Jueces y fiscales irán a la huelga en julio, que podría ser indefinida, ante la falta de diálogo de Justicia que blinda sus reformas

La reunión mantenida este lunes entre el Comité de Huelga, formado por representantes de todas las asociaciones —Alejandro González Mariscal de Gante (APM), Óscar López (AJFV), Esteban Basalo (FJI), Esther Moreno (AF) y Santiago Sánchez (APIF)— con el Ministerio de Justicia, que contó con Manuel Olmedo, secretario de Estado; Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia; y Verónica Ollé, directora general para el Servicio Público de Justicia, ha demostrado la escasa empatía entre las partes ante un conflicto: la huelga de los días 1 a 3 de julio, que podría convertirse en indefinida, ya que así lo reclama en un 80 % la carrera judicial.

En el transcurso de este encuentro, ante la sorpresa de los integrantes del Comité de Huelga, los representantes de Justicia pasaron de comentar a estos juristas que no habían entendido la reforma y que no había ninguna vulneración de derechos, a indicarles que esta era una huelga política contra el Gobierno. También indicaron que habían pedido un informe al CGPJ para saber si los jueces españoles tenían derecho a huelga, un derecho que, por cierto, ya se ha ejercido a lo largo de nuestra historia judicial en otras cinco ocasiones, sin contar con el previsible paro de los primeros días de julio.

El Ministerio ha recordado que el 9 de febrero de 2009 el CGPJ afirmó que la legislación española «no prevé el derecho de huelga de los jueces y magistrados y, por tanto, tuvo por no convocada la huelga declarada en ese momento». Por este motivo, Justicia desea conocer si el CGPJ mantiene el mismo criterio en la actualidad. De todas formas, con anterioridad ya hubo otras cinco huelgas en nuestra democracia con distintos gobiernos de PP y PSOE. Solo en la ultima de 218  se desconectó ese día a los  jueces huelguistas. Sin embargo, la Audiencia Nacional determinó que la cartera no tenía la competencia para efectuar dichos descuentos y ordenó la devolución del dinero retenido.

Los representantes del Comité de Huelga rechazaron de pleno esas insinuaciones de que fuera una huelga política contra el Gobierno, más o menos directas, para señalar que este ha sido el posicionamiento de las asociaciones judiciales respecto a estas reformas desde principios de año, donde ya se vio la deficiencia técnica de las mismas. «Es algo que no tiene sentido sacarlo en una reunión, pero su mero planteamiento deja claro que quieren aprobar estos proyectos de ley sin haber oído a la carrera judicial. No tienen base legal para impedirnos que hagamos huelga».

Desde el Comité de Huelga se nos indica el escaso talante negociador de Justicia en dicha reunión presencial, que durante casi dos horas abordó las reformas que el Ministerio tramita por procedimiento de urgencia, tanto en el acceso a la carrera judicial —que contempla una estabilización de 10 004 jueces y magistrados sustitutos— como en la reforma del Estatuto Fiscal, recientemente avalada por el CGPJ en un informe donde señala sus lagunas respecto al poder que aglutina el FGE frente al Consejo Fiscal.

El CGPJ tendrá que emitir un informe sobre si los jueces y fiscales tienen derecho a una huelga, a petición de Olmedo (Imagen: Poder Judicial)

La reunión, la primera del Comité de Huelga con la plana mayor del Ministerio, fue caldeándose a medida que se vio que el Ministerio se cerraba en banda a dialogar sobre las reformas y a abrir una mesa de diálogo con las asociaciones de jueces y fiscales, para así retardar la tramitación del proyecto de ley de reforma de acceso a la carrera judicial, que podría estar aprobado el próximo 21 de julio al tramitarse por vía de urgencia. Esta cuestión ha sentado bastante mal al Comité de Huelga, que no entiende por qué sacar este tipo de argumento en una negociación técnica como es la viabilidad o no de estos proyectos de ley, cuestionados por las carreras judicial y fiscal.

Control de los jueces

A lo largo de este encuentro, desde Justicia habrían reconocido que alguna de las reformas necesitaría de enmiendas para mejorar su contenido. Para las asociaciones de jueces representadas por este Comité de Huelga parece claro que hay un interés por parte del poder legislativo de crear una ley para cambiar la justicia española, pero tienen claro que esta cuestión no la pide Europa de ninguna manera. «En esta situación, la huelga se mantiene en los días fijados y se comunicarán los servicios mínimos establecidos para los días 1, 2 y 3. Esta huelga podría tener carácter indefinido».

En estos momentos, la negociación se centra en la retirada de los proyectos de ley que Justicia sigue tramitando, cuestión que, por el momento, el Ministerio mantiene en sus trece. «Es inaceptable que se tramiten estas reformas con tanta celeridad. En el caso de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, les dijimos de potenciar las plazas del cuarto turno de forma normal y las correlativas del turno general. Se trata de dar solución a personas que son sustitutos, muy preparados, y que no han tenido acceso a la carrera judicial por distintos motivos. No puede ser el coladero que quieren montar para cualquiera. A la larga, los que valgan en ese cuarto turno podrían pasar a la carrera judicial».

En otro momento de la negociación de este lunes, desde los representantes del Ministerio se llegó a decir que jueces y fiscales estaban en contra de todo lo que quiera plantear este Gobierno. Cuestión que desde el Comité de Huelga desmienten de forma categórica: «No es verdad. No hemos montado una huelga por la Ley 1/2025 de eficiencia de la Justicia, pese a sus graves carencias. La reunión se ha propiciado porque hemos convocado una huelga, pero la intención del Ministerio, en principio, no es dialogar. Nosotros, en la reunión, les hemos dejado claro que no es una huelga política y cuáles son nuestras intenciones», indican desde dicho Comité de Huelga.

Para los representantes de jueces y fiscales que mantuvieron esa reunión con Manuel Olmedo y Sofía García, «están cerrados en banda. No escuchan a nadie y no quieren negociar nada. Nosotros, como Comité de Huelga, les hemos explicado cuáles son los motivos de este paro general los tres primeros días de julio, que previsiblemente podría extenderse en el tiempo si Justicia no cambia su estrategia negociadora. Lo último y lo más sorprendente es que ahora nos cuestionan si tenemos derecho de huelga o no, lo que realmente nos sorprende a estas alturas de la situación».

Desde este Comité de Huelga se insiste a nuestro medio que su idea es evitar el conflicto si es posible, «porque queremos que los ciudadanos no se vean afectados, pero en esta situación nos vemos abocados a él. Ahora la idea es fijar los servicios mínimos que marca la ley». Por lo que parece, no hay demasiado acercamiento entre estas partes en conflicto.

La carrera judicial y fiscal esta dispuesta a ir a la huelga ante la falta de diálogo de Justicia con estas reformas (Imagen: Poder Judicial)

Comunicación a sus bases

En el día de hoy, las asociaciones de jueces y fiscales convocantes de esta huelga en la primera semana de julio han explicado con cierto detalle los pormenores de dicha reunión entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Justicia.

«Durante la reunión, el Comité de Huelga partió de la premisa de la retirada íntegra del proyecto, pero el Ministerio no estuvo dispuesto ni a cambiar lo más lesivo y, a pesar de que los argumentos fueron concretos, justificados y técnicamente fundamentados, el Ministerio ha decidido mantener su proyecto».

«Del mismo modo, hemos insistido en la necesidad de que este proyecto legislativo se tramite por el cauce ordinario, garantizando así un tratamiento riguroso, técnicamente sólido, consensuado y sosegado, advirtiendo que una tramitación acelerada en el contexto actual no permitirá alcanzar estos objetivos. Máxime si, como se ha venido a reconocer con toda claridad por la representación ministerial en la reunión celebrada en el día de hoy, el texto presenta esenciales déficits técnicos que resulta necesario acometer».

En dicha comunicación se indica que el Ministerio de Justicia «no aceptó ninguna de nuestras propuestas, sin ofrecer alternativas ni mostrar apertura al diálogo, llegando a plantear dudas sobre el derecho de huelga de jueces y fiscales, que se ha venido consolidando y reconociendo en los últimos años. Lo que no se compadece en modo alguno ni con el efectivo y responsable ejercicio del mismo tenido lugar en múltiples ocasiones anteriores sin cortapisa alguna, ni con el efectivo detraimiento de haberes que por parte del Ministerio de Justicia tuvo lugar con ocasión del conflicto colectivo acontecido en el año 2018″.

De momento, ambas partes siguen en contacto, pero, a no ser que se produzca un cambio de planteamiento, el Comité de Huelga mantiene las medidas de conflicto colectivo acordadas, que vuelven a recordarse en dicho comunicado:

1. Concentración institucional ante el Tribunal Supremo.
   Plaza de la Villa de París, Madrid.
   Sábado, 28 de junio. 12:30 h.
   El emplazamiento, simbólico e institucional, no constituye una protesta contra ningún poder del Estado, sino una manifestación cívica en defensa de la independencia del Poder Judicial y del acceso profesional e igualitario a la carrera. Se trata del lugar donde miles de opositores culminan su preparación en busca de un acceso basado en el mérito, el esfuerzo y la igualdad. La convocatoria está abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía comprometida con la defensa de una Justicia independiente y al servicio del interés general. Es una concentración estrictamente institucional, sin componente partidista alguno, que pretende visibilizar la importancia del Poder Judicial como pilar esencial del Estado de Derecho.
2. Huelga de las Carreras Judicial y Fiscal.
   Martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de julio.
   Si no se retira el proyecto legislativo objeto de conflicto, se llevará a cabo una huelga legítima, proporcionada y responsable. Esta medida busca la defensa de los principios básicos del Estado de Derecho, así como de unas condiciones profesionales dignas y respetuosas con la función jurisdiccional.

Desde el Comité de Huelga vuelven a reiterar una vez más que «no estamos contra el poder ejecutivo. Es algo que no podemos aceptar bajo ninguna de las maneras. Este comentario hace más daño a la democracia de lo que se pudiera pensar. Son manifestaciones irresponsables que no podemos aceptar. El problema es que la reforma, venga de donde venga, es peligrosa, deteriorará la carrera judicial y afecta a las instituciones básicas del Estado».

El día 28, jueces y fiscales se concentrarán ante el Supremo como primer paso ante la huelga de julio. El día 10 de junio hubo paros en toda España como éste de los jueces decanos en Alicante (Imagen: AJFC)