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La firma

Los recursos en el arbitraje



Una de las críticas que frecuentemente recibe el arbitraje es la inexistencia de recursos contra el laudo dictado por el tribunal arbitral. Es cierto que, como regla general, el procedimiento arbitral se diferencia del judicial, entre otras cosas, por la inexistencia de un sistema de recursos ordinarios (la reposición y la apelación) o extraordinarios (la casación y la infracción procesal, fundamentalmente). También es justo destacar que esa ausencia permite una mayor rapidez en la existencia de una decisión firme y esa es una de las ventajas por las que los operadores económicos se decantan por introducir la cláusula de sometimiento a arbitraje en sus contratos. Lo que no es totalmente cierto es que en el arbitraje no existan recursos.

No son recursos propiamente dichos las solicitudes de corrección, aclaración, complemento y extralimitación del laudo que menciona la Ley de arbitraje (art. 39), aunque son instrumentos útiles para corregir o mejorar el laudo.

Tampoco es un recurso, técnicamente hablando, la anulación. De hecho, la Ley de arbitraje de 2003 lo denomina acción de anulación en su artículo 40. La Exposición de Motivos de la Ley 60/2003 lo explica:





Respecto de la anulación, se evita la expresión “recurso”, por resultar técnicamente incorrecta. Lo que se inicia con la acción de anulación es un proceso de impugnación de la validez del laudo. Se sigue partiendo de la base de que los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los laudos”.





En este sentido es oportuno recordar la clarificadora sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 2020 que reafirma que esta vía “es únicamente posible por motivos formales… con la consiguiente falta de control judicial sobre la cuestión de fondo” y que “el órgano judicial no puede, con la excusa de una pretendida vulneración del orden público, revisar el fondo de un asunto sometido a arbitraje”. Quien pretenda usar o entender la anulación como un recurso de apelación para reexaminar cualquier cuestión abordada en el laudo se equivoca.

La Ley de arbitraje (art. 43) también menciona la revisión del laudo y se remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil  (LEC) a tal efecto (arts. 509 a 516), lo que significa que un laudo se puede dejar sin efecto en los cinco años siguientes a la emisión del laudo siempre que no hayan transcurrido tres meses desde el día en que se descubrieran los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude que hubiera hecho ganar injustamente el laudo o en que se hubiera reconocido o declarado la falsedad de documentos, declaraciones testificales o periciales que hubieran servido de fundamento al laudo.

En el arbitraje no existe el recurso de reposición, es decir, el que se plantea ante el autor de la decisión impugnada, pero es práctica habitual solicitar la reconsideración de las resoluciones cuando no se comparten o se consideran vulneradoras de los derechos de las partes a la igualdad, la audiencia y la contradicción. Además, se plantean con total libertad, sin tener que citar el precepto vulnerado como exige la LEC.

Sin embargo, hay casos en que se establecen auténticos recursos o fórmulas que cumplen esa función. El Reglamento de Arbitraje del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) incluye la impugnación opcional del laudo (art. 56), un mecanismo que ya existía con diferentes rasgos en los reglamentos de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) y de la Corte Española de Arbitraje (CEA), dos de las instituciones fundadoras de CIAM que ahora se centran en el arbitraje nacional mientras que el nuevo Centro tiene como ámbito de actuación el arbitraje internacional.  El mecanismo diseñado por el Reglamento de CIAM parte de la base de que es voluntario, solo opera cuando las partes acuerdan su utilización en el convenio arbitral o en cualquier momento posterior. Solo cabe usarlo contra el laudo final.

No es tampoco un recurso ordinario porque los motivos que permiten activar esta herramienta son limitados, pero abarcan tanto las cuestiones de fondo como las de prueba. Se exigen dos requisitos. El primero consiste en que solo podrá fundarse en una infracción manifiesta de las normas jurídicas sustantivas aplicables o en un error grosero en la apreciación de las pruebas. El segundo es que una u otro hayan sido determinantes para el fallo.

Los plazos son necesariamente breves: diez días para anunciar su intención de impugnar el laudo a contar desde su notificación o la resolución complementaria sobre corrección, aclaración, complemento o rectificación de la extralimitación del laudo, y veinte días a contar desde la misma fecha para presentar el escrito de impugnación. El procedimiento es muy sencillo porque solo tiene, como regla general, un trámite de oposición y de ahí se pasa a resolver la impugnación. Excepcionalmente cabrá la práctica de prueba y una comparecencia de las partes en relación con ella.

El tribunal que resuelve esta impugnación se nombra de la forma habitual: cada una de las partes designará a un árbitro y éstos al árbitro presidente. Si no alcanzan un acuerdo en este sentido será CIAM quien nombre al presidente. Las facultades del tribunal son muy amplias porque puede confirmar o modificar el laudo, incluida su parte dispositiva, además de pronunciarse sobre costas. Aquí vemos una gran diferencia con la anulación porque en esta vía la sentencia que se dicta puede anular el laudo pero no puede modificar el contenido del laudo ni su parte dispositiva.

El otro dato que merece la pena destacar es el engarce de la impugnación opcional del laudo con la anulación. Dos son las características que merece la pena destacar. Por una parte, que aquélla no impide ejercitar ésta. Por otra, que la parte impugnante del laudo, al anunciar su intención de impugnar, tiene que manifestar su expresa renuncia a ejercitar la acción de anulación ante los tribunales de justicia competentes en tanto la impugnación no se resuelva.

En suma, estamos ante una posibilidad que CIAM ha considerado oportuno ofrecer en el arbitraje internacional a la vista de que no eran pocos los usuarios que reclamaban una opción de recurso arbitral, limitado pero que permitiera corregir errores gruesos de un laudo. El tiempo nos dirá si es un mecanismo que ayuda a reforzar al arbitraje.

Sobre el autor: José Antonio Caínzos, presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM)
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