Preocupación en abogados y procuradores por la huelga de jueces y fiscales que hoy arranca y que podría ser indefinida

Desde este martes 1 de julio, y de momento hasta el próximo 3 de julio, una parte importante de los jueces y fiscales de nuestro país, convocados por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (JFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional de Fiscales (APIF), tras su multitudinaria concentración del pasado sábado frente al Tribunal Supremo, irán a la huelga.

La razón principal: la no retirada, por parte del ministro Félix Bolaños, de los anteproyectos de ley de acceso a la carrera, donde se plantea una estabilización a los jueces sustitutos, y el de reforma del Estatuto Fiscal, tal y como sus portavoces señalaron en el manifiesto leído ese día. Ambas iniciativas legislativas, tramitadas por vía de urgencia, podrían ir en contra de la independencia judicial y el Estado de derecho.

El propio Comité de Huelga ha planteado unos servicios mínimos para la atención imprescindible a la ciudadanía, sin desvirtuar el derecho de huelga. Sin embargo, la queja generalizada de abogados y procuradores es que, a última hora de la tarde, muchos de estos profesionales no sabían si se iba a suspender o no la vista concreta.

El principal temor sería volver a sufrir una huelga como la de los LAJ, que en febrero duró algo más de tres meses, seguida de otra de funcionarios. Desde el CGAE, que preside Salvador González, o el Consejo General de Procuradores, ahora presidido por Ricardo Garrido, que se ofreció para mediar entre los jueces, fiscales y Justicia, se ha intentado buscar el diálogo como forma de resolver el conflicto, pero no ha sido posible.

Los servicios mínimos planeados son los siguientes: los presidentes de las cinco asociaciones darán los primeros datos de la huelga antes de las 14 horas de este martes, un martes en el que entra al mismo tiempo en marcha la primera fase de los tribunales de instancia.

La huelga que empieza este martes hasta el jueves podría generar estampas como esta de un juzgado de Cádiz en la reciente huelga de los LAJs (Imagen: Poder Judicial)

1º En el servicio de guardia: las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamiento de cadáver y entradas y registros, y conservación de datos de operadores telefónicos. No se consideran servicios mínimos de guardia los juicios inmediatos de delitos leves, ni los juicios rápidos por delito sin detenido.

2º En el orden penal: las actuaciones en causas con presos o detenidos puestos a disposición judicial, y medidas cautelares personales.

3º En el orden contencioso-administrativo, orden social y mercantil: medidas cautelosísimas.

4º En el orden de menores: la adopción de medidas cautelares.

5º En el orden de Familia: medidas provisionales con hijos menores o personas con discapacidad, internamientos involuntarios, procedimientos del art. 156 y 158 del Código Civil, sustracción de menores (art. 778 quater y siguientes LEC), internamientos de menores (art. 778 bis LEC), ejecución de medidas de protección de menores (art. 778 ter LEC), medidas cautelares del art. 762 LEC, actuaciones que impliquen la intervención personal de menores o personas con discapacidad que no puedan suspenderse con antelación.

6º En el orden civil: medidas provisionales causantes de perjuicio irreparable, decisiones sobre suspensión de lanzamientos por vulnerabilidad, y procedimiento de donación de órganos de donantes vivos (art. 78 y ss. LJV).

7º En el orden de Violencia de Género: actuaciones que impliquen la intervención personal de menores o personas con discapacidad que no puedan suspenderse con antelación, órdenes y medidas de protección, regularización de situación personal de detenidos, actuaciones en causas con preso, medidas provisionales con hijos menores o personas con discapacidad, procedimientos del art. 156 y 158 del Código Civil, actuaciones que impliquen la intervención personal de menores o personas con discapacidad que no puedan suspenderse con antelación.

8º En el orden de Vigilancia Penitenciaria: resoluciones relativas a las penas privativas de libertad y resolver las peticiones o quejas de los internos cuando afecten a derechos fundamentales.

9º Decanos: reparto de los asuntos urgentes que puedan causar perjuicio y el servicio continuado de guardia.

Celia Carbonell, como muchos abogados de nuestro país, sabrá a última hora si sus señalamientos se suspenden o no  (Imagen cedida)

Una huelga indefinida sería peligrosa

Desde Guipúzcoa, Maite Ortiz, abogada vinculada a las reclamaciones hipotecarias en general y al IRPH en particular, con su compañero de despacho José María Erausquin, cree que la jueza del juzgado número ocho de cláusulas abusivas, el único que hay para toda la provincia, no irá a la huelga. “Haremos una llamada previa a la vista. Aquella huelga de los LAJ fue tremenda para muchos compañeros abogados porque paralizó las tasaciones de costas, lo que hizo que se quedara pendiente mucho dinero por cobrar, además del atasco que se organizó, del que los juzgados se están recuperando.”

Nuestra interlocutora reconoce que el juzgado especializado en cláusulas abusivas, el número 8, mantiene un ritmo estable. “Las admisiones a trámite en Madrid y Barcelona son de tres o cuatro años en varios casos. Los asuntos presentados en 2020 empezaban a señalarse fechas de vista en 2025. Eso en la instancia; la apelación pueden ser otros dos años y la casación al Supremo puede hacer que ese asunto hipotecario se resuelva en diez años. El problema de este asunto es que la huelga se prolongue en el tiempo aún más de esos tres primeros días fijados. Podría ser la puntilla para nuestros juzgados.”

Miles de asuntos relacionados con el mundo del motor y de la responsabilidad civil tendrán lugar en los juzgados de nuestro país. Manuel Castellanos, abogado especialista en asesoramiento a víctimas y presidente de ANAVA-RC, comparte los criterios de los jueces y fiscales que van a la huelga. “El retraso está justificado porque se apuesta por una justicia de calidad e independiente. La justicia va mal, pero ya estamos acostumbrados a ello. Creo que el sábado las asociaciones mandaron un mensaje claro de la situación actual, cuestión que apoyamos totalmente. En las conversaciones de pasillo entre abogados de sala, muchos de nosotros estamos de acuerdo sobre estas reivindicaciones.”

En Alicante, la abogada Celia Carbonell ve lógica la huelga de jueces y fiscales porque “están defendiendo la independencia judicial y hay que apoyarla. Los juicios que tengo estos tres días están en partidos judiciales fuera de mi ciudad de residencia habitual. En principio, la vista en la Audiencia Provincial con jurado, otro de familia con menores que, según los servicios mínimos, no se suspenden. El de reclamación de cantidad todo parece indicar que se suspenderá, pero aún no sabemos nada. Confío en que mi procurador sea el primero en enterarse de si se celebran o no dichas vistas.”

A su juicio, la falta de diálogo de Justicia en un tema que ella no cree que fuera urgente en su tramitación ha provocado esta sexta huelga de nuestros jueces y fiscales en nuestra democracia. La situación de nuestra justicia es complicada: la huelga coincide con la entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia y la Ley de Eficiencia Procesal 1/2025, que tantos problemas genera y que ya ha habido colectivos que han pedido su suspensión. Aún hay juicios pendientes de señalamiento de aquella huelga de los LAJ.

Eugenio Ribón y Alberto García en esta foto acompañados por Eva Torrecilla, presidente de los Graduados Sociales de Madrid, han diseñado formularios para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por el daño que se genere (Imagen: Colegio Procuradores de Madrid)

Abogacía y procura institucional

Decanos de la abogacía como Eugenio Ribón, en Madrid; Jesús Sánchez, en Barcelona; o Alberto García, de los procuradores madrileños, muestran su preocupación, como el resto de entidades colegiales, ante lo que se avecina. “No dudo que la huelga sea legítima, pero coincide con la llegada de los tribunales de instancia. Eso está ralentizando la llegada de notificaciones. Si lo juntamos con una huelga de tres días, la situación es preocupante. Nosotros, como procuradores, somos los primeros que nos enteramos si habrá o no juicio; hasta ahora, poco nos notifican los jueces”, indica García.

En opinión de este jurista, “lo peor es que no nos están avisando los jueces y magistrados si irán a la huelga estos días. Tendremos que llamar juzgado por juzgado para saber si ejercen el derecho a la huelga. Si los jueces y fiscales tienen que ejercer su derecho a la huelga, me parece bien, pero no me obligue a ir al juzgado con la parte si están de huelga. Ese es un daño innecesario que se podría evitar. Entendemos y compartimos las reivindicaciones que hacen los jueces, pero esto no significa que deba ser en perjuicio del resto de profesionales que nos dedicamos a esto. Si suspenden, que suspendan, pero que no nos hagan ir hasta el juzgado si el juicio no se va a celebrar.”

Las tres entidades citadas van a sacar unos formularios para que el profesional afectado pueda interponer esa reclamación patrimonial por el daño generado por esa vista no celebrada.

El ICAM ya lo tiene en su web para que lo use el colegiado, mientras que el ICAB de Barcelona y todos los colegios de procuradores también van a habilitar algo parecido. Jesús Sánchez, decano del ICAM, considera que los jueces españoles, al ser uno de los poderes del Estado, no tienen derecho a la huelga. “No pueden interferir en el juego parlamentario y querer que estos proyectos de ley no se aprueben.”

Para Sánchez, “siempre acaba pagando los desaguisados de cualquier conflicto el ciudadano de a pie. Me cuesta mucho entender que haya una huelga de jueces y fiscales en nuestro país. A esta hora de la tarde, poco sabemos de los jueces y fiscales que irán a la huelga. La huelga es eficaz en función de la repercusión que tenga entre el resto de operadores jurídicos y los ciudadanos. Es desafortunado que un tercer poder del Estado se declare en huelga. Son cuestiones de política legislativa, pero la democracia es lo que tiene. El perjuicio que se va a generar en los ciudadanos y profesionales de la justicia va a ser muy grande. Ya lo vimos con la huelga de los LAJ.”

Belén Rincón, abogada de Red Abafi, recuerda que los derechos de los consumidores no son prioritarios y no están en los servicios mínimos (Imagen cedida)

Solo lo urgente se atiende

Revisando los servicios mínimos establecidos por el Comité de Huelga que convoca este paro, en los juzgados de lo mercantil es previsible que vayan a la huelga. Eso hará que muchos procedimientos concursales y exoneraciones de Segunda Oportunidad, así como asuntos de patentes y marcas y derecho de la competencia, se paralicen unos días. “Habrá que estar pendiente de la evolución de la huelga para saber si realmente se produce algún atasco en determinados asuntos de este tipo”, aclara José María Puelles, presidente del Observatorio de la Segunda Oportunidad del ICAM y vocal de la Subcomisión Mercantil y Concursal del CGAE.

En un despacho laborista de primer nivel, una de sus socias nos indica que había tenido una reunión a primera hora de toda la socia­tura ante estos tres días de huelga. “Tenemos juicios en toda España y vamos a ir preguntando a los juzgados si celebran o no estas vistas, porque hasta la fecha no nos ha comunicado nada. El problema se agrava en Madrid, donde en los juzgados de lo social faltan jueces y esto genera suspensiones. Luego hay que explicarlo al cliente. La reprogramación del juicio puede ser dentro de un año. En nuestras notas de encargo, las suspensiones que no generamos nosotros las abona el cliente, así lo fijamos”, indica.

Desde Málaga, Belén Rincón, abogada adscrita a la Red AVAF, está pendiente del Colegio de Abogados de su ciudad, “esperando la notificación por si se celebran las vistas que tengo señaladas. La entidad colegial ha pedido a los juzgados que les digan cuáles irán a la huelga, pero aún no sabemos nada. Aún tenemos asuntos pendientes de aquella huelga de LAJ del 2023. Los derechos de los consumidores no son prioritarios, con lo cual este tipo de asuntos se demorarán, en el mejor de los casos, algunos meses. En esta ocasión, sus reivindicaciones tienen que ver con la retirada de proyectos de ley. Veremos si ganan el pulso al Ministerio”.