Meta acuerda pagar 17.000 millones de dólares en juicio por adicción juvenil
La conciliación es una advertencia para todo el sector y obliga a Facebook e Instagram a limitar el tiempo de uso y modificar funciones adictivas
(Imagen: E&J)
Meta acuerda pagar 17.000 millones de dólares en juicio por adicción juvenil
La conciliación es una advertencia para todo el sector y obliga a Facebook e Instagram a limitar el tiempo de uso y modificar funciones adictivas
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Meta, la gigante tecnológica de Mark Zuckerberg, llegó a un acuerdo histórico para dar por cerrado un juicio sobre fomento a la adicción de menores a las redes sociales. La cifra de 17.000 millones de dólares (aproximadamente 14.583 millones de euros) zanjó la cuestión judicial, pero obligará a cambios fundamentales en Facebook e Instagram y suena las alarmas para el sector en conjunto. Los argumentos de la acusación recordaron los sonados procesos de finales de la década de 1990 contra las grandes tabacaleras estadounidenses.
El 18 de agosto de 2026, el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California abría la vista oral de una demanda colectiva sin precedentes. Un total de 51 fiscales generales de Estados Unidos, encabezados por el californiano Rob Bonta, acusaron a Meta Platforms de diseñar deliberadamente funciones adictivas en Instagram y Facebook que dañaban la salud mental de niños y adolescentes. Ocho días después, la tecnológica de Zuckerberg preferió pactar antes que esperar un veredicto.
Un acuerdo masivo y transformador
El acuerdo de consentimiento, sujeto a homologación judicial, prevé el desembolso de hasta 17.000 millones de dólares en diez años. Además, conllevan una batería de ajustes estructurales que cambiarán la arquitectura de las dos redes sociales más populares del planeta. “Meta ha acordado hacer transformaciones masivas que reducirán el riesgo de daño de sus plataformas, y lo harán en cuestión de meses”, dijo el fiscal Bonta luego de hacerse público el acuerdo.
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El hecho, en su dimensión económica, ya es histórico. California sola recibirá entre 1.500 y 2.100 millones de dólares (1.287 y 1.802 millones de euros), mientras el resto de los estados se repartirá los fondos destinados, según el acuerdo, a programas de prevención y remediación de daños a la salud mental de menores. Pero lo verdaderamente disruptivo no está en la cifra, sino en las medidas de conducta que Meta ha aceptado implementar en un plazo corto.
Protección a los menores
Según el comunicado oficial, los usuarios menores de 18 años verán reducido su tiempo diario de navegación a dos horas por defecto y una sola hora si otras plataformas siguen el mismo estándar. Esto incluye un bloqueo nocturno entre la medianoche y las seis de la mañana que solo los padres podrán levantar. Las notificaciones quedarán silenciadas de diez de la noche a siete de la mañana y durante el horario escolar. También desaparecerán los contadores públicos de likes para menores. Se prohibirán los filtros de cirugía estética y se ofrecerá un feed cronológico no personalizado como alternativa al algoritmo de scroll infinito. Un auditor independiente con acceso expansivo a la información interna supervisará el cumplimiento y podrá elevar incidencias directamente a los fiscales.
Impacto en el sector
“Finalmente, Meta estará sujeta a una orden judicial que le prohibirá realizar más declaraciones falsas, engañosas o fraudulentas sobre sus características de seguridad”, señala el comunicado oficial.
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Para el sector tecnológico y para los usuarios, el acuerdo casi puede entenderse como una sentencia arbitral contra el modelo de negocio de la economía de la atención. La cláusula escalatoria es especialmente relevante. Si otras plataformas, como TikTok, Snapchat o YouTube, se niegan a adoptar términos similares, Meta mantendrá el límite de dos horas; pero si la competencia accede, el techo baja a una hora y el bloqueo nocturno se extiende desde las diez de la noche hasta las siete de la mañana. Es decir, el pacto no solo castiga a Meta, sino que presiona a toda la industria a negociar un nuevo estándar de diseño digital. Para Bruselas, donde la Comisión Europea ya investiga a la compañía por prácticas adictivas bajo el Acta de Servicios Digitales, este acuerdo estadounidense funciona como un laboratorio normativo: lo que California impone por vía civil hoy, la UE podría exigir mañana por vía administrativa.
El argumento de la demanda
El núcleo probatorio de la demanda descansa en un testigo que conoce los entresijos de la plataforma porque los construyó. Arturo Béjar, ingeniero informático mexicano, trabajó en Facebook entre 2009 y 2015 y regresó como consultor del equipo de Bienestar de Instagram hasta 2021. Su credibilidad técnica es inatacable, pero su testimonio adquiere dimensión personal cuando revela que su hija, entonces de catorce años, sufrió acoso misógino y avances sexuales no solicitados en Instagram sin que la plataforma respondiera. En 2021, Béjar redactó una nota de dos páginas dirigida a Zuckerberg, Sheryl Sandberg y Adam Mosseri denunciando una “brecha crítica” entre las métricas internas de Meta y la experiencia real de los adolescentes. La respuesta fue protocolaria; la acción, inexistente.
Durante el juicio, Béjar citó datos la encuesta interna denominada BEEF, que él mismo había diseñado y que sondeó a cerca de 238.000 usuarios de Instagram sobre 22 categorías de daño. Los resultados, presentados ante el jurado, mostraron que entre los adolescentes de 13 a 15 años el 27% había sido testigo de bullying en la última semana, el 21% reportó comparaciones sociales negativas, el 13% recibió avances sexuales no deseados y un 8,4% estuvo expuesto a contenido de autolesión. La fiscalía subrayó además que uno de cada cinco adolescentes dijo sentirse peor consigo mismo tras usar la aplicación; un dato que Meta intentó matizar señalando que, en el mismo documento, un 41% reportó sentimientos positivos.
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En su testimonio, Béjar calificó el scroll infinito, los contadores de likes y la reproducción automática de vídeo como funciones «inherentemente inseguras para adolescentes». Utilizó una metáfora demoledora: comparó las herramientas de seguridad optativas de Meta con una bolsa de aire que el conductor debe activar manualmente cada vez que arranca su movilidad. “La mayoría de la gente no lo hará”, advirtió. Además, desmintió directamente a Zuckerberg, quien en 2021 había negado que la compañía priorizara los beneficios sobre la seguridad. “Basado en mi experiencia en Meta, esa no es una afirmación precisa”, declaró ante el jurado.
Una estrategia jurídica demostrada
La estrategia procesal desplegada por los fiscales generales evoca inevitablemente el histórico acuerdo que en 1998 obligó a las grandes tabacaleras a pagar 206.000 millones de dólares (176.740 millones de euros) a 46 estados por ocultar los riesgos de fumar. Entonces, como ahora, una coalición multijurisdiccional impuso a una industria el coste de los daños públicos que había externalizado. La clave probatoria residió en documentos internos que demostraban conocimiento previo y engaño sistemático. El argumento se reitera hoy.
Una estrategia corporativa de 2018 declaraba sin ambages que “si queremos ganar con los adolescentes, debemos traerlos como preadolescentes”. Meta sabía que cuanto antes empieza alguien a usar la plataforma, más probable es que se quede y genere ingresos, pese a que su propia normativa exige trece años para abrir una cuenta.
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Antes de este acuerdo, dos veredictos estatales ya habían roto el dique. En marzo, un jurado de Los Ángeles condenó a Meta y YouTube a seis millones de dólares (5.147.640 euros) por daños a una menor. Un tribunal de Nuevo México impuso otra sanción de 375 millones de dólares (321,75 millones de euros). El patrón es idéntico al del tabaco: veredictos locales que presionan un acuerdo global.
El algoritmo en entredicho
Sin embargo, la analogía tiene un límite que corresponde señalar. Mientras que el tabaco ejerce una adicción farmacológica, las redes sociales operan sobre vulnerabilidades conductuales explotadas por el diseño de interfaz. Meta ha defendido que la ciencia de la “adicción a las redes sociales” es menos consolidada que la de la nicotina. Argumentó también que las restricciones al algoritmo pueden topar con el muro de la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión en Estados Unidos. El acuerdo aún no es definitivo y está sujeto a la aprobación del juez del Distrito Norte de California. Si el tribunal lo homologa, habrá sentado un precedente fáctico cuyo alcance rebasa fronteras nacionales.
Para los abogados españoles que siguen la aplicación del Acta de Servicios Digitales y la reciente creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), hay un mensaje: el diseño algorítmico ya no es una cuestión de ética tecnológica, sino potencialmente una obligación jurídica exigible. Es altamente relevante que una empresa tecnológica enorme haya tenido que aceptar que sus productos pueden ser tan dañinos como adictivos.
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