Pese al amplio seguimiento de la primera jornada de huelga, Justicia solo ofrece cambios cosméticos a sus reformas

Las asociaciones judiciales y fiscales convocantes de la huelga, que se prolongará hasta el 3 de julio, informaron este martes, en un encuentro con los medios informativos, que, con la debida cautela propia del momento provisional, el seguimiento de la huelga en este primer día alcanzó aproximadamente el 75 %.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), uno de sus portavoces y miembro del Comité de Huelga, Alejandro González Mariscal de Gante, en declaraciones a RNE, critica la actitud del Gobierno ante las protestas. Asegura que el Ministerio de Justicia «ha ofrecido un cambio en la ley, respeta las movilizaciones y las medidas que adoptemos», pero Mariscal lamenta que «le resultan indiferentes, ya que ofrece exclusivamente reformas cosméticas».

Añade, además, que «la realidad es que lo único que observamos es que el Ministerio no tiene ninguna voluntad de diálogo, como ha demostrado durante mucho tiempo», y concluye que «lo que buscan es reducir la inversión, incrementar la carga de trabajo, no piensan en quienes integran la carrera e introducen reformas que afectan a los derechos de los ciudadanos».

Según adelantaba la cadena SER y ha confirmado este medio, el PSOE ha presentado una enmienda al proyecto de reforma para el acceso a la carrera judicial que modifica las condiciones para que los jueces sustitutos puedan conseguir una plaza fija. El proyecto de ley establecía que podría participar cualquier licenciado en Derecho con cinco años «de ejercicio profesional».

Ahora, los socialistas restringen el acceso al examen a quienes acrediten tener al menos cinco años «de ejercicio en profesiones jurídicas que exijan para su desempeño estar en disposición» de la licenciatura o el grado en Derecho, «y que tengan encomendadas funciones jurisdiccionales o de actuación ante juzgados o tribunales», como jueces y fiscales sustitutos, abogados o procuradores. Habrá que estar pendiente de si se aprueba dicha enmienda.

Esta estimación del seguimiento se basa en los correos electrónicos recibidos de compañeros y compañeras que, de forma voluntaria y confidencial, han comunicado su decisión de secundar la huelga. También han tenido en cuenta la información facilitada por decanatos de las principales ciudades, cuyos titulares pertenecen a asociaciones convocantes, y el cálculo aproximado de los jueces y fiscales que actualmente se encuentran de vacaciones, en permisos, de baja o en situación de servicios especiales, y que, por tanto, no computan como ejercientes activos.

En resumen, estiman que 3 de cada 4 jueces y fiscales en servicio activo han secundado la huelga, lo que permite calificar esta primera jornada de movilización como un éxito rotundo. Más allá de la estimación que hacen los convocantes, que han calificado la protesta «de éxito rotundo», no hay datos oficiales porque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no está recogiendo, ya que no reconoce la convocatoria.

El Ministerio de Justicia tampoco ha recibido los datos de seguimiento que había pedido al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado, y recuerda que la cifra que dan las asociaciones no es oficial. Además, apunta que durante la jornada «ha habido normalidad casi absoluta en los tribunales y fiscalías» de toda España.

Por último, desde Justicia señalan «la necesidad de una reforma que moderniza las carreras judicial y fiscal por primera vez en 40 años y que, básicamente, blinda por ley las becas para opositores; incorpora un examen escrito en las oposiciones para medir más habilidades, además de las memorísticas; y establece un proceso de estabilización para juezas y fiscales sustitutas —la mayoría son mujeres— para acabar con la precariedad y cumplir con las exigencias de la Unión Europea».

Salvador González en una foto de archivo en una jornada sobre los MASC, cree que la huelga va a generar muchos problemas a los abogados (Imagen: Abogacía española)

La abogacía institucional se teme lo peor

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española ha manifestado que los daños provocados por el primer día de paro de jueces y fiscales son ya «daños incuestionables», indicando que las «decenas de miles de asuntos afectados ya no se resolverán durante 2025». Por esta razón, ha hecho un llamado a respetar los servicios mínimos y a reanudar el diálogo entre las asociaciones convocantes y el Gobierno para «poner fin al conflicto».

«No contamos con cifras oficiales del seguimiento de este primer día, pero los decanos me han ido transmitiendo ya las incidencias, las suspensiones y los desplazamientos en vano que se han producido en sus territorios. Sea cual sea la incidencia de la huelga, un solo día es mucho y el impacto es grande», afirmó Salvador González, presidente de la Abogacía, en un comunicado.

González también destacó que «2024 se cerró con casi ocho millones de asuntos pendientes» y advirtió que «podríamos terminar 2025 con un panorama mucho peor» a causa de esta huelga. A su vez, subrayó la importancia de que «las asociaciones de jueces y fiscales convocantes y el Gobierno reanuden el diálogo para poner fin al conflicto», como ha informado la Abogacía.

Asimismo, González instó a que se tomen medidas para «minimizar los daños a la ciudadanía y a los profesionales de la abogacía» y propuso que se informe con suficiente antelación sobre las vistas suspendidas, y que las oficinas judiciales con el titular en huelga sigan tramitando asuntos.

Finalmente, el presidente de la Abogacía ha pedido que se busquen soluciones para los retrasos causados por la huelga, «reagendando los asuntos tan pronto como sea posible y estableciendo, por parte de las administraciones, planes de recuperación que permitan que la ciudadanía afectada pueda ver reparados cuanto antes los daños causados».

La estabilización de los jueces sustitutos que pide Europa por estar en situación de abuso es uno de los frentes abiertos entre Justicia y las asociaciones que han convocado la huelga (Imagen: ICAM)

La AEAFA, beligerante

Desde Murcia, la abogada y presidenta de AEAFA, Lola López-Muelas, explica a este medio la jornada vivida. Una jornada similar en la mayor parte de los juzgados españoles. En los grupos de WhatsApp donde intercambian información estos abogados de familia, la frustración es la misma. La mayor parte de las vistas se han suspendido en el último momento, lo que ha generado traslados innecesarios para todas las partes y la suspensión de asuntos de familia importantes.

Nuestra interlocutora revela que a ella le han suspendido todos los juicios: «La gente esperando más de un año y, al final, quien paga los platos rotos de esta situación es el ciudadano. A última hora nos hemos enterado de la situación, por la insistencia de nuestra procuradora, porque nos hemos enterado que querían suspender en sala y hacer el máximo daño posible. Lo único que se ha celebrado en el juzgado relacionado con nuestro despacho han sido las comparecencias con el LAJ, con liquidación de gananciales u otras medidas parecidas».

Para esta letrada, «lo peor es que no tenemos señalamientos de nuevas fechas, eso es lo peor. En algunos sabemos cuándo se va a celebrar, pero en otros no». En su opinión, los servicios mínimos son escasos, para lo más urgente, pero quedan fuera muchas cosas. «Se trata al final de poder contactar con cada magistrado para saber si va a celebrar o no los juicios que tiene previstos. La tendencia generalizada es que se han suspendido la mayor parte de ellos. Nos preocupa que esta huelga sea una continuación a la de los LAJs, que en su día fue devastadora para todos».

Para la presidenta de AEAFA, esta convocatoria de huelga hay que verla en el contexto de los problemas que tiene nuestra administración de justicia: «Los problemas crecen porque no se invierte en justicia. No hay jueces y falta personal, y las demoras son importantes».

«Al mismo tiempo, desde nuestra asociación ya denunciamos antes del pasado 3 de abril, cuando entró en vigor la obligación de la procedibilidad de los MASC, los problemas que iba a generar. Pero hasta la fecha el ministro Bolaños no ha contestado ninguno de nuestros requerimientos relacionados con la suspensión de la norma».

La Junta directiva de AEAFA constata que los paros han sido generalizados en un momento en el que han puesto en marcha una campaña para la suspensión de la ley 1/2025 y el requisito de procedibilidad de los MASC por considerarlo inapropiado (Imagen: Carlos Guasch/ AEAFA)

Campaña contra la Ley 1/2025

Hace unos días, la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) lanzaba la campaña en redes sociales con la difusión de un vídeo que, con el nombre de Vamos a parar este disparate, tiene el propósito de conseguir la «suspensión inmediata» de la Ley de Eficiencia de la Justicia, especialmente en aquellos procesos del ámbito del Derecho de Familia que afectan a niños, niñas y adolescentes, porque consideran que el requisito de procedibilidad de la ley dilata innecesariamente la resolución de situaciones de alta conflictividad y vulnerabilidad. Expone a los menores a una incertidumbre que perjudica su desarrollo integral.

Por este motivo, según nos confirma su presidenta, la AEAFA va a ejercer el Derecho de Petición ante el Congreso de los Diputados, que viene recogido en el artículo 77 de la Constitución Española. El objetivo es trasladar a la sede parlamentaria el malestar de la abogacía española y de los ciudadanos afectados por la norma. Para reforzar este Derecho de Petición, la AEAFA ha remitido a sus 3.000 asociados un formulario para que reporten las incidencias que se están encontrando en el ejercicio de su actividad.

Asimismo, la presidenta de la AEAFA, Lola López-Muelas, ha hecho un llamamiento a instituciones, asociaciones y colegios de abogados para que se unan a esta iniciativa. «Proteger a la infancia no es solo una prioridad jurídica, es una responsabilidad moral y colectiva», explica a este medio. «Hemos intentado contactar con Félix Bolaños y, hasta la fecha, no nos ha contestado».

«La abogacía de Familia es una firme defensora de los métodos alternativos de solución de conflictos, que además constituyen una práctica común y una exigencia en nuestra práctica profesional. No obstante, consideramos que la imposición sistemática de los MASC en estas situaciones, lejos de agilizar la administración de justicia, está generando, en muchos casos, una desprotección flagrante de los niños, niñas y adolescentes de España y retrasos innecesarios y perjudiciales para su bienestar», comenta.

Para esta jurista, esta es una «deficitaria, cuando no errónea y contradictoria, regulación» de algunos artículos de la ley, lo que está generando «un caos y una enorme inseguridad jurídica, debido a la gran disparidad de criterios que se están adoptando tanto por los diferentes juzgados de Primera Instancia como por los letrados de la Administración de Justicia o, incluso, los presidentes de las audiencias provinciales en cuestiones como la admisión de las demandas, algunas de las cuales se rechazan».