La abogacía iberoamericana se revela como pieza clave para frenar el deterioro institucional en esta jurisdicción

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) llevará sus propuestas, definidas en la ‘Declaración de Madrid’, documento que pone colofón a la cumbre internacional que finalizó el pasado viernes, a los principales foros multilaterales que acogerá la capital española el próximo curso, desde la cumbre iberoamericana de jefes de Estado hasta el 50º aniversario de la UIBA.

En dicho documento se potencia el papel de abogacía iberoamericana frente al deterioro institucional, la erosión de la seguridad jurídica y la desprotección de los derechos fundamentales en la región. El último incidente, el atentado que ha sufrido el candidato Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, a la presidencia de Colombia en el 2026 este sábado, lo que ha generado la condena internacional de Estados Unidos y los países de ese entorno.

Hay que recordar que América Latina es una de las principales jurisdicciones donde los despachos españoles hacen negocio. La expansión de las empresas españolas hacia ese lado del Atlántico ha convertido a países como México, Colombia, Perú o Argentina en países donde abogados de grandes despachos, medianos y boutique apoyan a sus clientes para hacer negocios. Habitualmente para operaciones de corte internacional, recurrir al arbitraje es una de las fórmulas que garantizan que esos negocios serán seguros.

Las conclusiones fueron leídas por el decano del ICAM, Eugenio Ribón. El texto recoge, recoge las reflexiones e inquietudes abordadas durante las 11 paneles de discusión celebrados este jueves y viernes en la Casa de América.

En esta Cumbre Internacional se pudo escuchar al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, quien en su intervención advirtió que “el Estado de Derecho, pilar esencial de nuestra democracia, no puede darse nunca por garantizado”.

Edmundo González, presidente electo de Venezuela, explicó los orígenes de la crisis que sufre este país iberoamericano. (Imagen: ICAM)

A su juicio, su defensa “exige vigilancia, compromiso y sobre todo instituciones sólidas e independientes”. En su exposición, alertó sobre las dinámicas autoritarias que se están consolidando en distintas partes del mundo: “Los principios que sostuvieron el orden global desde mediados del siglo XX —la legalidad internacional, el respeto a los derechos humanos, la cooperación multilateral— están siendo sometidos a una dura prueba”.

En sus palabras, el líder venezolano subrayó que la reconstrucción democrática no puede recaer únicamente en el Poder Judicial, sino que debe involucrar también “a los abogados, a los legisladores, a la academia y a la sociedad civil en su conjunto”.

Tras recordar la declaración de la VII Cumbre Iberoamericana de 1997 —“la democracia no es simplemente una estructura legal, es una forma de vida fundada en la tolerancia, la transparencia, la participación y la legalidad”—, González concluyó con un llamamiento al compromiso activo: “Les invito a que este encuentro no sólo sea un espacio de reflexión, sino también un llamado a acción, a la responsabilidad”.

Por su parte, tras reafirmar el “compromiso firme e inequívoco” de la ciudad de Madrid con el presidente legítimo de Venezuela y con la restauración del Estado de Derecho y la democracia en ese país, José Luis Martínez-Almeida reivindicó el papel de la capital española como referente internacional en la defensa del Estado de Derecho y la democracia liberal: “Madrid tiene que ser uno de esos pocos lugares en estos momentos que hay en el mundo donde la democracia liberal encuentra su refugio”, declaró, subrayando que “el sistema de derechos y libertades que nos hemos dado entre todos” debe seguir siendo “una seña de identidad” frente a los riesgos de regresión democrática.

El alcalde madrileño destacó además la pertinencia de una cumbre que “responde a dos vocaciones naturales de la ciudad de Madrid”: su papel como puente entre Europa e Iberoamérica, y su condición de capital jurídica. Dos dimensiones que, en palabras del alcalde, definen la identidad internacional de Madrid y refuerzan su liderazgo como “refugio de la democracia liberal” y garante de la seguridad jurídica. Para ambas vocaciones, añadió, “el mejor instrumento vertebrador en este caso es el Ilustre Colegio de la Abogacía”.

La importancia de esta Declaración

Previo a la lectura de conclusiones se celebró la última mesa redonda que con el titulo ‘Iberoamérica en acción: compromisos para un futuro compartido’, que fue moderada por el decano Eugenio Ribón. En ella intervinieron Teresa Mínguez, diputada del ICAM; Affonso Dastis, embajador de España en Hungría y exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España; Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano; junto a Luis Martí Mingarro, exdecano del ICAM y expresidente de la UIBA; y a Eduardo Ferrer, juez de la la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estos expertos coincidieron en que la ‘Declaración de Madrid’ parte de una premisa: la necesidad urgente de construir una visión iberoamericana compartida, que fortalezca los lazos jurídicos, democráticos y culturales entre países unidos por una historia común y enfrentados hoy a desafíos similares.

Frente al aislamiento institucional y el debilitamiento del multilateralismo, el texto hace un llamamiento a reforzar la cooperación transnacional como respuesta estratégica ante las amenazas globales al Estado de Derecho.

Esta iniciativa está destinada también a respaldar desde Madrid a la abogacía y a los poderes públicos iberoamericanos en la tarea de adaptar y flexibilizar el marco normativo vigente, como vía necesaria para impulsar la competitividad y garantizar una mejora efectiva de los derechos humanos.

Con la vista puesta en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y en el 50º aniversario de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), el decano del ICAM ha apelado a la responsabilidad compartida de la abogacía para “ensanchar el perímetro de las libertades” y asumir un papel activo frente a la erosión institucional.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, leyó las conclusiones que empoderan a la abogacía iberoamericana como motor del cambio en Iberoamérica. (Imagen: ICAM)

Desde su punto de vista, “las instituciones democráticas no caen de golpe, se deshilachan en silencio”, recordó evocando las palabras de Edmundo González en la cumbre, “y el deber de los colegios de la abogacía no es otro que alzar la voz cuando se debilitan los contrapesos y se menoscaba el cumplimiento del ordenamiento jurídico”.

Por su parte, la diputada responsable del área internacional del ICAM y principal impulsora de la cumbre, Teresa Mínguez, ha apostado por una comunidad jurídica iberoamericana verdaderamente cohesionada y activa, en la que la abogacía europea está llamada a desempeñar un papel fundamental de impulso y acompañamiento: “La cooperación entre nuestras abogacías no es solo posible, sino urgente y necesaria”. La Declaración de Madrid, como principal legado de la cumbre, es solo el punto de partida.

A juicio de Mínguez, el papel de la abogacía madrileña pasa también por impulsar y apoyar a la abogacía iberoamericana y a las instituciones y gobiernos de la región en la tarea de trasladar y flexibilizar el marco normativo actual, como vía para mejorar la competitividad y avanzar en los derechos humanos: “Si no se produce una mejora del Estado de Derecho y de las condiciones de vida, no habrá progreso posible. La economía y la competitividad necesitan, como base, un marco institucional sólido y justo”.

El deterioro institucional de América Latina

La ‘Declaración de Madrid’ se presenta en un contexto de deterioro institucional en América Latina, como recoge el informe del ICAM presentado en el día de ayer sobre la situación del Estado de Derecho en la región.

Desde esta perspectiva, el documento reivindica la seguridad jurídica como base del progreso económico, la cohesión social y la legitimidad democrática. Frente al retroceso generalizado de las garantías institucionales en la región, el Colegio de la Abogacía de Madrid advierte de las consecuencias políticas, sociales y económicas de debilitar los pilares jurídicos del sistema democrático.

El texto subraya que sin certidumbre legal no hay condiciones para la inversión ni capacidad de construir modelos de desarrollo sostenibles. La corrupción institucionalizada, la manipulación de los contrapoderes o la politización de la justicia erosionan la confianza ciudadana y condenan a millones de personas a situaciones de exclusión estructural. Por ello, la Declaración reclama la plena independencia judicial, el fortalecimiento de los mecanismos de control institucional y la adopción de medidas eficaces contra la corrupción como condiciones indispensables para revertir esta tendencia.

Teresa Mínguez, diputada del ICAM y experta en relaciones internacionales, ha sido una de las impulsoras de esta cumbre internacional en Madrid. (Imagen: ICAM)

El papel de la abogacía como agente activo en la defensa de los valores democráticos es el hilo conductor de la declaración institucional impulsada por el colegio madrileño. Lejos de asumir un rol meramente técnico o pasivo, el texto llama a los profesionales del Derecho a ejercer una función protagonista en los procesos de transformación institucional, litigando estratégicamente, impulsando reformas legales, promoviendo el acceso efectivo a la justicia y ejerciendo una vigilancia activa sobre el poder público.

Ante los grandes desafíos que acechan transversalmente a los estados iberoamericanos, como el crimen organizado, el avance de la inteligencia artificial, la emergencia climática o las migraciones masivas, la Declaración aboga por articular una respuesta regional coordinada. La abogacía, subraya el documento, debe liderar la formulación de nuevos marcos normativos en materia de justicia climática, derechos digitales y regulación tecnológica, promoviendo un multilateralismo moderno, funcional y centrado en la protección de derechos.

En ese camino, la formación jurídica de calidad y la deontología profesional son herramientas fundamentales para ejercer el Derecho en un entorno cambiante, global y digital. Por ello, la Declaración respalda de forma expresa la necesidad de reforzar los programas de formación continua y la excelencia académica como claves para consolidar un liderazgo jurídico en el ámbito iberoamericano. Iniciativas como ICAM Universidad reflejan ese compromiso institucional con el fortalecimiento del pensamiento crítico y el desarrollo profesional.

El texto tal y como comentó el propio Ribón también pone el foco en el acceso a la justicia como derecho estructural y condición para la realización efectiva de los demás derechos. Reclama, en este sentido, reformas estructurales en los sistemas judiciales, el fortalecimiento de la defensa pública y el impulso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, con el objetivo de superar las barreras económicas, burocráticas o territoriales que siguen impidiendo a amplios sectores sociales acceder de forma equitativa a la tutela judicial.

En última instancia, la Declaración llama a consolidar una agenda compartida de integración jurídica iberoamericana, basada en la armonización normativa, la cooperación académica y el fortalecimiento de redes de arbitraje y mediación.

Desde Madrid, los representantes de la abogacía madrileña se comprometen a trasladar estas reivindicaciones a los diferentes foros multilaterales que acogerá la capital española en los próximos meses con el objetivo de construir una agenda jurídica común.