La Sala de Gobierno del Supremo, solidaria con el paro de asociaciones de jueces y fiscales de hoy, rechaza las reformas de Bolaños

Cinco asociaciones judiciales y fiscales —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— han convocado un paro de 10 minutos este miércoles frente a las sedes judiciales. En ese paro se leerá un manifiesto donde se indica que las reformas planteadas por el ministro Félix Bolaños facilitan el abuso de poder y la politización de la justicia.

El objetivo de este paro es el de manifestar su oposición a las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal, y a la reestructuración del Ministerio Fiscal.  Las firmantes han insistido en que la convocatoria se desmarca de “cualquier intento de politización o uso partidista”. “La defensa de nuestros principios básicos de nuestro sistema, de nuestro Estado de Derecho y las condiciones profesionales de jueces y fiscales son los únicos motivos que inspiran esta convocatoria”, han apuntado.

A este paro se ha unido un comunicado de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo donde muestra su preocupación por las reformas de acceso a la justicia que el ministro Bolaños quiere poner en marcha. Al mismo tiempo se espera un pronunciamiento de los Jueces Decanos que celebran sus jornadas nacionales en Alicante, sobre esta cuestión.

En esa nota informativa que ha tenido acceso E&J, desde el Supremo se indica que hace suyas las palabras que pronunció la presidenta del órgano, Isabel Perelló, en enero de este año: “El vigente modelo de acceso a la carrera judicial garantiza la objetividad y la transparencia en la acreditación de la idoneidad y suficiencia profesional para el ejercicio de la función jurisdiccional. El acceso a la judicatura no precisa de reformas especiales sino de medidas de apoyo, como las becas, para preparar el proceso selectivo”.

La Sala de Gobierno reconoce que es “necesario” aumentar la plantilla de jueces para que sea acorde a la media europea. Sin embargo, incide en que este proceso “no puede prescindir del rigor en la selección” de los jueces que cubran las plazas necesarias.

También se indica la necesidad de la regulación de su Gabinete Técnico y la mejora retributiva de sus letrados; la corrección de la insuficiente valoración de los puestos de trabajo de los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en él destinados; así como actuaciones eficientes, que permitan superar las graves carencias y deficiencias que padece, desde las más elementales, incluida la conservación de su sede, hasta las relativas a la dotación de medios, avanzados y eficaces, en el plano tecnológico.

Las asociaciones convocantes del paro mantuvieron hace uno días una reunión con Salvador González, presidente del CGAE, y con parte de su equipo. (Imagen: Abogacía Española)

Reunión infructuosa con el Ministerio

El contexto institucional se encuentra claramente tensionado. Horas antes de la reunión, las asociaciones convocantes piden al Ministerio que deje de acusarlas de difundir “bulos” o “fango” al criticar las reformas. Paralelamente, solicitan reuniones con todos los grupos parlamentarios y han mantenido reuniones con  otros órganos clave como el Consejo General de la Abogacía del Estado o el Consejo General de Procuradores de España.

De continuar el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos en los términos previstos, las asociaciones anuncian su intención de impugnar judicialmente el procedimiento.

La movilización institucional también se refuerza desde la base. Más de 1.000 jueces y fiscales, muchos de ellos de las últimas promociones, suscriben un manifiesto de apoyo a la huelga general contra las reformas. Difunden la iniciativa bajo la cuenta @Huelga2025 y dan forma al grupo ‘Unión de Fiscales y Jueces’.

Según ha podido saber este medio el grueso de los integrantes que han llamado a esta huelga son en su mayoría pertenecientes a las últimas promociones, aunque también se encuentran jueces y fiscales veteranos apoyando la iniciativa. La misma ha surgido a raíz del movimiento y el intercambio de mensajes realizado en las últimas semanas —tras las reformas anunciadas—, cristalizando en el grupo llamado Unión de Fiscales y Jueces.

Al mismo tiempo, este colectivo ha informado esta semana en un comunicado, el Comité de dicha Unión ha animado a “secundar el parón” y ha reiterado su apoyo a las asociaciones. Han avanzado, a su vez, que tienen previsto votar el mismo miércoles, a las 17.00 horas, si van o no a la huelga.

Retirada de los proyectos

Las asociaciones convocantes reclaman la retirada de ambos proyectos legislativos, alegando que representan un grave retroceso para la independencia judicial y no responden a una demanda social real. Según explican en su comunicado conjunto, las medidas planteadas suponen “una afectación grave” a los principios constitucionales que rigen el Poder Judicial, y no contribuyen a resolver los problemas estructurales de la Justicia.

En cuanto a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, advierten de que el texto proyectado deja las investigaciones penales en manos de los fiscales sin garantizar la autonomía funcional de la institución. A su juicio, lejos de blindar la independencia del Ministerio Público, el anteproyecto refuerza de manera injustificada el poder del fiscal general del Estado, sin establecer los contrapesos ni las garantías internas necesarias para una actuación investigadora imparcial.

Por ello, solicitan comenzar de cero la redacción del Estatuto, esta vez incorporando las aportaciones de todas las asociaciones de fiscales y de la Carrera Fiscal.

Las organizaciones convocantes remiten al Ministerio de Justicia sendos informes técnicos sobre los efectos adversos de ambas reformas y, en ese contexto, se reunieron el pasado 4 de junio con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo. También acudieron a dicho encuentro las asociaciones progresistas, que no han secundado la protesta.

Sin embargo, los convocantes calificaron la reunión de “poco productiva” y lamentan que el Gobierno rechace frontalmente retirar la reforma sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal. Consideran inamovible la posición del Ministerio y denuncian la falta de voluntad para entablar un diálogo real, más allá de escenificar una escucha que, según denuncian, no se produce en términos efectivos.

Pese a ello, se comprometen a seguir acudiendo a futuras convocatorias ministeriales que busquen avanzar en un estatuto profesional para jueces y fiscales. Pero advierten: “No vamos a contribuir a aparentar que se nos escucha cuando en realidad no es así”.

Desde el Ministerio de Justicia, por su parte, se valoró el encuentro como “constructivo y respetuoso”. Las fuentes oficiales subrayan que el Ejecutivo reitera su apuesta por modernizar el acceso a las carreras judicial y fiscal, blindar las becas, automatizar ascensos y estabilizar a los jueces y fiscales sustitutos, en línea con las exigencias de la Comisión Europea. Además, afirman que existe una voluntad clara de mantener un diálogo permanente con las asociaciones.

Jueces sustitutos y magistrados suplentes reivindican su estabilización tras llevar muchos años en fraude de ley. (Imagen: E&J)

Jueces sustitutos quieren su estabilización

Por su parte, tal y como ha ido anunciando este diario, asociaciones de jueces y fiscales sustitutos también intervinieron en el debate. El pasado 4 de junio igualmente se reunieron con el Ministerio para exigir que la nueva ley de acceso cumpla con los estándares fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de derechos laborales y lucha contra la temporalidad abusiva.

Asociaciones de jueces sustitutos, magistrados suplentes y fiscales sustitutos reclaman una “regulación justa” sobre su situación laboral, en referencia a la tramitación en el Congreso del proyecto de ley que incluirá el proceso de estabilización de estos colectivos.

Así lo expresaron varias de estas entidades, a través de un comunicado conjunto, tras mantener una reunión con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, para abordar la reforma que se está debatiendo en sede parlamentaria.

Esta nota estaba firmada por la Asociación de Jueces Concepción Arenal, la Asociación Pro Dignidad de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes, la Asociación Plataforma Judicatura Interina y la Asociación de Abogados Fiscales Sustitutos.

A la reunión también asistieron Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, y Verónica Ollé, directora general para el Servicio Público de Justicia, quienes acompañaron al secretario de Estado en este encuentro institucional.

La estabilización la apoya Europa

Las asociaciones manifestaron su disposición a “seguir participando activamente en el proceso legislativo, con el objetivo de lograr una regulación justa, que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad”, según expresaron en un comunicado conjunto tras la reunión.

Durante el encuentro, el secretario de Estado expuso que la tramitación del Proyecto de Ley continúa su curso, incorporando el proceso de estabilización de estos colectivos con mejoras en la redacción, quedando pendiente la valoración de posibles cambios que se introduzcan mediante enmiendas.

Las asociaciones insistieron en la necesidad de que la nueva normativa cumpla con las previsiones establecidas por el Tribunal de Justicia de la UE en materia de reconocimiento de derechos y lucha contra el abuso en la temporalidad.

Los representantes de los jueces sustitutos defendieron que el sistema previsto debe respetar el marco legal y constitucional español, garantizando la seguridad jurídica tanto para el sistema judicial como para quienes han contribuido a su sostenimiento.

El colectivo subrayó que su labor ha sido fundamental para el mantenimiento del servicio público de justicia, por lo que reclaman un reconocimiento adecuado de su situación profesional.

La reunión sirvió para establecer un diálogo constructivo entre la administración y los representantes de estos colectivos, que seguirán trabajando para lograr una solución satisfactoria a su situación laboral.

Los asistentes acordaron mantener abiertos los canales de comunicación para realizar un seguimiento de la tramitación del Proyecto de Ley y las posibles modificaciones que se introduzcan durante el proceso parlamentario.

Las asociaciones valoraron positivamente la predisposición mostrada por el Ministerio de Justicia para abordar sus demandas y confían en que el texto final recoja sus principales reivindicaciones.