Connect with us

Noticias Jurídicas

La libertad de expresión no ampara manifestaciones de jueces contrarias al orden constitucional

La Comisión afirma que la promesa o juramento de lealtad a la Constitución y al ordenamiento jurídico que la LOPJ impone a los miembros de la Carrera Judicial constituye un compromiso moral que va más allá de la mera declaración formal

Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, compareciendo ante los medios de comunicación (Foto: Altonivel)

Tiempo de lectura: 4 min



Noticias Jurídicas

La libertad de expresión no ampara manifestaciones de jueces contrarias al orden constitucional

La Comisión afirma que la promesa o juramento de lealtad a la Constitución y al ordenamiento jurídico que la LOPJ impone a los miembros de la Carrera Judicial constituye un compromiso moral que va más allá de la mera declaración formal

Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, compareciendo ante los medios de comunicación (Foto: Altonivel)



La Comisión de Ética Judicial señala en un dictamen que el derecho a la libertad de expresión del que gozan los miembros de la Carrera Judicial no ampara en ningún caso las manifestaciones realizadas en redes sociales y medios de comunicación que atenten de forma grave contra el Estado de Derecho, el orden constitucional y la democracia. Se trata de conductas que, añade, vulneran el compromiso moral y de lealtad que jueces y juezas asumen cuando prestan el juramento o promesa exigido por la Ley Orgánica del Poder Judicial para tomar posesión del cargo.

Es la principal conclusión contenida en la respuesta que la Comisión ha dado a una consulta referida al encaje en los principios de ética judicial de las manifestaciones hechas por jueces en redes sociales invitando a incumplir las normas jurídicas o mostrando su apoyo público a políticos de una determinada ideología condenados por su participación en hechos que atentaron gravemente contra la soberanía nacional y la forma política del Estado.



El autor de la consulta pregunta de qué manera esas conductas afectan a la obligación ética de los jueces de mantener la apariencia de imparcialidad y de mantener la confianza de los ciudadanos en el derecho a ser juzgados según parámetros jurídicos, en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales. Y, también, si afecta a la responsabilidad institucional que los jueces asumen cuando, antes de tomar posesión del cargo, juran o prometen cumplir fielmente la Constitución y el ordenamiento jurídico.

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión por jueces y magistrados -que ya ha sido abordado por la Comisión de Ética Judicial en varios dictámenes- afecta a los principios éticos de independencia, de imparcialidad y de integridad.

«La Comisión de Ética Judicial señala que las conductas concretas a las que se refiere la consulta analizada suponen un riesgo aún mayor» (Foto: E&J)

La Comisión ha afirmado que los jueces y magistrados, como cualquier otra persona, pueden expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones y pueden intervenir en medios de comunicación y redes sociales, pero deben guiarse por la prudencia y moderación necesarias para no comprometer la apariencia de imparcialidad y no causar una pérdida de confianza de los ciudadanos en la Justicia (Principio 31) y mantener el respeto a la “neutralidad política”.

La vulneración de dichos principios puede colocar al juez en una posición ideológica que induzca a creer “que la justicia está politizada” y contribuya a generar “una falta de confianza de los ciudadanos en la justicia, en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales que los integran, con el consiguiente desprestigio institucional”.

Un compromiso público y voluntario

De acuerdo con esas premisas, la Comisión de Ética Judicial señala que las conductas concretas a las que se refiere la consulta analizada suponen un riesgo aún mayor, por lo que “de ningún modo pueden quedar amparadas por la libertad de expresión en quienes ostentan la condición de integrantes de un poder del Estado” y, como tales, están “sujetos con mayor rigor a los deberes del cargo que juraron o prometieron en su día, cuando accedieron a la Carrera Judicial”. El contenido de dicha promesa o juramento, previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, “supone un acatamiento expreso al orden constitucional y al ordenamiento jurídico”.

Bajo el prisma de los principios de ética judicial, ese juramento o promesa va más allá de la mera declaración formal, por lo que conductas como las señaladas en la consulta “suponen una vulneración de este compromiso de orden moral y de lealtad que los jueces y juezas acatan cuando prestan el juramento o promesa exigido por la LOPJ”. No es “un simple rito o un requisito burocrático”, sino un “compromiso público y solemne que se asume voluntariamente”. En el ejercicio de la función jurisdiccional, añade el dictamen, “es obligación ineludible ajustarse a la legalidad constitucional e infra constitucional incondicionalmente, en virtud no sólo de esa promesa o juramento, sino también de obligaciones legales, normativas o éticas”.

El juramento o promesa tiene también su reflejo en el ámbito del “comportamiento extraprocesal” de los miembros de la Carrera Judicial. No se les exige “plena adhesión ideológica y personal a todos los principios y valores que recoge la norma fundamental y las leyes que los desarrollan”, pero sí “una base de lealtad en lo básico”, razón por la que “determinados planteamientos de oposición frontal a los pilares básicos del orden constitucional, entre los que se encuentran los ingredientes esenciales del Estado de Derecho (respeto a la ley y a las fórmulas jurídicas establecidas para el cambio constitucional), suponen traicionar ese compromiso solemne”.

Por último, el principio 21 impone a los jueces un deber de denuncia cuando la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales se encuentren en peligro, por lo que en ningún caso puede admitirse la publicación en redes sociales o medios de comunicación de expresiones o manifestaciones de los jueces “que puedan constituir un riesgo contra el Estado de derecho, el orden constitucional y la propia democracia”.

Finalmente, la Comisión de Ética Judicial recuerda que, según los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, “una judicatura competente, independiente e imparcial es igualmente esencial si los tribunales han de desempeñar su papel de defensores del constitucionalismo y del principio de legalidad”.

3 Comentarios
3 Comentarios
Más antiguo
El mas nuevo
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
2 meses atrás

Alerta de flagrante y continúa Anticonstitucionalidad del Estado DDT De Derecho Torcido español a sus Ministros de Educación, Justicia, Sanidad, Universidades, Hacienda Función Pública, Cultura,……TC,TCu,Defensor del Pueblo…CGPJ, TS,TSJ, Consejo de Estado, Magistrados, Fiscales,Abogados del Estado,Catedraticos…
Desde 1978 todas las leyes de Función Pública estatal, autonómica, local, civil judicial institucional, universidades, policías, maestros, sus ofertas públicas de empleo, las convocatorias de oposiciones y concursos, los tribunales, las pruebas, los programas, las listas negras de admitidos y excluidos, los nombramientos, las tomas de posesión, los requisitos de acceso del art.56.1.d.EBEP 7/2007 TREBEP 2015 y variantes bajo Juramento de Exclusión Totalitaria Anticonstitucional J.E.T.A. Franquista de virginidad sancionadora de
«NO HABER SIDO SEPARADO DE SERVICIO,NI DESPEDIDO, NI ESTAR INHABILITADO…»
son nulas radicales porque violan derechos fundamentales de todos los ciudadanos por ser sanciones perpetuas, inicuas, ilícitas de muerte civil de tribunales de honor prohibidas por art.10, 15, 18, 23, 24, 25, 26 CE.
Además dichas leyes deben de tener rango orgánico y presupuesto para indemnizar a las víctimas exiliadas, excluidas y sus familias, y deben tener Dictamen preceptivo del Consejo de Estado.
Además todos los funcionarios Catedráticos, Letrados, Abogados Magistrados,… deben abjurar de ese Juramento franquista violador de Derechos Fundamentales pues es incompatible con el Juramento de
«CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION Y EL ORDENAMIENTO JURIDICO DERIVADO»
Además el Estado debe pedir responsabilidades de estos 44 años de incumplimiento pactado e impune de la Constitución manteniendo vigente atado y bien atado el franquismo y sus leyes totalitarias de Función Pública con penas y sanciones perpetuas de muerte civil de separados de servicio por Tribunales de Honor manteniendo un estado de excepción y suspensión perpetua de DDFF desde 1978.
España,Polonia y Hungría están advertidas por la UE de su deficiente democracia y de que deben cumplir el orden jurídico de la UE y si no lo cumplen pueden ser multadas y privadas de los fondos Next Generation.
Recordemos que los Letrados y resto del personal del Consejo de Estado, los Abogados del Estado, Economistas del Estado, los TACE, los Catedraticos…que ocupan altos cargos de gobierno español y de la UE deben ser cesados por mantener las leyes mordaza de separación de servicio de Tribunales de Honor,.
El reciente libro del magistrado Font sobre «la patria y la cartera» alerta de esa prórroga del franquismo y sus leyes como causa de la corrupcion impunemente tolerada en la falsa transición .
El ex fiscal Jiménez Villarejo y el Magistrado Doñate en su libro «Jueces pero parciales» inciden en esa prórroga del franquismo y sus leyes como causa de la impunidad y tolerancia de la corrupción.
La Comisión de Ética Judicial está formada por 2 Magistrados del TS, Magistrados, un Juez y un Catedrático en su caso en cuestión porque no han abjurado del J.E.T.A. FRANQUISTA, LO HAN EXIGIDO EN TRIBUNALES DE OPOSICIONES, LO HAN APLICADO EN EXPEDIENTES DE SEPARACION DE SERVICIO y no han cuestionado las leyes totalitarias vigentes de FP ni los aberrantes temarios de oposiciones memoristicas ni los manuales erróneos de derecho sancionador que debían corregir todas las editoriales y revistas juridicas

Nombre
Whistleblower
Anonymous
2 meses atrás

la libertad no si no la obligatoriedad de dictar sentencias en las leguas mas usadas no coarta la libertad de expresion si no el compromiso adquirido en la ultima reforma siendo el castellano ingles en sus versiones y arabe

Nombre
antonio salamanca garcia 79258611J colejio de abogados de badajoz y escuela aja de madrid practicas en la curia ue CV
Anonymous
2 meses atrás

Recomendamos la lectura integra del Dictamen de 26-4-2022 de la Comisión de Ética Judicial en cuestión por no haber denunciado ningún juez o tribunal ni cuestionado ante el TC y TJUE la prórroga de las leyes y Juramentos de Exclusión Totalitaria Anticonstitucional J.E.T.A. Franquista de Muerte Civil de separados de servicio, despedidos e inhabilitados , que el mismo Dictamen impone a los jueces u magistrados docentes y blogueros con conflicto de intereses y de juramentos incompatibles como jueces y como docentes, notarios, registradores, abogados del estado, …en sus obras académicas, en sus altos cargos de gobierno y en sus sentencias para no politizar la justicia en favor del independentismo, y cuyas conclusiones transcribimos :

////////
«….10. Por último, ha de poner se de manifiesto que, a sensu contrario, estas conductas suponen una vulneración del apartado 21 de los principios de ética judicial.
Dicho apartado, que viene a decir que
“ Cuando la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales se encuentren en peligro, la obligación de reserva cede en favor del deber de denuncia ”,
claramente está poniendo de manifiesto a los jueces y juezas que integran la Carrera Judicial, que en ningún caso pueden admitirse, cuando intervienen en los medios de comunicación o en redes sociales, expresiones o manifestaciones que puedan constituir un riesgo contra el Estado de Derecho, el orden constitucional y la propia democracia. 

Recordemos que el considerando quinto de los Principios de Bangalore dice:
“ que una judicatura competente, independiente e imparcial es igualmente esencial si los tribunales han de desempeñar su papel de defensores del constitucionalismo y del principio de legalidad “. 

IV. CONCLUSIÓN A la vista de lo anterior, emitimos la siguiente opinión:
i) Los jueces y juezas, como cualquier ciudadano, gozan de la libertad de expresión, y como tales pueden intervenir en las redes sociales y medios de comunicación.
 ii) La intervención de los jueces en dichos medios ha de estar presidida por el respeto a l os principios de independencia, integridad, imparcialidad y transparencia. 
iii) El ejercicio de la libertad de expresión ha de realizarse con la prudencia y moderación necesarias para preservar su independencia y apariencia de imparcialidad, y con el respeto a la neutralidad política.
iv) Los jueces y juezas deberán especialmente evitar que sus expresiones en tales medios puedan inducir a creer a la sociedad receptora de las mismas que la justicia está politizada, contribuyendo de este modo a una falta d e confianza de los ciudadanos en la justicia, en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales que lo integran.
v) Los jueces y juezas han de tener en consideración, igualmente, que esta clase de expresiones pueden suponer una vulneración del compromiso de orden moral y de lealtad a los principios que asumieron cuando prestaron el juramento o promesa exigidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
vi) En ningún caso pueden estar amparadas por el principio de libertad de expresión aquellas manifestaciones por parte de los jueces y juezas en redes sociales y medios de comunicación que atenten de forma grave contra el Estado de Derecho, el orden constitucional y la propia democracia.»
/////

Nombre
Whistleblower