La Asociación de Letrados del Tribunal Supremo reclama a Justicia un estatuto profesional propio que dignifique al colectivo

Estudiar las admisiones de los recursos de casación que llegan en admisión a las diferentes salas del Supremo de todo el territorio nacional y elevar aquellos que por el interés casacional merezcan ser abordados por cada Sala para emitir luego la sentencia correspondiente, así como preparar informes monográficos sobre distintas cuestiones que se abordan en el Pleno de cada jurisdicción del Alto Tribunal, son algunas de las funciones de los Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, un cuerpo clave en el funcionamiento de este órgano jurisdiccional pese a su falta de reconocimiento como tal.

Este colectivo forma parte de cada Sala del Supremo como apoyo a las deliberaciones finales de los magistrados que componen esas cinco salas del Alto Tribunal. Cada Sala cuenta con entre 15 y 20 letrados que hacen un trabajo notable de criba de los recursos que llegan a cada práctica.

Desde hace unos años reclaman a Justicia la aprobación un estatuto profesional que regule los derechos y deberes de estos profesionales. La reivindicación viene avalada por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) del 2015, que mandata al legislador su regulación en dicho estatuto, pero por el momento ha hecho caso omiso.

Desde hace tres años, este colectivo formado por magistrados en comisión de refuerzo o servicio y letrados de la Administración de Justicia (LAJs), fiscales, catedráticos y profesionales procedentes de otros cuerpos de la Administración, han puesto en marcha la Asociación de Letrados del Tribunal Supremo (ALTS), una entidad compuesta por unos 80 profesionales, entre letrados y exletrados, lo que supone una parte importante de este colectivo. El principal objetivo de esta asociación es defender los derechos e intereses de los letrados y las letradas del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo de España.

Con un ámbito de actuación a nivel nacional, la ALTS trabaja activamente en la mejora de las condiciones profesionales, la promoción y la formación continua de sus miembros con el fin de poner en valor su desempeño fundamental en la consecución de la excelencia del sistema judicial español. En este sentido, uno de sus objetivos estatutarios es contribuir al estudio y difusión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La actual junta directiva, que tomó posesión en marzo de este año, está compuesta por Fernando Pinto, presidente; Leticia Adelaida Jiménez, vicepresidenta; Carolina Encabo de Lizaur, portavoz; David Vázquez, portavoz; Ángel López, secretario y tesorero; José Carlos López, vocal; y Enrique Alberto Maya, vocal.  Hace unos días presentaban en el propio Tribunal Supremo la página web de esta asociación profesional.

Carolina Encabo de Lizaur es magistrada desde el año 2012, desempeñado distintos cometidos en juzgados de toda España. En el 2020, año de la pandemia, se incorporó en comisión de servicio como juez de adscripción territorial (JAT) al cuerpo de Letrados del Gabinete Técnico del Supremo. “Es un trabajo importante porque damos apoyo a los magistrados de todas las Salas del Tribunal Supremo”. En la ALTS es uno de los portavoces de la entidad, junto con David Vázquez.

En el caso de Vázquez, procede del Cuerpo de Letrados de Administración de Justicia y ahora desempeña su trabajo en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo en el orden Civil, en el que lleva 14 años. Junto con otros tres LAJs del Supremo, el portavoz de ALTS ha publicado recientemente un detallado estudio sobre el fenómeno del acoso desde las perspectivas laboral, civil, contenciosa-administrativa y penal, del que E&J se hizo eco.

David Vázquez y Carolina Encabo de Lizaur son los portavoces actuales de la Asociación. (Imagen: ALTS)

Profesionales en precario

David Vázquez fue uno de los fundadores de la Asociación de Letrados del Tribunal Supremo, junto a Ana de Miguel, letrada de la Sala Social; Pedro Moreno, letrado de la jurisdicción contenciosa; Ángel López, también letrado de lo contencioso; y Fernando Pinto, letrado de la jurisdicción penal y actual presidente de ALTS.

“Actualmente somos 80 afiliados entre letrados y exletrados, con la idea que hemos mantenido para que no quedara constreñida a los letrados que están en el Gabinete Técnico en activo. De esa forma seguimos el modelo del Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional que mantiene a ambos colectivos en su asociación”, indica Vázquez.

La situación de este colectivo, imprescindible en el funcionamiento de las cinco Salas del Supremo, es preocupante: “La justicia está cada vez más colapsada y la situación es precaria porque muchos de nosotros están en comisión de servicio u otros en servicios especiales. No hay un cuerpo como tal ni un estatuto profesional que regule nuestra situación. Queremos tener nuestro reconocimiento profesional y tener nuestro estatuto como Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Eso hace que estemos sometidos a regímenes jurídicos diferentes” añade.

Esta diversidad influye en los permisos, las vacaciones, trienios e, incluso, la cobertura médica puede ser diferente en cada uno de los miembros de dicho Gabinete Técnico, según proceda de un cuerpo o de otro. “Uno de los objetivos de ALTS es lograr dicho estatuto del Letrado. De esta manera podríamos acabar con la temporalidad de nuestra actividad. En el Gabinete Técnico hay unas plazas que se denominan de titulares, plazas de servicios especiales que se renuevan cada tres años, frente a los compañeros que están en comisión de servicio y son renovaos por seis meses o un año. Ahora este mes de junio toca su renovación”, comenta.

El objetivo final de ALTS es que se establezca una plantilla adecuada con los profesionales necesarios para poder dar servicio al ingente número de recursos de casación que llegan a las diferentes Salas del Supremo. Este Gabinete Técnico se creó en 1985, mediante el Real Decreto 489/1985, de 2 de abril.

“Nuestro cuerpo es muy desconocido, precisamente porque no esta regulado como otros colectivos profesionales. Al final eso genera que otros juristas no se interesen por unas plazas que hay que cubrir, habitualmente por concurso de méritos al publicarse la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de forma periódica”, indica Carolina. En este sentido, señala que, “aunque perdemos dinero, aquí estamos dando apoyo a los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo”. 

La otra gran reivindicación que se plantea desde ALTS es la mejora retributiva del colectivo por el trabajo tan especializado que realizan. “Creo que le daría la estabilidad que necesita el propio Gabinete Técnico. Precisamente por dicho nivel retributivo no siempre son atractivos para ser cubiertos por otros compañeros juristas, sobre todo si vienes fuera de Madrid, se complica porque hay que buscar alojamiento, lo que supone un gasto extraordinario y otro elemento que desincentiva a que se cubran esas plazas”, destaca Vázquez.

Reunión de la Junta Directiva de ALTS, con Fernando Pinto, magistrado y letrado de lo Penal, segundo por la izda., presidiéndola. (Imagen: ALTS)

Más atasco en la jurisdicción Civil que en ningún otra

La Sala Civil del Supremo es la que se encuentra más colapsada en estos momentos. Economist & Jurist abordó la problemática de los asuntos pendientes, en dos reportajes, el último con el nombramiento del magistrado Ignacio Sancho, como nuevo presidente de esta Sala.

“La litigación en masa nos ha hecho mucho daño, son asuntos que colapsan tanto la parte de admisión como la de decisión. A veces desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se indica que hay que admitir todos los asuntos y surge el problema citado. Al mismo tiempo tenemos asuntos parados, a expensas de lo que diga el propio TJUE”, comenta Carolina.

Sobre esta cuestión, Vázquez concreta que “en los últimos años hemos llegado a recibir unos 10.000 recursos de casación, de los que un 20% se admiten, pero todos los que llegan hay que revisar si tienen el interés casacional que señala la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) del año 2000. Es un crecimiento exponencial en estos últimos 10 años de dichos recurso”.

Los cambios jurisprudenciales son los que influyen en la mayor admisión o no de estos recursos que llegan. “En algunas ocasiones nos encontramos con resoluciones de las Audiencias Provinciales que son contrarias a la doctrina de la Sala. Esos son recursos de admisión y de estimación en la inmensa mayoría de los casos para corregir esa interpretación”, subraya.

En este contexto han surgido ya en algunos despachos de abogados la figura de abogado experto en recursos de casación. “Es un perfil que empieza a calar en los bufetes de abogados, aunque el gran desconocido para los letrados sigue siendo el recurso de casación. En algunos recursos que revisamos se nota que se ha cuidado mucho su realización desde el punto de vista técnico. No hay que hacer un recurso muy extenso, sino ir al grano de la cuestión que queremos plantear al Supremo”, comenta Carolina.

Para David Vázquez “hay que darse cuenta que todas las Salas del Supremo tienen el interés casacional como elemento de referencia para que ese recurso sea aceptado en la fase de admisión. Ese interés casacional objetivo se estableció en el ámbito contencioso-administrativo por la reforma del 2015. La Sala de lo Civil tiene ese interés casacional desde la reforma de la LEC del año 2000 con unos parámetros distintos. Ahora se ha establecido en el orden Social. Ese interés casacional supone una cierta discrecionalidad de las Salas sobre los recursos que se van a admitir y los que no”.

En la jurisdicción Civil aclara que “ese interés casacional puede ser porque no exista doctrina de la Sala al respecto; o bien porque la resolución recurrida de la Audiencia Provincial va en contra de la jurisprudencia de la Sala; o porque jurisprudencia contradictoria en las resoluciones de distintas Audiencias Provinciales. Con estos tres parámetros, la sección de admisión decide si el recurso se admite o no, siempre que no se trate de protección de derechos fundamentales, donde entran en juego otros parámetros a la hora de fijar la admisión o inadmisión”.

En estos días, la Sala de lo Civil en una sentencia de la que ha sido ponente, el magistrado Manuel Almenar, el Tribunal Supremo ha generado el primer pronunciamiento de este Alto Tribunal sobre un tema de phishing “en cuestiones novedosas de gran interés, como en este tema, la Sala se suele pronunciar por la relevancia del asunto. Además, había distintas resoluciones en las Audiencias Provinciales que trataban sobre este tema”, comenta Carolina. Al final hubo una necesidad de que la Sala resolviera sobre esta cuestión porque nunca le llegó ningún recurso hasta la fecha.