La Comunidad de Madrid amplía el arbitraje a todos los contenciosos de alquiler

La Comunidad de Madrid ha ampliado la fórmula de mediación en los contenciosos por un alquiler a todos los contratos de ese tipo en la región y no exclusivamente a los del Plan Alquila. Se trata así de favorecer el fomento del alquiler y contribuir a descongestionar la justicia, dado que el arbitraje resuelve algunos conflictos.

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, ha inaugurado la tercera edición de las Jornadas sobre Arbitraje Inmobiliario, donde ha comentado la ampliación de la mediación a todos los alquileres en la región.

La previsión es que, de ese modo, se pueda evitar que un 20% de los litigios acaben como hasta ahora en los tribunales y se solucionen por la vía del arbitraje.

La comunidad cuenta desde mayo de 2009 con un Consejo Arbitral para el Alquiler encargado de resolver los conflictos surgidos en los contratos del Plan Alquila entre inquilinos y caseros. Así se minimizan posibles conflictos que pueden surgir durante el alquiler, ha informado la Comunidad de Madrid a través de una nota.

El Gobierno regional decidió ampliar en marzo el ámbito de actuación de ese arbitraje a todos los contratos de arrendamiento entre particulares. A partir de ahora, «cualquier madrileño que así lo desee podrá incluir la cláusula arbitral en sus contratos de arrendamiento y favorecerse de sus ventajas», según Mariño.

El año 2010 se cerró con más de 3.000 sentencias relativas a contratos de arrendamiento y en el 2011 se estima una cifra de causas judiciales cercana a 5.000. La litigiosidad en el alquiler de los contratos del Plan Alquila se reduce al 0,4%, cuando en el resto del mercado de alquiler en general, los litigios, morosidad y demás conflictos se encuentra entre el 2,5% y el 3,5%.

La fórmula permite ahorrar tiempo y en dinero, pues frente a la espera de seis meses, que es el periodo habitual para dictar una sentencia judicial en esta materia, la duración de los laudos, desde la presentación de la solicitud hasta su dictamen, no pasa de 40 días, según la Comunidad.

El arbitraje supone también un importante ahorro económico, que puede llegar a ser del 80% del coste del proceso, porque basta con el gasto de una mensualidad del alquiler y las partes no necesitan proveer fondos para un abogado que los represente.EFE