La Fiscalía General del Estado recaerá en una persona de confianza del fiscal condenado

El Gobierno de España ha anunciado que activará el proceso para designar sucesor al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha sido condenado por un delito de revelación de secretos (artículo 417.1 Código Penal).

El artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que “el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión”. De conformidad a esta normativa no podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido ministro, secretario de Estado, consejero de un Gobierno autonómico, presidente de una corporación local, diputado, senador, parlamentario europeo o de una Asamblea Legislativa de una comunidad autónoma.

El mandato del fiscal general del Estado no podrá ser renovado, salvo que hubiese ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años. Las limitaciones para ser nombrado fiscal general del Estado por razón de haber sido titular de los cargos indicados, reduce el número de candidatos con vinculación política para ocupar la plaza. Por ello, es probable que el nombramiento recaiga en algún fiscal con dilatada experiencia y cercano al Gobierno; cercano al sector progresista de la Fiscalía y al condenado fiscal general.

En este sentido se barajan nombres como Diego Villafañe, que en la actualidad es jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía general del Estado y hombre cercano a Álvaro García Ortiz, aunque conviene recordar que llegó a estar imputado en el proceso que ha concluido con la condena del fiscal general; y también se baraja el nombre de María Ángeles Sánchez Conde, actual teniente fiscal del Tribunal Supremo y quien defendió, sin el menor rubor, que el registro del despacho del fiscal general fue una medida desproporcionada. Sánchez Conde se considera una persona muy cercana a la exministra de justicia, Dolores Delgado.

Otras fuentes apuntan como posibles candidatos a Teresa Peramato, actualmente fiscal de Sala, jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y Teresa Gisbert, actualmente fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado. Ambas son igualmente consideradas muy próximas a Álvaro García Ortiz.