La Asociación Española de Consumidores propone 30 medidas para afrontar la crisis económica derivada de la guerra de Irán
La organización reclama al Gobierno actuaciones concretas ante la subida de la electricidad y los carburantes y plantea reformas estructurales en fiscalidad, empleo, vivienda y consumo
(Imagen: E&J)
La Asociación Española de Consumidores propone 30 medidas para afrontar la crisis económica derivada de la guerra de Irán
La organización reclama al Gobierno actuaciones concretas ante la subida de la electricidad y los carburantes y plantea reformas estructurales en fiscalidad, empleo, vivienda y consumo
(Imagen: E&J)
La Asociación Española de Consumidores ha presentado un paquete de 30 medidas para hacer frente a la crisis económica derivada del conflicto bélico en Irán, una situación que, según advierte la organización, ya está teniendo impacto directo en la economía doméstica de los ciudadanos españoles.
La propuesta llega después de las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que afirmó que el Ejecutivo está “estudiando posibles medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores, a las empresas y a los autónomos y que puedan mitigar los impactos económicos” derivados de la situación internacional.
Desde la asociación consideran que esas palabras han generado incertidumbre entre los consumidores, que ya están percibiendo el impacto de la crisis en el aumento de precios de productos básicos y servicios esenciales, especialmente electricidad y carburantes.
Según la organización, la ciudadanía reclama medidas concretas y no declaraciones genéricas, motivo por el que se ha elaborado un documento con propuestas que abordan la crisis desde una perspectiva económica, social e institucional.
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Medidas para reducir el impacto económico en los hogares
Entre las propuestas económicas destacan varias iniciativas dirigidas a aliviar el impacto del encarecimiento energético y de la cesta de la compra.
La asociación propone, entre otras medidas:
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Revisar los impuestos sobre los carburantes para abaratar el precio final que pagan los consumidores.
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Recuperar el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, aplicado durante anteriores crisis energéticas.
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Solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un análisis de la evolución de los precios de los carburantes.
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Impulsar canales de comercialización más directos entre productores y consumidores para evitar intermediarios que encarecen el precio final de los productos.
En materia fiscal, también se plantea rebajar el IVA de productos de primera necesidad de forma estable, incluyendo alimentos básicos como carne y pescado, así como productos de higiene, limpieza y alimentación infantil, con el objetivo de abaratar la cesta de la compra.

(Imagen: Ayuntamiento de Madrid)
Reformas estructurales en empleo, administración y servicios públicos
Además de medidas económicas inmediatas, el documento incluye propuestas orientadas a introducir reformas estructurales en diferentes ámbitos de las políticas públicas.
Entre ellas destacan:
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Reducción de estructuras administrativas y eliminación de gastos superfluos en las administraciones públicas, incluyendo observatorios, consejos u organismos con escasa utilidad práctica.
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Planes de empleo específicos para parados de larga duración y personas mayores de 55 años.
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Regulación definitiva del teletrabajo, que permitiría reducir desplazamientos, costes familiares y emisiones contaminantes.
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Agilización de los procedimientos de reconocimiento de dependencia y discapacidad, que actualmente pueden tardar años en resolverse.
También se incluyen propuestas relacionadas con sanidad, medio ambiente y economía circular, como fomentar el reciclaje doméstico para reducir costes de producción, impulsar campañas de consumo energético responsable y promover la dispensación de medicamentos por principio activo para abaratar el gasto sanitario.
Vivienda, justicia y transporte en el catálogo de propuestas
La asociación también plantea actuaciones en otros ámbitos que afectan directamente a la economía de las familias.
En materia de vivienda, propone medidas que contribuyan al abaratamiento del alquiler, reforzando la seguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos y evitando planteamientos que, a su juicio, han provocado tensiones en el mercado.
En el ámbito de la justicia, reclama un plan de choque para reducir el colapso judicial, que según la organización genera inseguridad jurídica y retrasa el reconocimiento de derechos de los ciudadanos.
Asimismo, el documento incluye propuestas relacionadas con el transporte y las infraestructuras, entre ellas:
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Reforzar el transporte público en todo el país mediante un plan estatal de infraestructuras.
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Renovar las flotas de transporte colectivo.
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Potenciar todos los aeropuertos del país con conexiones básicas.
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Impulsar una mayor colaboración público-privada en proyectos de infraestructuras.
El catálogo de medidas también contempla acciones en materia de turismo, comercio y consumo, como campañas de promoción del comercio, turismo responsable y un plan de inspecciones contra la economía sumergida y el fraude a los consumidores.
Llamamiento a actuar con urgencia
La Asociación Española de Consumidores insiste en que muchas de las medidas planteadas no requieren necesariamente un gran coste económico, sino voluntad política para abordar los problemas que ya están afectando a los hogares.
La organización concluye reclamando al Gobierno actuaciones inmediatas, advirtiendo de que los consumidores más vulnerables ya están sufriendo las consecuencias de la crisis económica vinculada al conflicto internacional.

