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Noticias Jurídicas

La nueva regulación del impuesto de plusvalía podría seguir siendo inconstitucional

Expertos cuestionan el instrumento normativo utilizado por el Gobierno y dudan de que realmente existiera una “extraordinaria y urgente necesidad”

(Foto: iStock)

Tiempo de lectura: 4 min



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La nueva regulación del impuesto de plusvalía podría seguir siendo inconstitucional

Expertos cuestionan el instrumento normativo utilizado por el Gobierno y dudan de que realmente existiera una “extraordinaria y urgente necesidad”

(Foto: iStock)



El pasado 26 de octubre, a través de una nota informativa, el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional y nulo el sistema de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, también conocido como «plusvalía municipal».

El sistema de determinación de la base imponible del IIVTNU es inconstitucional por su objetividad, obligatoriedad y ajenidad a la realidad económica del mercado

En un tiempo récord, a sabiendas de las nefastas consecuencias económicas que supondría tal fallo para las municipales, el Gobierno reaccionó y aprobó el  Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.



El texto fue validado en el Consejo de Ministros el 8 de noviembre y entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado; es decir, el 10 de noviembre. En particular, tales fueron las prisas del Ministerio de Hacienda y Función Pública en actualizar la norma que la nueva regulación se publicó en tal boletín antes incluso de que se lo hiciera lo propio con la sentencia del Pleno del TC (BOE de 25 de noviembre).

Posible inconstitucionalidad de la nueva regulación

El Real Decreto-Ley que subsanó el vacío normativo que generó la sentencia del Constitucional podría ser inconstitucional por argumentos tanto formales como materiales, sostienen Juan Ignacio Echarren Chasco y Luis Román Cañibano, Asociado y Abogado del área fiscal del Lener.

Por un lado, respecto al aspecto formal, “porque es más que discutible la posibilidad de utilizar el instrumento del Real Decreto-Ley para resolver este asunto, instrumento que únicamente es admisible por razones de «extraordinaria y urgente necesidad», la cual es difícilmente sostenible cuando la necesidad de adaptar la normativa reguladora se puso de manifiesto por el TC ya en 2017”.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. (Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

Al hilo de lo anterior, cabe recordar que a finales del pasado mes de febrero el máximo tribunal de garantías de nuestro país admitió a trámite dos recursos, uno presentado por diputados del PP y otro interpuesto por diputados de Vox, contra la aludida reforma.

Cándido Conde-Pumpido estará a cargo de la ponencia relativa al recurso de los «populares» y el magistrado Ricardo Enríquez Sancho responderá al de los diputados de Vox

Adicionalmente, “por mandato constitucional existen determinadas materias que no pueden regularse por Real Decreto-Ley, entre las que figuran, conforme a la jurisprudencia del TC (STC 78/2020, de 1 de julio), los elementos esenciales de los tributos”, recuerdan Echarren Chasco y Román Cañibano.

Por otro lado, desde un punto de vista material, “no parece ajustado a Derecho que, con la introducción de un supuesto de no sujeción, manteniendo un análogo (por no decir idéntico) sistema de determinación de la base imponible, se cumpla con el mandato del TC, máxime cuando el carácter extrafiscal del impuesto sigue siendo la nota característica del IIVTNU”, agregan los miembros de Lener.

No obstante, los expertos fiscales advierten que esta discusión “sólo afectaría a devengos producidos con posterioridad al 9 de noviembre de 2021, puesto que el citado Real Decreto-Ley carece de efectos retroactivos, quedando pendiente de decidir la posibilidad de recuperación del importe satisfecho en aquellos devengos producidos bajo el paraguas de la normativa previa, declarada inconstitucional”.

A su juicio, la limitación de efectos contenida en la repetida sentencia del Constitucional “llevaría a considerar que no sería posible dicha recuperación para los devengos anteriores al 26 de octubre de 2021 en los que no se hubiera impugnado previamente la plusvalía, si bien, los principios de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva hacen que sea cuestionable la aplicación de esta limitación, en particular a devengos anteriores a su publicación en el BOE (25 de noviembre de 2021) en los que se hubiera impugnado la plusvalía o en los que se hubiera hecho entre el 26 de octubre de 2021 y dicha publicación”.

Consecuencias de la posible inconstitucionalidad

En el hipotético escenario de que el máximo intérprete de la Carta Magna acabe declarando la inconstitucionalidad de la «reforma exprés», y que con dicho fallo venga aparejada una nueva limitación de efectos que impidan reclamar a todos aquellos contribuyentes que no lo hubiesen hecho con anterioridad a la fecha de la publicación en el BOE de la sentencia, José María Salcedo Benavente, Abogado y Socio de Ático Jurídico, recomienda a los afectados que, bajo una postura preventiva, recurran todas las liquidaciones reguladas bajo la nueva normativa.

«El precedente de la STC de 21 de octubre de 2021 “apremia a los contribuyentes a no «dormirse» otra vez». (Foto: R.C./Las Provinciales)

“Conociendo los precedentes del TC, como contribuyentes conviene estar atentos y recurrir de forma preventiva todas las liquidaciones que se hayan notificado en estas fechas aplicando dicha normativa”, razona el abogado. Igualmente, aconseja “solicitar la rectificación y devolución de ingresos indebidos de las autoliquidaciones presentadas. ¿Por qué? Si acudimos a las últimas sentencias del Constitucional referidas a la plusvalía municipal observamos que en las mismas el Tribunal ha limitado efectos y ha impedido recurrir a aquellos contribuyentes que en su día no lo hicieron”.

Es aconsejable solicitar la rectificación y devolución de ingresos indebidos de las autoliquidaciones presentadas

Así las cosas, el precedente de la STC de 21 de octubre de 2021 “apremia a los contribuyentes a no «dormirse» otra vez”, apunta. De hecho, Salcedo Benavente alerta que el recurso preventivo “no supone ningún perjuicio al contribuyente”, ya que nos enfrentamos ante recursos que se presentan ante la Administración y que, en el caso de que finalmente la norma no sea declarada inconstitucional, “no habría problema alguno en desistir en dichos recursos y abandonar la reclamación”, concluye.

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