Jueces y fiscales se concentrarán el 28 de junio frente al Supremo y convocan tres días de huelga ante las reformas de Bolaños

En un comunicado enviado por los convocantes, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), las asociaciones establecen las siguientes movilizaciones tras el apoyo de sus bases en más de un 80% a la convocatoria de huelga.

De esta manera, cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales convocan una concentración en Madrid el sábado 28 de junio a las 12:30 horas frente a la sede del Tribunal Supremo. La manifestación es “estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista” y está abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía. En caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos, se produciría una huelga de las carreras judicial y fiscal los días 1, 2 y 3 de julio.

El calendario de movilizaciones ha sido adoptado por las cinco asociaciones de jueces y fiscales, después de consultar a sus bases que mayoritariamente han apoyado dichas protestas. Consideran que son unas medidas legítimas, responsables y proporcionadas frente a unas reformas legislativas que comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal.

A tal efecto, se ha creado un Comité de Huelga constituido por los magistrados Alejandro González Mariscal de Gante (APM); Óscar López Bermejo (AJFV); Esteban Basalo Moreno (FJI); Esther Moreno Amaya (AF); y Santiago Sánchez López (APIF). Ellos dieron este lunes el preaviso al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de dicha convocatoria de huelga del mes de julio.

El Gobierno ha tratado los últimos días de aclarar algunos conceptos que se han difundido en torno a las reformas, al tiempo que ha anunciado la convocatoria de 1.440 nuevas plazas para jueces y fiscales durante los próximos tres años, aunque las asociaciones desconfían de que cumpla esta promesa ante la “ausencia de presupuestos”.

También se ha reunido con las asociaciones y ha anunciado que reforzará los juzgados de violencia de género con la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales ante la entrada en vigor de la reforma que amplía su ámbito de actuación a todas las agresiones sexuales contra mujeres.

La concentración del próximo sábado, 28 de junio, a las 12:30 horas, será frente al Tribunal Supremo, situado en la Plaza de las Salesas de Madrid. La convocatoria está abierta “a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general”.

Los organizadores recuerdan que se trata de una concentración estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista, que no se dirige contra el Poder Ejecutivo ni contra el Legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho.

Una vez concluidos estos tres primeros días de huelga, y en función de la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos, las asociaciones convocantes procederán a una revisión conjunta de la situación y valorarán, de forma coordinada, la continuación de la huelga.

Esta evaluación se llevará a cabo atendiendo al respaldo de las respectivas bases, y con el objetivo de garantizar una respuesta unitaria, proporcionada y sostenida en defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho. Las cinco asociaciones, que representan a la mayoría de la carrera judicial y fiscal, han acordado estas medidas tras el masivo seguimiento del paro en toda España del pasado 11 de junio y la firme respuesta de las carreras judicial y fiscal frente a las reformas legislativas actualmente en tramitación.

En los aledaños del Supremo, donde se manifestaron afectados por IRPH, ahí lo harán los jueces y fiscales españoles el próximo 28 de junio. (Imagen: E&J)

Negociaciones abiertas

Las cinco asociaciones mantienen sus reuniones con otros operadores jurídicos. A las efectuadas con el CGAE, Consejo General de Procuradores y las hay que añadir las que mantendrán el próximo 17 de junio con los grupos parlamentarios del PSOE Y PP y el 25 de junio con la formación política VOX. Ese mismo día mantendrán otro encuentro de trabajo con la Presidenta del Consejo General del Notariado en su sede institucional ese mismo día.

A nivel europeo nos señalan que . En el marco de la estrategia internacional de defensa del Estado de Derecho, las asociaciones profesionales han intensificado los contactos y gestiones con instituciones de la Unión Europea. Tal como ya se ha trasladado, hemos subrayado la relevancia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular la sentencia dictada en el asunto Repubblika (C-896/19), que consagra el principio de no regresión en materia de independencia judicial.

Esta doctrina establece que los Estados miembros no pueden adoptar reformas que, aunque respeten formalmente el Derecho de la Unión, impliquen un deterioro de los niveles previamente alcanzados en las garantías judiciales, especialmente cuando afectan a la percepción de independencia por parte de la ciudadanía.

Retiradas de las reformas

Según estas asociaciones, las reformas propuestas vulneran dicho estándar europeo, al introducir disposiciones que debilitan la estructura, la percepción y la operatividad independiente del sistema judicial español. Asimismo, hemos instado a las instituciones europeas competentes a ejercer un escrutinio riguroso y preventivo, conforme al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, sobre el contenido, la motivación y el proceso de tramitación de los proyectos legislativos en curso.

Estas actuaciones reflejan su  compromiso firme, sereno y unitario con la defensa de una Justicia independiente, imparcial y plenamente sujeta a los principios constitucionales y democráticos. Contamos, una vez más, con vuestro apoyo activo. La defensa del Estado de Derecho y de su función institucional como jueces y fiscales exige la máxima implicación.

Las asociaciones de jueces y fiscales solicitan la retirada del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y de la Ley 50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Consideran que la reforma contiene medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responder el cambio a una verdadera demanda social y no contribuir a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho.

Asimismo, tras analizar el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la idea de preparar la futura atribución a los fiscales de la instrucción de los delitos, las asociaciones consideran que el mismo supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas. Sostienen que se da incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del Fiscal General del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora.