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La exclusión del abogado en el procedimiento para microempresas de la reforma de la Ley Concursal provoca la crítica de la Abogacía institucional

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La exclusión del abogado en el procedimiento para microempresas de la reforma de la Ley Concursal provoca la crítica de la Abogacía institucional



El Consejo General de la Abogacía Española ha remitido al Ministerio de Justicia sus alegaciones al Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal, acentuando su disconformidad con la exclusión de la intervención del abogado en el procedimiento para microempresas.

Así, no siendo obligatoria la presencia de un abogado, en opinión de la Abogacía institucional, este procedimiento podría generar indefensión a aquellos colectivos con menos recursos, ya que no tendrían derecho a ayudarse del instrumento de la Justicia Gratuita.

Antecedentes



A inicios del pasado mes de agosto, apenas un año después de la puesta en marcha del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley Concursal, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, sacaba a trámite de audiencia pública el nuevo Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal.

Portada del artículo titulado “Reforma de la Ley Concursal: un paso atrás en la segunda oportunidad” publicado el 30/08/2021. (Foto: Economist & Jurist)

Allí, como ya informamos en su momento, se introducen, entre otros cambios, un nuevo procedimiento de insolvencia único para autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores, más ágil, digitalizado y con un coste muy reducido que incrementará la posibilidad de continuidad de las empresas viables.

Por microempresas (o micropymes) se entiende aquellas empresas que tienen menos de diez trabajadores y unos ingresos anuales inferiores a los dos millones de euros.

Según anuncia el Anteproyecto, “el procedimiento especial diseñado busca reducir los costes del procedimiento, eliminando todos los trámites que no sean necesarios y dejando reducida la participación de profesionales e instituciones a aquellos supuestos en que cumplan una función imprescindible, o cuyo coste sea voluntariamente asumido por las partes. Todo ello, sin menoscabo de la plena tutela de los derechos de los participantes en el procedimiento”.

Además, el documento informa que el nuevo procedimiento se articulará bajo una simplificación procesal estructural para las partes basado en que la comunicación en el seno del procedimiento se realice a través de formularios oficiales accesibles en línea, sin coste. Ello permitirá el recibimiento de la información en tiempo real, garantizándose la completitud de la información y provocando que la intervención del abogado y del procurador no resulte preceptiva.

Disconformidad en la Abogacía

En la jornada de hoy viernes, la Abogacía ha informado que ya ha remitido al Ministerio de Justicia las correspondientes alegaciones al repetido Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal.

Aunque el Ministerio reconoce que el documento tiene como objetivo la necesidad de enfrentarse al actual exceso de procesalismo y al exceso de judicialización, en opinión de la Abogacía institucional, el Anteproyecto pretende conseguir tal intención a través de una “reducción de los derechos de asistencia y defensa y en especial de los deudores con menor capacidad económica”, ya que el nuevo procedimiento especial para microempresas apartaría a las mismas de la posibilidad de acceder al concurso de acreedores y a los acuerdos de reestructuración.

Por ello, para lograr comprender la magnitud y la gravedad de lo que se pretende introducir, cabe recordar que más del 80% de las empresas que han sido declaradas en concurso en nuestro país desde que entró en vigor la Ley Concursal entrarían en esta categoría. Además, como apunta el propio documento en el apartado V de su Exposición de Motivos, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a 31 de agosto de 2020, las microempresas constituían el 93,82% de las empresas españolas y daban empleo a 4.887.003 personas, lo que representa el 31,63% del empleo total

“Esto puede tener graves consecuencias”, advierte la Abogacía.

Portada del artículo titulado “La nueva Ley Concursal dejará sin «segunda oportunidad» a cerca de 3,4 millones de microempresas” publicado el 13/08/2021. (Foto: Economist & Jurist)

Por último, entre otras muchas aportaciones realizadas en colaboración con los distintos Colegios de Abogados, la Abogacía, como así lo hiciera en su día la Asociación Nacional de Entidades Especializadas (ANEES), expresa su preocupación por las restricciones que contempla el Anteproyecto a la exoneración de la deuda, algo que obstaculizaría el acceso al beneficio de la segunda oportunidad de los particulares.

Consulta el Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal clicando aquí
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