La Justicia admite a trámite la conciliación de la OCU contra Red Eléctrica por el apagón de 2025
La organización exige información, reparación y el pago de compensaciones automáticas pendientes a los usuarios afectados
(Imagen: E&J)
La Justicia admite a trámite la conciliación de la OCU contra Red Eléctrica por el apagón de 2025
La organización exige información, reparación y el pago de compensaciones automáticas pendientes a los usuarios afectados
(Imagen: E&J)
Dieciséis meses después del gran apagón que dejó a oscuras a España y Portugal, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) logró un paso judicial decisivo. Un tribunal madrileño admitió a trámite la conciliación que la entidad presentó contra Red Eléctrica y decenas de empresas del sector eléctrico. Así lo informó la OCU en una nota en su sitio web oficial ayer lunes. Se abre así la puerta a una eventual compensación colectiva para los consumidores afectados por el corte de suministro del 28 de abril de 2025.
El tribunal da vía libre a la conciliación de OCU
El Tribunal de Instancia de Alcobendas, en una resolución fechada el 8 de septiembre, admitió a trámite el acto de conciliación que OCU presentó el pasado 29 de julio. La entidad requiere a Red Eléctrica Española, a diez distribuidoras y a cerca de 50 comercializadoras del país que abran, junto con la organización, un cauce colectivo de información, compensación y reparación para los usuarios perjudicados por el corte energético.
Las empresas señaladas disponen ahora de un plazo de diez días procesales para pronunciarse sobre la petición de OCU, que vence el próximo 22 de septiembre. Si no responden o rechazan la propuesta, el juzgado citará a las partes a una vista. De no alcanzarse un acuerdo en ese trámite, la organización quedaría en libertad de ejercer la acción judicial colectiva que ya se reservó en su solicitud.

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OCU atribuye una responsabilidad compartida a los tres estamentos del sector: a Red Eléctrica, como operador del sistema y gestor de la red de transporte; a las distribuidoras, como garantes de la calidad del suministro; y a las comercializadoras, como responsables del cumplimiento de las condiciones contractuales con los usuarios. Además, la conciliación incluye una petición específica: que las distribuidoras regularicen, en un plazo máximo de 30 días desde la admisión, las compensaciones automáticas por calidad del suministro que ya les corresponden por ley y que hasta ahora no se han hecho efectivas de forma generalizada.
La opción de la conciliación judicial
La vía elegida por OCU no es una demanda, sino un acto de conciliación. Se trata de un mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos cuyo objetivo es que las partes alcancen un acuerdo antes de que el caso llegue a juicio. Como explica la propia organización en su comunicado, no es un proceso contencioso en sí mismo, sino un paso previo y voluntario.
Su función es doble. Por un lado, sirve para obtener de las empresas requeridas información técnica que permita determinar si el apagón respondió o no a una causa de fuerza mayor. De esta calificación depende descartarse o reforzar la responsabilidad civil del sector. Por otro, busca fijar con las compañías un procedimiento objetivo para tramitar las reclamaciones y, eventualmente, evitar el pleito colectivo que OCU ya tiene preparado.

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Sin electricidad en la península
El apagón del 28 de abril de 2025 dejó sin suministro eléctrico durante horas a la práctica totalidad de España peninsular y a Portugal. La duración media del corte, según los cálculos de OCU, fue de unas 12 horas. El informe oficial del Gobierno, elaborado por el llamado Comité 28-A y presentado el 17 de junio de 2025, concluyó que el colapso obedeció a un problema de sobretensión de origen multifactorial. Indica que una oscilación anómala detectada al mediodía en el sur del país desató una cadena de desconexiones de generación. El sistema no logró contener el evento hasta perder el sincronismo con Francia y provocar el cero eléctrico peninsular. El informe descartó tanto el ciberataque como la penetración de renovables como causas del incidente y señaló insuficiencias en los recursos de control de tensión.
Ese diagnóstico fue después ratificado por el panel europeo de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta última llegó a abrir medio centenar de expedientes sancionadores contra Red Eléctrica y varias eléctricas por posibles infracciones normativas.

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A la espera de una respuesta
Pese a ello, la OCU denuncia que, transcurrido este tiempo desde un acontecimiento histórico que alteró la vida de millones de ciudadanos, siguen sin derivarse responsabilidades entre los actores involucrados, ni siquiera para activar las compensaciones automáticas que la ley atribuye a las distribuidoras. Fue esa falta de avances la que llevó a la organización a lanzar su campaña «Luz sobre el apagón» y, finalmente, a acudir a la vía judicial.
La pelota queda ahora en el tejado de Red Eléctrica y del resto de empresas requeridas. Su respuesta, antes del 22 de septiembre, determinará si el conflicto se resuelve por la vía negociada o si termina en manos de un juez. Para los consumidores afectados la recomendación de la organización es simple: mantenerse informados sobre el desenlace de esta conciliación.
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