Nace Derechos al Futuro, un movimiento que quiere que la tecnología esté al servicio de las personas

Más de 20 instituciones académicas, sociales y empresariales impulsan Derechos al Futuro, un movimiento ciudadano que busca situar la dignidad de las personas y los valores democráticos en el corazón de la transformación digital. Se trata de que el progreso proteja los derechos de las personas y proteja sus libertades en un entorno global de cambio como el que vivimos.

Su objetivo es garantizar que la innovación tecnológica avance con equidad, ética y responsabilidad, construyendo un futuro digital inclusivo, justo y al servicio de la ciudadanía. “No es utopía, es un derecho”, señalan sus organizadores que apuestan por una tecnología competitiva capaz de unir en el mismo entorno innovación y ética.

El movimiento comienza con un Manifiesto abierto a la adhesión de personas, empresas e instituciones. Las entidades que forman parte de esta causa han asumido el compromiso de asegurar que el progreso tecnológico no deje a nadie atrás y que la digitalización se desarrolle bajo los principios del Estado de derecho, la dignidad humana, la autonomía individual y los valores éticos compartidos.

En dicho Manifiesto se indica que “sumarse a esta iniciativa es decir sí a un futuro en el que la tecnología sirva al bienestar colectivo. Es defender no solo los derechos propios, sino los de toda la sociedad. Porque cuando unimos voluntades—personas, empresas e instituciones—, es posible transformar el presente en un legado de justicia y equidad”.

En un momento en el que la tecnología redefine nuestra forma de vivir, aprender y trabajar, los promotores de este movimiento advierten que los derechos que nos protegen en el mundo físico no están aún garantizados en el entorno digital. “El futuro no espera: es hoy cuando se construyen las bases de una sociedad digital justa, inclusiva y humana”, recuerdan desde la iniciativa.

Un movimiento abierto, no institucional

Derechos al Futuro nace en el marco del Observatorio de Derechos Digitales (ODD), que se presentó hace unos meses, una iniciativa pionera en España que reúne a entidades académicas, sociales y tecnológicas para trabajar de forma conjunta en la defensa de los derechos en la era digital y en la promoción de un desarrollo tecnológico justo, inclusivo y responsable.

A partir de este ecosistema surge Derechos al Futuro, que se define como descentralizado, transversal y apartidista, orientado a movilizar a la ciudadanía y a las organizaciones hacia un cambio cultural de fondo.

Luisa Alli, cabeza visible de este movimiento de la sociedad civil que agrupa a una veintena de entidades civiles y académicas. (Imagen: Derechos al Futuro)

Según Luisa Alli, directora general de la Fundación Hermes y coordinadora del Observatorio de Derechos Digitales, “la digitalización no puede estar desligada de los principios democráticos. Derechos al Futuro es un llamamiento colectivo a garantizar que los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en la legislación europea se ejerzan también en el mundo digital. Solo así podremos hablar de un progreso tecnológico verdaderamente humano”.

Para esta experta “apostar por este movimiento es hacerlo para tener un mejor mundo digital. Un entorno donde mis datos estén protegidos permanentemente; donde no unos pocos se estén enriqueciendo con ellos. Un contexto en el que no debo perder mis derechos solo por encender un teléfono móvil. Este movimiento, Derechos al Futuro, busca un futuro y un presente digital inclusivo y justo. Queremos que la digitalización no deje a nadie atrás y que se haga de una manera donde las personas estén en el centro de cualquier desarrollo tecnológico”.

Al mismo tiempo subraya “que queremos lograr que las instituciones nos aseguren y garanticen que nuestro sistema de derechos en el mundo físico es equitativo al que vamos a tener en el mundo digital. Es importante unirse a este movimiento porque una ciudadanía informada es una ciudadanía responsable. Este cambio tan necesario en la sociedad empieza contigo y conmigo. Lo que sabemos y estamos viendo es que el futuro no espera y que los cambios son vertiginosos. Por eso ahora es el momento ideal para tomar decisiones para construir la sociedad que queremos”.

Amplio respaldo inicial

En su lanzamiento, más de 20 instituciones académicas, sociales y empresariales han respaldado esta iniciativa, entre ellas la Asociación Europea para la Transición Digital, el Comité Español de Representantes de  las Personas con Discapacidad (CERMI), eCivis, Ethosfera, Fundación Atresmedia, Fundación Diario de Navarra, Fundación Hazloposible, Fundación Hiberus, Fundación Instituto Hermes, Fundación la Caixa, Fundación Mobile World Capital, Fundación ONCE, Fundación para la Repoblación Sostenible, Fundación Telefónica, Galería Blanca Soto, Good Rebels, La Propagadora, Libelium, Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (ODISEIA), Red.es, Red Points, Singularity Experts SL, TRIVU, Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga, Universidad de Comillas, Universidad de Navarra, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad San Pablo CEU, Universitat de València Estudi y Women 4 Cyber Spain.

“Sumarnos a Derechos al Futuro es dar un paso decidido para impulsar una ciudadanía digital crítica, responsable y consciente de sus derechos. No se trata solo de tecnología, sino de cómo ésta puede servir al bien común y al bienestar humano”, señala José María Lasalle, profesor de Filosofía del Derecho en ICADE y exsecretario de Estado de Agenda Digital.

El Observatorio de Derechos Digitales se creó hace un año con cuatro ministerios implicados. (Imagen: Observatorio de Derechos Digitales)

Referentes que ya se han sumado

El movimiento Derechos al Futuro cuenta también con la adhesión personal de profesionales y académicos de gran prestigio. Entre ellos figuran Noelia Amoedo (emprendedora digital y fundadora de Mediasmart), Alicia Asín (CEO de Libelium), Luisa Alli (directora general de la Fundación Hermes), Beatriz Escriña (subdirectora general de la Fundación Hermes), Enrique Goñi (presidente de la Fundación Hermes), Elena Ibáñez (fundadora de Singularity Experts), Paloma Llaneza (abogada y CEO de Razona Legaltech), José María Lasalle (profesor de Filosofía del Derecho en ICADE), Carlos López Blanco (presidente de la Fundación ESYS), Juan Moscoso del Prado (senior fellow en EsadeGeo),

María Moya (CEO en Prodigioso Volcán), Antonio Ortiz (analista tecnológico y fundador de Error500), Alex Romero (CEO y fundador de Alto Intelligence), Mercedes Siles (catedrática de Álgebra en la Universidad de Málaga), María Luz Rodríguez (catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la UCLM), Txema Valenzuela (socio fundador de La Propagadora) y Luis Villa (consultor de estrategia digital en Propelland), entre otros. Todos ellos aportan la diversidad y pluralidad de miradas necesarias para situar los derechos en el centro del debate digital.

Aunado a ello, distintos creadores de contenido digital especializados en ámbitos variados como la tecnología, el derecho, la educación y crianza, entre otros, se han unido a Derechos al Futuro, con el fin de acercar los derechos digitales a la sociedad civil.

“Los creadores de contenido tenemos la oportunidad y la responsabilidad de acercar estas conversaciones a la gente joven. Derechos al Futuro es una invitación a usar la tecnología con ética, creatividad y conciencia”, añade Rodrigo Taramona, creador de contenido divulgador y conferenciante que colabora con la campaña.

El futuro digital será el reflejo de las decisiones que tomemos hoy. Por eso, el movimiento invita a todas las personas y organizaciones a adherirse al manifiesto disponible en www.derechosalfuturo.es y a sumar su voz en la construcción de un futuro más justo, seguro y equitativo

Esta acción se enmarca en el Convenio suscrito entre Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y diversas entidades colaboradoras para el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos NextGenerationEU.