Jueces y fiscales estallan contra las reformas de Bolaños y convocan un paro parcial el próximo 11 de junio

Cinco asociaciones de jueces y dos de fiscales, menos las progresistas —Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales— han convocado el día 11 de junio un parón de 10 minutos para las 12.00 horas a las puertas de las sedes judiciales en aras de expresar su rechazo a las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y de la Fiscalía.

Así lo anunciaban hace unos días en un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial e Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) quienes se oponen a estabilización de los jueces y juezas sustitutos.

Por su parte, la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha hecho público otro comunicado este lunes en el que aclara que no han contado con ellos para consensuar ese artículo: “Creemos imprescindible ofrecer a la opinión pública un análisis razonado, riguroso y desapasionado”.

En este sentido ha sorprendido la forma de arremeter de los llamados jueces titulares contra los jueces sustitutos, en especial en redes sociales como X (antes Twitter) frente profesionales, algunos con cerca de 20 años de experiencia, poniendo sentencias y en situación de abuso que la Unión Europea quiere ahora corregir. Los improperios han sido de todo tipo, cuestionando su capacidad, más que contrastada, por no haber pasado la oposición de acceso a la Carrera Judicial.

En este contexto, la cara publicada en El País este domingo y que se ha reproducido en redes, la del presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona, Francisco José Revuelta, pide que “no se desprestigie a los que nos han ayudado y nos ayudan, sino contar con ellos de forma permanente y estable”.

A juicio de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJDD), “el proyecto de ley contiene avances de calado en materia de acceso, profesionalización, igualdad de oportunidades, carrera profesional, ética judicial y racionalización organizativa; muchos de ellos en línea con recomendaciones de instituciones europeas y con demandas históricas de amplios sectores de la Carrera Judicial y de esta asociación. Igualmente contiene aspectos que merecen un juicio negativo”.

Las firmantes del primer comunicado solicitan “la retirada” del proyecto de ley que modifica el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal al considerar que recoge “medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial”, que no responde a “una verdadera demanda social” y no contribuye a “solucionar los verdaderos problemas de la Justicia”, incrementando “los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho”.

También reclaman “la retirada” del anteproyecto de ley de reforma que pretende reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para adaptar la Fiscalía al nuevo modelo procesal que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales que hasta ahora dirigen los jueces.

Bolaños busca con los jueces otro acuerdo similar al de retribuciones que logró la anterior ministra de Justicia, Pilar LLop, y que evitó una huelga. En el encuentro de esta fotografía, la APM no firmó. (Imagen: Poder Judicial)

Debate más sosegado

Desde Jueces y Juezas para Democracia muestran su preocupación “porque la posición de otras asociaciones haya sido de oposición total y frontal al proyecto, solicitando su retirada íntegra en lugar de formular una crítica razonada y selectiva sobre aspectos concretos que consideren mejorables”.

“Esta postura bloquea cualquier posibilidad de diálogo constructivo y supone, de facto, oponerse a medidas tan necesarias como el referido sistema público de becas, medida planteada por el Ministerio para ayudar para opositores y opositoras sin medios económicos, con cuantías vinculadas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y duración suficiente”, advierten.

Para este colectivo “defender el mérito y la capacidad exige también garantizar que todas las personas, con independencia de su origen social y capacidad económica, puedan aspirar a formar parte del Poder Judicial”.

La recuperación de pruebas prácticas, evaluaciones anonimizadas y ejercicios escritos, como los que tuvo la oposición a las Carreras Judicial y Fiscal, y que mantienen cuerpos superiores como la Abogacía del Estado o la Inspección de Hacienda, que valoran la argumentación, la lógica jurídica y la capacidad de resolución de conflictos en contextos reales, responde a una necesidad largamente reclamada.

Jueces y Juezas para la Democracia disienten de las otras asociaciones en cuanto a ser partidarios de incorporar nuevas pruebas y en cuanto a adaptar la selección judicial a las competencias requeridas en el siglo XXI, sin merma alguna de la exigencia técnica.

“El refuerzo del Centro de Estudios Jurídicos como centro público de preparación no busca ideologizar el acceso a la Carrera Judicial, sino garantizar la igualdad de oportunidades eliminando las citadas barreras económicas. Alegar que se pretende elegir juezas y jueces por su ideología carece de fundamento”, comentan.

También señalan que “ofertar un centro público de estudios es facilitar la existencia de una preparación de calidad y accesible sin causar demérito a quienes siguen haciendo su labor desde lo privado en exactamente las mismas condiciones que hoy y con garantías añadidas de publicidad que no existen”.

Desde JJDD se indica que “democratizar el acceso a través de favorecer y facilitar la preparación de las pruebas, como antes hemos dicho, fortalece y no debilita la independencia judicial”.

Asociaciones de jueces y fiscales quieren que Bolaños retire los proyectos de ley de acceso la Carrera Judicial y del Estatuto Fiscal. Están dispuestos a recurrir en los tribunales. (Imagen: Poder Judicial)

Estabilización de jueces sustitutos

En relación con las críticas vertidas sobre el proyecto de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, desde JJDD “defendemos una visión equilibrada. Es legítimo discutir el alcance de las competencias del fiscal general del Estado, pero resulta improcedente alimentar una retórica alarmista que presupone un debilitamiento generalizado de la autonomía funcional del Ministerio Público”.

Sobre la independencia judicial señalan que el proyecto no introduce elementos que comprometan la independencia judicial. “Por el contrario, muchas de sus medidas —como la regulación clara del acceso, la reforma de los ascensos, la racionalización de la sustitución o la mejora de los mecanismos de elección interna— refuerzan la profesionalidad, la transparencia y la estabilidad del poder judicial. La verdadera garantía de la independencia no está en el inmovilismo, sino en sistemas de gobernanza previsibles, objetivos y representativos”.

Respecto a la estabilización de jueces y juezas sustitutos/as JJDD señala que el acceso a la carrera judicial debe respetar en todo caso los principios de mérito, capacidad e igualdad.

“Nos oponemos a un modelo que incluye la reducción a cinco años de ejercicio profesional como presupuestos y requisito. Consideramos que debe ampliarse y, en todo caso, equipararlo al ordinariamente exigido para el cuarto turno”.

También señalan que “Igualmente, no guarda coherencia con el fin declarado que dicho proceso no se limite a quienes han desempeñado las funciones de sustituto/as y suplentes dentro de las carreras judicial y fiscal”.

Desde JJDD se insiste en que “Las medidas extraordinarias de estabilización, no pueden suponer una reducción de las plazas ofertadas por el turno libre ni por el cuarto turno, debiendo cumplir los compromisos de incrementar la oferta pública de ambas convocatorias. En tanto ello no se garantice, cualquier proceso extraordinario no es procedente”.

“Por ello consideramos que sólo será aceptable este sistema, desde el punto de vista profesional, si se aseguran de forma paralela y numérica medidas que favorezcan y potencien las plazas a ofertar por el sistema ordinario legal (oposición libre y cuarto turno)”, comentan.

Faltan muchos jueces y fiscales

Tal y como señalan las otras asociaciones judiciales el proyecto carece un incremento sustancial de plazas en judicatura y Fiscalía. En la actualidad hay 75 personas en expectativa de destino, una precaria situación que ya hemos denunciado y que debe ser solucionada.

De no adoptarse las medidas oportunas, se verá agravada. España tiene una baja ratio de juezas y jueces en relación a su población. Por otro lado, se avecina un buen número de jubilaciones y la litigiosidad sigue en aumento lo que ya provoca un colapso difícil de gestionar en determinados ámbitos.

Este lunes hemos sabido que en el caso del CGAE, su presidente, Salvador González, se reunirá la próxima semana con representantes de las asociaciones de la judicatura y la Fiscalía que han convocado un paro el próximo 11 de junio como protesta contra el proyecto de ley de Acceso a la Carrera Judicial y Fiscal.

Concretamente mantendrá un encuentro con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que le han escrito para solicitar la reunión y enviarle los informes que han elaborado sobre la reforma.

El Consejo considera de vital importancia el efecto que sobre la Justicia tendrá la reforma del acceso a la Carrera Judicial y la Carrera Fiscal. “Es nuestra obligación escuchar a los convocantes de esta protesta dada la importancia del tema para el funcionamiento de la Justicia”, ha señalado González.

“Una adecuada selección de aspirantes a jueces y fiscales conforme a los principios de mérito y capacidad es una condición imprescindible para dotarnos del servicio público de Justicia que todos queremos y nuestra sociedad merece”, ha añadido el presidente de la Abogacía, consciente de la presión a la que están sometidos los jueces españoles por la importante carga procesos que soportan.

Desde el CGAE se es consciente que las necesidades del sistema judicial en España están creciendo mucho más rápido que los recursos y nuevos órganos que se le asignan, por lo que la Abogacía considera que es preciso establecer una hoja de ruta precisa sobre la creación de nuevas plazas de jueces y fiscales que permitan alcanzar el servicio público de Justicia que todos deseamos.

Según apuntan, dichos encuentros serían para explicarles “los peligros y las consecuencias de ambos proyectos para el Estado de Derecho y la degradación de la calidad de la justicia que pueden suponer”. Advierten, además que “en caso de seguir adelante el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos tal y como está proyectado” se comprometen a “impugnar judicialmente dicho proceso”.