Natalia Otero, CEO de Fórmula Legal: «Necesitamos Colegios de Abogados que realmente tutelen el ejercicio profesional, no que generen más incertidumbre»

Natalia Otero, CEO de Fórmula Legal, ha compartido con Economist & Jurist su análisis sobre reformas clave como la instrucción por parte del Ministerio Fiscal, el modelo de acceso a la carrera judicial, el papel de la mediación o el funcionamiento de los colegios profesionales.

Economist & Jurist (E&J): ¿Qué le parece que los fiscales gestionen la instrucción de los procedimientos?

Natalia Otero (N.O.): Esta propuesta plantea serias dudas desde la perspectiva constitucional. El artículo 117.3 de la Constitución establece que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a juzgados y tribunales. Confiar la instrucción al Ministerio Fiscal, que según el artículo 124 CE «actúa conforme a los principios de legalidad e imparcialidad», pero que orgánicamente depende del Ejecutivo, podría comprometer la percepción de imparcialidad del proceso.

La experiencia comparada muestra resultados mixtos. En Francia funciona, pero su tradición jurídica es diferente. Aquí tendríamos el riesgo de que el mismo órgano que acusa también investigue, lo que genera problemas de contradicción procesal que nuestro sistema, basado en la separación de funciones, ha tratado históricamente de evitar.

E&J: ¿Cuál es su visión de que se habiliten nuevas vías de acceso a la carrera judicial sin superar oposiciones?

N.O.: El sistema de oposiciones, pese a sus defectos, garantiza un estándar de conocimiento técnico y una igualdad de acceso que otras vías podrían comprometer. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido clara sobre los principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública (STC 193/1987, de 9 de diciembre). Sin embargo, sería hipócrita negar que necesitamos diversificar perfiles. El problema es cómo hacerlo sin crear agravios comparativos. Si queremos jueces especializados en derecho financiero o nuevas tecnologías, quizás la solución pase por una formación continua más robusta y sistemas de especialización post-acceso, no por «atajos» en el ingreso. La calidad de la justicia la percibe directamente el justiciable. Cualquier reforma debe preguntarse: ¿esto mejora realmente el servicio judicial?

E&J: ¿Qué opina del modelo de mediación obligatoria de la actual normativa?

N.O.: La mediación obligatoria es un oxímoron jurídico. La Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo, sobre mediación civil y mercantil insiste en el carácter voluntario como elemento esencial. Convertirla en requisito de procedibilidad la desnaturaliza. Además, genera efectos perversos: saturación de los Letrados de la Administración de Justicia, dilación de procesos urgentes y, lo más grave, puede implicar renuncias no deseadas a derechos por presión del sistema.

En asuntos patrimoniales, cuando una parte necesita una actuación rápida, la mediación previa se convierte en un obstáculo para la tutela judicial efectiva. Si hay riesgo de que el deudor transfiera fondos, cada día perdido en mediación puede significar que el dinero desaparezca, si una parte pretende vender un bien para frustrar la ejecución, el tiempo de la mediación puede hacer que la venta ya se haya consumado y si existe riesgo de destrucción de documentos o evidencias, la demora puede hacer que las pruebas se pierdan irreversiblemente. Es más marketing judicial que solución real. Las estadísticas dirán que se redujo la litigiosidad, pero no dirán cuántos derechos se sacrificaron en el proceso.

E&J: ¿Le parece bien la función que realiza su Colegio de la Abogacía?

N.O.: Los Colegios atraviesan una crisis de identidad entre su función deontológica y su papel gremial. En el ámbito de honorarios profesionales, la situación es especialmente contradictoria. El mismo Colegio que establece criterios orientativos de minutación emite después informes desfavorables aplicando estándares diferentes a casos similares. Esto genera inseguridad jurídica para el letrado, que no sabe a qué atenerse.

La ausencia de baremos vinculantes (por restricciones de la CNMC) deja al abogado en tierra de nadie: o acepta lo que quiere pagar la parte condenada en costas, o se arriesga a un incidente con resultado incierto y costas en contra. Necesitamos Colegios que realmente tutelen el ejercicio profesional, no que generen más incertidumbre. La función disciplinaria debe ir acompañada de una verdadera defensa corporativa ante abusos del sistema.

E&J: ¿Cómo ve, en general, la judicatura española?

N.O.: La judicatura española mantiene un nivel técnico notable, comparable a las mejores de Europa. El problema no es la calidad, sino las condiciones de ejercicio: sobrecarga procesal, medios limitados y presión mediática constante. Un juez que debe resolver 2.000 asuntos anuales no puede dedicar a cada caso la atención que merece. La digitalización ha ayudado, pero no resuelve el problema de fondo: necesitamos más juzgados y más recursos.

Preocupa, además, la erosión del respeto institucional. Criticar resoluciones judiciales es legítimo y necesario, pero convertir a los jueces en objetivo político continuo daña la independencia judicial y, por ende, el Estado de Derecho. La carrera judicial necesita reformas, pero desde el respeto a su función constitucional, no desde la confrontación política.

N.O.: La fiscalía española enfrenta el eterno dilema de su posición institucional: dependiente del Ejecutivo pero garante de la legalidad. Esta tensión estructural se ha agudizado en los últimos años. El fiscal de base mantiene criterios técnicos sólidos y actúa con profesionalidad. El problema surge en los niveles superiores, donde las decisiones pueden percibirse como influidas por consideraciones políticas.
La reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre) debería abordar esta ambigüedad, reforzando la independencia funcional sin romper la unidad de actuación. Otros países europeos han encontrado fórmulas de equilibrio que preservan tanto la coherencia institucional como la autonomía técnica.

El prestigio de la institución se resiente cuando surgen dudas sobre la imparcialidad de ciertas decisiones. La fiscalía necesita recuperar la confianza ciudadana demostrando que la legalidad está por encima de cualquier consideración política.