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Jueces y fiscales denuncian que Justicia incumple el acuerdo de retribuciones y advierten que están colapsados

La ratio de 300 plazas de jueces con carácter anual durante los próximos diez años, clave para que la carrera judicial no esté sobrecargada de trabajo

(Foto: Archivo)

Luisja Sánchez

Periodista jurídico




Tiempo de lectura: 7 min

Publicado




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Jueces y fiscales denuncian que Justicia incumple el acuerdo de retribuciones y advierten que están colapsados

La ratio de 300 plazas de jueces con carácter anual durante los próximos diez años, clave para que la carrera judicial no esté sobrecargada de trabajo

(Foto: Archivo)



Las seis asociaciones de jueves y fiscales que el 23 de mayo firmaron un acuerdo de mejoras salariales con el Ministerio de Justicia, en el marco de la Mesa de Retribuciones, han visto que el BOE de este jueves, en el que se convocan nuevas plazas de jueces y fiscales, no recoge el incremento pactado.

En ese acuerdo se habló de la insuficiencia de jueces y fiscales en España. “Así, aunque nuestras aspiraciones eran mucho más ambiciosas, el Gobierno se comprometió a aumentar en 100 las plazas de acceso para las carreras judicial y fiscal para el año 2023 ‘con inmediato reflejo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado’, y un incremento equivalente para el año 2024”, que por lo que vemos no se va cumplir, señalan en un comunicado conjunto.



Las asociaciones que firmaron este acuerdo Asociación Judicial Francisco de Vitoria; Juezas y Jueces para la Democracia; Foro Judicial Independiente Asociacion de Fiscales; Unión Progresista de Fiscales Asociación Profesional e independiente de Fiscales creen que ese acuerdo no se va a cumplir pese a lo necesario que es dotar a la carrera judicial y fiscal de las plazas antes citadas.

Para este colectivo, el problema de la falta de jueces y fiscales en nuestro país es muy grave y condiciona sus cargas de trabajo. Precisamente las asociaciones judiciales tienen el próximo lunes una reunión con el CGPJ para analizar ese extremo, una vez que la Sala Social del Supremo obliga por sentencia a esta entidad a regular dicha carga de trabajo de los jueces y magistrados de nuestro país.



“Hay que recordar que ese acuerdo de mayo pasado incluía el compromiso de seguir trabajando en nuestras condiciones profesionales, incluyendo otros aspectos retributivos no tratados (guardias, grupos de población, trienios, variables, carrera profesional, etc.), mediante la continuación de la llamada Mesa de Retribuciones, que debía volver a reunirse en el plazo máximo de tres meses.



Ahora, la situación está paralizada, en un contexto en el que hay un Ejecutivo, y por tanto un Ministerio de Justicia, en funciones y una situación política poco clara porque no se sabe a ciencia cierta si se podrá formar Gobierno en los próximos días.

No nos han dado explicaciones

Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, afirma que “la concesión de estas plazas debe ir en una Ley de Presupuestos y ahora mismo el Gobierno en funciones no puede presentar un proyecto de ley, de ahí que lo más lógico es que se prorroguen los presupuestos del año anterior. Otra cosa es que se formase Gobierno al final, entonces no habría excusa para dicho cumplimiento del acuerdo de mayo, aunque en otras ocasiones se ha atribuido a otras partidas y se hizo un incremento de plazas parecido”.

Fernando Portillo, presidente Foro Judicial Independiente. (Foto: Cesión Propia)

A su juicio, “lo lógico es que nos hubieran dado alguna explicación. Nos hemos enterado por el BOE de la convocatoria de plazas, pero ya intuíamos que no se iba a cumplir nuestro acuerdo de llegar a las 100 plazas. El acuerdo que suscribimos con el Ministerio es de mínimos, muy por debajo de lo que necesita la carrera judicial, pero ni siquiera hemos llegado a eso. Necesitamos muchísimas más de las que al final se han adjudicado”.

En su opinión “la idea que subyace es la de convocar 500 plazas durante los próximos cinco años para cubrir las vacantes y llegar a la media europea. Pero para ello hay que crearlas, eso significa que, si no pones en marcha las unidades judiciales adecuadas, hay un problema porque los compañeros adjudicatarios de las mismas no tendrían destino y el conflicto seguiría existiendo. Es un tema presupuestario que ahora parece que no puede acometerse, pero nos podrían haber informado antes”.

Este magistrado recuerda que “este era uno de los elementos del acuerdo de la Mesa de Retribuciones que se convocó en mayo pasado, tras años sin hacerlo, y por la que nuestro colectivo desconvocó la huelga que íbamos a iniciar. Pese a que se habló de incrementar las plazas 100 y 100 los dos próximos años, al final no se ha hecho nada y si esto no se soluciona porque nuestras cargas de trabajo seguirán siendo elevadas”.

A este respecto, Portillo recuerda la reunión del próximo lunes en el CGPJ. “No trataremos este tema porque no es competencia suya, pero si esperamos lograr un acuerdo con ellos en cómo se va a regular la carga de trabajo de nuestro colectivo. El CGPJ en un informe señaló que había 309 plazas vacantes de las ya existentes, habrá que ver cuántas se pueden sacar, pero esa cifra es muy escasa para nuestras necesidades. Nosotros desde Foro le hemos pedido al CGPJ desde su Portal de Trasparencia que nos aclare la situación de estas plazas judiciales”.

En cuanto a dicha reunión del lunes, “esperamos que afronten el reto de regular las cargas de trabajo. Si eso es así, el colectivo de asociaciones judiciales y fiscales va a colaborar con ellos en dicha actividad aportando ideas para que lleguemos a una entente. En el caso de que el CGPJ no quiera hacer nada y pretenda dejar el asunto al nuevo Consejo entrante, será una reunión que no valdrá para nada. Esperemos que sean igual de beligerantes que con el tema de la amnistía respecto a este asunto”.

Por su parte, Sergio Oliva, magistrado y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, muestra su preocupación ante la actitud del Ministerio de Justicia y la concesión final de plazas, alejada de las pactadas en ese acuerdo de mayo “se había comprometido a esas 100 plazas anuales, el mínimo que exigimos y no se ha cumplido, con todos los efectos que genera para la situación de la carrera judicial”.

Sergio Oliva, magistrado y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. (Foto: AJFV)

A este respecto indica que “con este tipo de medidas seguiremos teniendo la ratio de jueces por debajo de la media europea. No podremos afrontar todas las jubilaciones que se vienen produciendo, muchas de las cuales son voluntarias por parte de nuestros compañeros que no ven realmente que tengan una carrera judicial en el futuro. Por lo que vemos, el Ministerio de Justicia no tiene un compromiso firme de resolver esta situación, que incide luego en nuestras elevadas cargas de trabajo”.

Este magistrado recalca que “el hecho de aumentar el número de plazas en oposición es un parche para solventar la carga de trabajo actual y prevenir esas jubilaciones que tendrán lugar en los próximos años. Si no se aumenta la plantilla de jueces, nuestra salud laboral va a seguir empeorando. Hay que tener en cuenta que desde que el juez oposita y gana la plaza hasta que tiene un destino pasan dos años y medio”.

Desde su punto de vista, “ante esta situación hay que definir una estrategia preventiva que no existe en la actualidad. Realmente no ha existido en los últimos años con distintos gobiernos. En relación al número de plazas, debería haber 300 plazas anuales en los próximos diez años para cumplir con la tasa de reposición sobre las jubilaciones que se van a producir. Junto a esto hay otras medidas que habría que implementar para reducir la litigiosidad y cambiar el modelo de justicia y hacerlo más eficaz”.

En su opinión, “en el futuro deberemos contar con proyectos de ley de eficiencia organizativa y procesal que por el adelanto electoral decayeron y no han podido tramitarse. En la procesal se hablaba de impulsar mecanismos de resolución de conflictos extrajudiciales que vendrían muy bien. Son distintas medidas que hay que desarrollar al mismo tiempo para que haya una mejor justicia al ciudadano, que es de lo que se trata”.

Con este incremento de plazas judiciales “podríamos aspirar a tener una justicia moderna y eficiente con la suficiente rapidez para que el ciudadano viera satisfecha sus necesidades en los tribunales. Para eso es importante que el Gobierno y el legislador apuesten por tener un modelo diferente de administración de justicia del actual con más eficacia. El lunes tenemos la reunión de la Comisión de Seguridad y Salud del CGPJ y esperamos que la gestión de esas cargas de trabajo se regule por el bien de todos”.

Los fiscales reclaman un estudio global

Para Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), entidad que celebra su Congreso nacional la próxima semana en Jerez de la Frontera “las plazas publicadas en el BOE son tremendamente insuficientes. Llevamos muchos años reclamando que se haga un estudio de la situación de nuestro colectivo en el seno de la justicia en nuestro país. Se trataría de determinar la carga de trabajo de los fiscales y en consonancia incrementar esas plazas”.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales y miembro del Consejo Fiscal. (Foto: Asociación de Fiscales)

Esta fiscal reconoce que “las negociaciones con el Ministerio de Justicia tras el acuerdo de retribuciones están paralizadas. Hemos asumido el primer pago con la subida acordada, pero asuntos como el tema de las plazas que corresponde con lo acordado no se ha concretado por lo visto en el BOE y tampoco nos han convocado para otros puntos que han quedado postergados. Desde junio no hemos tenido ninguna reunión con el Ministerio ni hay ningún tipo de comunicación”.

Desde su punto de vista, “quien tiene los medios es el Ministerio de Justicia y el fiscal general del Estado para hacerlo. Ahora se avecina una etapa de jubilaciones masivas que puede desdibujar cualquier estudio que se haga al respecto sobre esta cuestión. Es un estudio complejo que requiere tiempo, capacidad y medios para hacerlo, y que debe tener en cuenta muchas circunstancias en cada una de las fiscalías existentes en nuestro país”.

De esa forma, considera que “aspectos como el volumen de trabajo entrante, la cantidad de órganos jurisdiccionales existentes, el número de habitantes, o el de procedimientos que entran anualmente en distintos ámbitos, son variables a tener en cuenta para ese estudio concienzudo, de ahí que la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia debieran asumir dicha responsabilidad de su realización para hacerlo de una manera rigurosa. Nosotros hicimos uno sobre jubilaciones donde abordamos los problemas que pueden surgir de aquí a cinco años sobre esta cuestión”.

A su juicio “el problema de la futura jubilación está ahí. Otra cuestión será el momento en que cambie la Ley de Enjuiciamiento Criminal y nos ofrezcan a los fiscales llevar la investigación de los delitos. Esto supondría un cambio notable en el Ministerio Fiscal y sus necesidades personales como carrera. Ahora mismo, con la estructura actual, es inviable porque necesitaríamos muchos más efectivos de los que tenemos, porque además de esa investigación seguiríamos llevando otras competencias que nos atañen”.

En su opinión, “ese estudio de cargas de trabajo de los fiscales es importante sobre todo para mejorar la salud laboral de nuestro colectivo, también se podría utilizar para el estudio de las plantillas de las fiscalías no se ha hecho aún por el momento”.

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