Marchena dialoga con Ribón en el ICAM: “Una sociedad no puede sobrevivir sin confiar en los jueces”, afirma

El gran problema de la justicia es su falta de credibilidad ante las distintas situaciones que se están viviendo en esos momentos. Ese fue el diagnóstico del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en el diálogo que mantuvo con Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), en la presentación de su libro La Justicia amenazada, uno de los más leídos en estos momentos según su editorial, Espasa Calpe.

Para sobrepasarse a esta cuestión de que la sociedad no confíe en los jueces, Marchena planteó tres cuestiones a implementar de forma simultánea, como serían “evitar que la acción popular sea gestionada por los partidos políticos y sindicatos, lo que haría un daño importante a esta figura”.

Junto a este elemento comentó que sería importante que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE) crean en su grandeza constitucional y establezcan mecanismos para consolidarla. Por último, habría que establecer “una reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para que los vocales del CGPJ y magistrados del Constitucional fueran cesados al cumplir su mandato y así evitar prórrogas innecesarias que se politizan luego”.

En un auditórium en el que no había ninguna butaca libre, la expectación fue máxima. Allí estuvo presente una parte importante de la Junta de Gobierno del ICAM, con la vicedecana Isabel Winkels y los diputados José Ramón Couso y Lola Fernández, que hicieron de anfitriones a los asistentes, como fueron los casos de Pilar Jiménez (vocal del CGPJ), María Emilia Adán (decana del Colegio de Registradores), Juan Pablo Quintana (presidente de la Audiencia Provincial de Madrid), Salvador González (presidente del Consejo General de la Abogacía Española), Encarna Orduna y Cristina Llop (secretaria general y tesorera del CGAE, respectivamente).

Entre los abogados asistentes se encontraban los penalistas Luis Rodríguez Ramos, este exvicedecano del ICAM y catedrático de Derecho Penal, y Marcos García Montes, que asentían con la cabeza cuando les preguntamos si la justicia estaba amenazada. También estaban abogados fiscalistas, como Nuria Puebla, que comentaba la sentencia de la Audiencia Nacional que este lunes se conocía y que absolvía a la actriz Ana Duato de un posible delito fiscal, imponiendo a su asesor fiscal la friolera de 80 años.

Por su parte, los abogados laboralistas Jesús Domingo, socio de Alliantia, e Ignacio Sempere, of counsel en BDO Abogados, confesaban haberse leído el libro de Marchena de un tirón por la excelente prosa del jurista canario. Un libro que ayuda a conocer el Derecho penal a otros interlocutores, incluso no jurídicos. Lupicinio Rodríguez, socio director del bufete de que lleva el mismo nombre, fue uno de los asistentes que coincidía con Marchena en que nuestro país vive un momento complicado, mismo criterio que comparte Manuel Martínez de León, experto en arbitraje.

Manuel Marchena ha sido muy claro con los problemas de la Justicia: «Es un problema la falta de credibilidad que sufre la Justicia ante las descalificaciones». (Imagen: E&J)

Una justicia que se resquebraja

A lo largo de la conversación entre Marchena y Ribón fueron hablando de distintas cuestiones que vienen detalladas en esta obra escrita por el magistrado de la Sala Penal del Supremo. El primer tema que se abordó tuvo que ver con las amenazas actuales de la justicia.

Sobre esta cuestión el propio magistrado confesó que en los inicios de su carrera profesional fue abogado “dos años de muchas satisfacciones” y que el principal problema que veía relacionado con la justicia es su falta de credibilidad: “Hay que resolver esta cuestión porque una sociedad no puede sobrevivir sin confiar en sus jueces”.

En su opinión todas las descalificaciones que se hacen sobre algunos jueces son preocupantes y minan esa credibilidad. “Son comentarios que llegan a Europa donde también están preocupados por la situación que vivimos”. A su juicio, la situación actual, que no invita al optimismo,  pasa porque cada operador jurídico y poder del Estado haga su trabajo sin solaparse con el otro. También considera que es importante tener más en cuenta la Comisión de Codificación y los dictámenes de las instituciones a la hora de configurar nuevas normas.

Sobre la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal,  Marchena fue muy claro: abordar ahora una reforma estructural de la Justicia sería un error.“ No pueden realizarse reformas estructurales en el Ministerio Fiscal con prisas y sin acuerdo de las principales fuerzas políticas. No es el momento. Son decisiones que afectan a la arquitectura del sistema y no pueden tomarse sin acuerdo”, advirtió. En su opinión, el contexto actual no es propicio para ese tipo de pactos”

Durante la presentación, el que fuera presidente de la Sala Penal del Alto Tribunal hasta hace unos meses ha afirmado que “el problema del Ministerio Fiscal no es un problema de ahora. He trabajado con cuatro fiscal generales diferentes. El cargo del fiscal general está sometido a una presión histórica. Tenemos un problema de cultura jurídica”.

En su opinión, “sobre el modelo en el que los fiscales puedan asumir la investigación, hay que decir que ningún modelo es bueno. Aunque lo cambiásemos, seguirán las suspicacias. El juicio sobre las decisiones que toma un fiscal general u otro está marcado por su talante personal”.

Marchena ha debatido sobre sus tesis sobre ‘La justicia amenazada’ que recoge en este libro editado por Espasa Calpe. (Imagen: E&J)

Más medios contra la violencia de género

En materia de violencia machista, Marchena reconoce avances significativos: “Se ha hecho muchísimo y se ha roto la indiferencia social”. No obstante, ha matizado que persiste una “confianza mágica en las soluciones normativas” y subrayó la necesidad de ampliar los recursos asistenciales a las víctimas, así como reforzar la educación en el respeto a la mujer desde edades tempranas. “Muchos chavales no están concienciados ni educados en la dignidad de la mujer”, lamentó.

En cuanto a la acción popular —una figura singular del ordenamiento español—recordó su valor constitucional, pero ha criticado que los partidos la utilicen como prolongación del combate político. En su opinión,  habría que modificar el acceso a los procesos judiciales de los partidos políticos y de las asociaciones.

Para Marchena los partidos llevan la disputa política al mundo judicial: “El daño que se está haciendo es irreparable. Habría que modificar la ley. Si se trata de excluir a los sindicatos y partidos, habría que modificarlo mañana. Pero lo que no puede ser es la que acusación popular que reducido a un apéndice adhesivo al Ministerio Fiscal que impediría sacar adelante un procedimiento si la Fiscalía no acusa. Esto supondría un retroceso del modelo constitucional de la acusación popular”.

Respecto a los aforamientos, el magistrado del Supremo ha afirmado que “se nos ha ido la mano. Un cargo no está vestido si no estás aforado. Esto es un error. Los únicos aforamientos que estarían justificados son los constitucionales y el aforamiento regio”.

“Yo reduciría significativamente el número de aforados. En todos los casos que hemos podidos juzgar aforados se han quejado de estar en desventaja porque no tienen recurso de apelación”. En este sentido resaltó lo paradójico que significa que luego los condenados planteen ante el TJUE que no tienen doble instancia: “Tenemos un desafío con los aforamientos y los responsables políticos tendrían que empezar a plantearse este debate sobre si son necesarios”.

Por último, Marchena se ha referido al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Según este magistrado, “es tremendamente injusto cuestionar el papel del Gobierno de los jueces. Todos deberíamos mimar al CGPJ, la alternativa es inimaginable en España. En aquellos países en los que no hay CGPJ, los vocales los designa el ministro de Justicia como en Francia y Portugal, países de nuestro entorno”.

A su juicio, el propio CGPJ es una institución que está en la permanente tensión con el poder político. “Hay motivo para la esperanza. Después de esa parálisis, poco a poco con dificultades la planta judicial empieza a estar cubierta. Si se va a un cambio a la designación, que surja de una propuesta unánime del Consejo. Lo que hay que hacer es que todos nos creamos lo que es el modelo constitucional. El modelo de Isabel Perelló es una excepción”, concluía.