Jesús Oderiz, abogado de Familia: «El Ministerio Fiscal tiene una función esencial para el sistema judicial, sin embargo, su vinculación al Gobierno genera desconfianza»
El socio director de Oderiz Echevarría Abogados comparte en Economist & Jurist su opinión acerca de cuestiones judiciales de actualidad
(Imagen: Jesús Odériz)
Jesús Oderiz, abogado de Familia: «El Ministerio Fiscal tiene una función esencial para el sistema judicial, sin embargo, su vinculación al Gobierno genera desconfianza»
El socio director de Oderiz Echevarría Abogados comparte en Economist & Jurist su opinión acerca de cuestiones judiciales de actualidad
(Imagen: Jesús Odériz)
En un momento de profundos cambios legislativos y estructurales en el ámbito judicial español, Economist & Jurist inicia una serie de entrevistas a profesionales del Derecho con una amplia trayectoria, para recoger su visión sobre los principales retos del sistema judicial actual.
Jesús Oderiz, socio director de Oderiz Echevarría Abogados, ha compartido con Economist & Jurist su análisis sobre reformas clave como la instrucción por parte del Ministerio Fiscal, el modelo de acceso a la carrera judicial, el papel de la mediación o el funcionamiento de los colegios profesionales.
Economist & Jurist (E&J): ¿Qué le parece que los fiscales gestionen la instrucción de los procedimientos?
Jesús Oderiz (J.O.): La atribución de la instrucción penal al Ministerio Fiscal plantea un debate de enorme trascendencia constitucional. En abstracto, podría resultar razonable si se asegura un diseño institucional que garantice su autonomía funcional real, independencia del poder ejecutivo y pleno respeto de los derechos fundamentales. Sin embargo, en el modelo actual, con una Fiscalía jerárquicamente dependiente del Gobierno, trasladar la dirección de la instrucción al fiscal genera serias dudas sobre las garantías del procedimiento y el principio de imparcialidad. Por tanto, no se trata sólo de quién instruye, sino de cómo se articula ese marco legal para preservar los equilibrios procesales.
E&J: ¿Cuál es su visión de que se habiliten nuevas vías de acceso a la carrera judicial sin superar oposiciones?
J.O.: El acceso a la judicatura debe sustentarse en criterios de mérito, capacidad y objetividad. Las oposiciones, con sus limitaciones, garantizan un sistema transparente y competitivo. No obstante, habilitar vías complementarias, por ejemplo, para juristas con una dilatada experiencia profesional o académica, podría enriquecer la carrera judicial si se hace con rigor, criterios de excelencia y absoluta transparencia. Cualquier modelo alternativo debe blindarse contra el riesgo de politización o arbitrariedad.
E&J: ¿Qué opina del modelo de mediación obligatoria de la actual normativa?
J.O.: La mediación es una herramienta valiosa para resolver conflictos de forma más ágil, económica y satisfactoria para las partes. No obstante, su eficacia depende del carácter voluntario y del convencimiento de quienes participan. Imponer la mediación obligatoria, especialmente en ciertos ámbitos, puede desvirtuar su esencia. El foco debería ponerse en fomentar una verdadera cultura de mediación a través de incentivos, formación y concienciación social, más que en su obligatoriedad formal.
E&J: ¿Le parece bien la función que realiza su Colegio de la Abogacía?
J.O.: Los Colegios de la Abogacía desempeñan un papel fundamental en la defensa de la profesión, la formación continua, la deontología y la prestación de servicios a la ciudadanía. En nuestro caso, el Colegio de Abogados de Málaga y el de Pamplona realiza una labor ejemplar de cercanía, modernización y apoyo constante al ejercicio profesional. Su implicación con la sociedad civil y con la mejora del sistema de justicia lo convierte en un actor imprescindible en nuestro entorno jurídico.
E&J: ¿Cómo ve, en general, la judicatura española?
J.O.: La judicatura española está compuesta, en su mayoría, por profesionales de alta cualificación, comprometidos con el servicio público y con la defensa de los derechos y libertades. Sin embargo, arrastra carencias estructurales graves: exceso de carga de trabajo, falta de medios y una preocupante falta de independencia institucional percibida por parte de la ciudadanía. Es imprescindible una reforma profunda que refuerce su autonomía, dote de medios a los juzgados y permita una justicia más cercana y eficaz.
E&J: ¿Cuál es su opinión, en general, de la fiscalía española?
