que pasen este tipo de situaciones. Hay que destacar el trabajo de los directores de los servicios comunes de tramitación y de otros las que han trabajado intensamente en las últimas semanas. Se han dictado protocolos, manuales de puesto, así como distintas reuniones. Es de esperar que la transición vaya bien. Ahora Ministerio y comunidades autónomas con competencias en justicia deben ser ágiles en los problemas que vayan surgiendo”.

La Abogacía institucional pide más recursos

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, reclamaba este lunes que se dote de suficientes “recursos humanos, materiales y presupuestarios” a los nuevos tribunales de instancia, que entran en funcionamiento este 1 de julio, para que el nuevo modelo organizativo garantice una justicia de calidad a todos los españoles.

En una jornada organizada por el CGAE y el Poder Judicial para explicar esta reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, González pidió “que se asegure, hasta en el último pueblo de nuestro país, una justicia de calidad para todos los españoles, con plena seguridad jurídica y sin la más mínima merma del derecho de defensa y del acceso a la tutela judicial efectiva”.

El presidente de la Abogacía reclamó también, en esta sesión especial del curso sobre la LO 1/2025 coorganizado por la Abogacía y el Poder Judicial, que se convoque cuanto antes la Comisión para la Calidad del servicio público de Justicia” prevista en la ley y de la que forma parte la Abogacía. “La coordinación y la monitorización es crucial”, señaló. 

José Carlos Orga, vocal y miembro de Comisión de Asuntos Públicos del CGPJ, señaló en la inauguración que el Poder Judicial apuesta por este modelo organizativo y ha detallado el contenido de las últimas resoluciones dictadas por el órgano de gobierno de los jueces. También ha destacado que la implantación del nuevo modelo no puede suplir la inaplazable creación de nuevas unidades judiciales.

En la jornada, moderada por Ismael Cardo, decano del Colegio de Cuenca, intervinieron también representantes del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, quienes explicaron cómo se va a proceder a transformar los 3.800 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia a partir de este  1 de julio.

Juan Jesús  Yáñez cree que la instrucción de la secretaria general de Justicia, Sofía Puente, ha ayudado a aclarar la situación y el despesque en esta fase I. (Imagen: UPSJ)

Por parte del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas (CC. AA) se ha expuesto los detalles del modelo organizativo y del plan de implantación en sus respectivos territorios. El Ministerio ha insistido en la oportunidad de esta reforma para conseguir una justicia eficiente a la altura del siglo XXI. La mayoría de los representantes autonómicos coincidieron en la bondad del nuevo modelo, pero reclamaron más tiempo y más recursos al gobierno central.

Carmen Casado, coordinadora del proyecto de implantación de los Tribunales de Instancia en la secretaría de Estado de Justicia, señaló que “el mayor reto de todos es el de sincronizar el servicio público de justicia con las demandas sociales, eso es un trabajo sostenido en el tiempo”.

Y por parte de las CC. AA se contó con la intervención de Yolanda M. Aguilar, secretaria para la Administración de Justicia de la Generalitat de Catalunya; Cesáreo Rodríguez, viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias; Carmen Martín, viceconsejera de Justicia del Gobierno de la Comunidad de Madrid; y José Tronchoni, director general de Justicia de la Xunta de Galicia;

Junto a ellos Maite Arenaza, directora general de Justicia del Gobierno de Navarra; Inés Soria, asesora del departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco; Jorge Oswaldo Cañadas Santamaría, director general de Justicia del Gobierno de Aragón; y Esteban Rondón, director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, quienes explicaron la problemática de esta reforma que el Ministerio no ha financiado y las CC. AA, como ha sido el caso de Madrid, Andalucía o Valencia, han tenido que financiar por sus propios recursos.

Nuevo modelo de oficina judicial

En el caso de Madrid, hace unos días el Consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García manifiesto su contrariedad a que esta implementación de los tribunales de instancia iba a coincidir con la huelga previste de jueces y fiscales prevista para el 1 al de 3 julio. “Sería una mala noticia que la huelga se cronificase. Esperemos que el ministro Bolaños se siente a negociar con jueces y fiscales. Esta ley de eficiencia es muy mala y se ha elaborado a espaldas de las CC. AA. Nosotros reclamamos por vía judicial que Justicia financie parte de esos 44 millones de euros que nos va a costar”, señaló García.

Cada Tribunal de Instancia contará además con un nuevo modelo de Oficina Judicial, que centralizará los servicios comunes, permitiendo aprovechar de manera óptima los recursos disponibles. La experiencia de este nuevo modelo de Oficina Judicial en un juzgado de Badajoz ha permitido constatar una mejora de los tiempos de resolución de juicios, bajando los asuntos pendientes más de un 40% y aumentando la ejecución de resoluciones en un 70%.

Este 1 de julio se pondrán en marcha también 4.818 Oficinas de Justicia en el Municipio, en los partidos judiciales que forman parte de esta primera fase. Estas oficinas permitirán acercar la Justicia a toda la ciudadanía, incluso en localidades sin sede judicial, facilitando trámites como la obtención de documentación judicial, presentación de escritos, atención a víctimas o conexión por videoconferencia con juzgados. Se trata de un nuevo modelo de atención descentralizada y digital, que garantiza el acceso igualitario al servicio público de Justicia.

Por comunidades autónomas, Andalucía pone en marcha 70 Tribunales de Instancia; Galicia 38; Cataluña 33; Comunidad Valenciana 24; Comunidad de Madrid 14; Aragón 13; Asturias 13; Canarias 9; País Vasco 9; Cantabria 7; Navarra 4; y La Rioja 2.

En los territorios con competencia estatal, la implantación se ha realizado al 100%, cumpliendo los plazos establecidos por la ley, activándose 31 Tribunales de Instancia en Castilla y León; 24 en Castilla-La Mancha; 16 en Extremadura; y 8 en la Región de Murcia.

Miguel Ángel García cree que los tribunales de instancia se han planteado de espaldas a las comunidades autónomas. (Imagen: Comunidad de Madrid)

Estructura más flexible, más capacidad de respuesta y mayor ahorro

La nueva estructura judicial transforma 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas, lo que permite una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas.

Esto permite, por ejemplo, que en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez.

En total, las comunidades autónomas con competencias transferidas lograrán un ahorro acumulado de 290 millones de euros en los próximos 10 años. Y para facilitar esta transformación, el Ministerio ha transferido más de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos, a los que se suman 25 millones destinados a soluciones tecnológicas.

Por otro lado, el Ministerio también ha aprobado la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados para reforzar las Secciones de Violencia sobre la Mujer, que se integrarán en los Tribunales de Instancia y asumirán desde octubre todos los delitos de violencia sexual, cumpliendo así el Convenio de Estambul. Además, se crean tres nuevas secciones especializadas en violencia sobre la infancia y adolescencia en Madrid, Barcelona y Málaga.