SOS Rural y Ecología y Libertad lideran la ofensiva judicial del campo español contra las instalaciones fotovoltaicas irregulares

La plataforma ciudadana SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad impulsan una macro causa judicial en toda España contra las instalaciones fotovoltaicas que afectan a terrenos de cultivo tras el acuerdo suscrito hace unos días entre entidades.

Solo en la provincia de Jaén hay 24 proyectos en marcha. La acción judicial arrancará contra las cuatro instalaciones que se están montando en el municipio de jienense de Lopera. También han detectado iniciativas similares en los regadíos de Murcia y terrenos de Castilla La Mancha y Castilla-León.

La esperanza de los promotores es que ya hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, de hace unos días, que ha tumbado una iniciativa por fraude de ley al trocear la iniciativa en varias partes.

La práctica habitual es ese trocamiento para que no se supera los 49,9 megavatios, lo que permite que la autorización se haga en la Junta de Andalucía y no a nivel estatal. El impacto ambiental de una planta de 50 megavatios lleva un control ambiental notable.

“La resolución judicial considera que se ha producido un fraude de ley al comprobar que se trata de una única infraestructura de generación eléctrica, promovida por un solo titular, con una potencia conjunta de 114 MW y ubicada en una misma zona geográfica, sobre una superficie de más de 267 hectáreas. La fragmentación permitió que fuera la Junta, y no el Gobierno central, quien otorgara la autorización administrativa previa, en una decisión que ahora queda anulada”, comenta Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural.

Esta ofensiva judicial la anunciaron hace unos días la portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán, y la presidenta de la Asociación Ecología y Libertad, Margarita Fernández, quienes han enmarcado esta estrategia jurídica en una “alianza histórica” entre ambas instituciones —en la que colaborará también la plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares—.

De este modo, ambas plataformas pretenden poner freno legalmente al despliegue “desordenado y especulativo” de estas instalaciones fotovoltaicas en el suelo agrícola de toda España que, bajo el pretexto de la transición energética, destruyen el campo, erosionan el paisaje y comprometen nuestra soberanía alimentaria, la biodiversidad y la salud pública.

Las plantas fotovoltaicas podrían destruir solo en Andalucía cerca de 100.000 olivos en el 2030. (Imagen: SOS Rural)

Frenar la expansión irracional de las fotovoltaicas

“Esta lucha no es contra la energía renovable, sino contra su implantación irresponsable en tierras fértiles y productivas que son esenciales para el futuro común”, explica Corbalán a Economist & Jurist.

Para esta abogada, portavoz de SOS Rural, el uso interesado de la Ley del Sector Eléctrico está propiciando la instalación irregular de estas plantas fotovoltaicas: “Se está recalificando suelo rústico en industrial por la puerta de atrás. Una vez que este tipo de iniciativas es declarado de utilidad pública, la Administración le da luz verde para la expropiación forzosa de los terrenos. El justiprecio ofrece 3.000 euros por hectárea, una cantidad irrisoria”.

En su opinión, “se está produciendo la tormenta perfecta; el agricultor europeo y español se está arruinando por el exceso de burocracia, por una competencia desleal porque entra mucho producto de fuera, muchos, y esos agricultores no tienen relevo generacional. Dentro de 10 años una parte de estos profesionales estarán jubilados. Al verse en esa situación tan complicada acaban por firmar este justiprecio que les ofrecen. Muchos de ellos no conocen la letra pequeña de estos contratos que suscriben”.

Sobre esta cuestión, Corbalán subraya que “se enteran que sus fincas están en expedientes de expropiación forzosa por tablones de anuncio, donde sale el número de referencia catastral, ni siquiera el propietario. La Administración les sitúan en un plano de indefensión difícil de revertir. Todo se lleva con mucho oscurantismo y el agricultor siempre pierde. Están firmando contratos a 30 años. Si la infraestructura que se instala no es rentable, a los 15 años esa sociedad rescinde el contrato, dejan al agricultor en una situación muy problemática”.

Contratos leoninos

A ese respecto la portavoz de SOS Rural, advierte que “en ese escenario, el agricultor tendrá que desmontar la instalación para no incurrir en delito medioambiental. Al mismo tiempo el responsable de posibles incidencias sería el agricultor y sus hijos según el artículo 1191 del Código Civil sobre deudas presentes y futuras. Son contratos con un clausulado muy leonino”.

Asociación Ecología y Libertad y SOS Rural firman un acuerdo para frenar la especulación en las plantas fotovoltaicas. (Imagen: SOS Rural)

En este sentido, Fernández resalta que “la tan necesaria transición energética en España exige una adecuada planificación territorial que establezca zonas compatibles con las placas solares y que prohíba su implantación en áreas protegidas, más allá de las evaluaciones de impacto ambiental actualmente exigidas”.

SOS Rural es una plataforma ciudadana creada en el 2023 que capitaliza las reivindicaciones del campo español. El movimiento de las fotovoltaicas especulativo es uno de ellos. Según sus promotores el campo está abandonado por las autoridades españolas, estatal y autonómicas.

Sus miradas se fijan en políticas ideológicas que han venido de Europa, como son la Agenda 2030, la estrategia de La Granja en la Mesa o el Pacto Verde Europeo (Green Deal). Una de sus premisas es que desaparezca la agricultura porque se lanza el mensaje a la sociedad que la agricultura contamina. Sin embargo, una plata fotovoltaica en pleno campo se la califica de forma equivocada de sostenible. En el terreno donde se instala no vuelve a crecer nada y arruinan el uso de muchas comarcas.

Junto con ello, explican el desarraigo económico y social que están produciendo la instalación de estas plantas energéticas. En el momento que se instala una de esas plantas, la empresa constructora se marcha de allí porque se puede gestionar con un terminal de ordenador desde cualquier parte del mundo. Su efecto en estas comarcas españolas para la pérdida de muchos empleos es devastador. Al mismo tiempo puede generar efectos adversos en el turismo rural y su desarrollo la implementación de estas instalaciones.

La estrategia para frenar este tipo de iniciativas se vertebra en varias medidas simultáneas que se ponen en marcha. De un lado la presión mediática, con denuncias en los medios de comunicación; otra política, con una recogida de firmas entre todos los ciudadanos que ya supera las 130.000; y en paralelo, de forma transversal, trabajar acciones legales contra esta práctica que está asolando muchas poblaciones españolas.

Acción judicial a corto plazo

En este contexto, SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad actuarán judicialmente, en primer lugar, contra los cuatro proyectos fotovoltaicos que afectan al municipio jienense de Lopera que, junto a los más de 20 proyectos previstos en toda la provincia de Jaén, supondrán la eliminación de más de 100.000 olivos, muchos de ellos centenarios.

Como paso previo, en este mes de julio se van a presentar recursos de revisión en vía administrativa de todos los proyectos; los ya aprobados en funcionamiento y los que están en fase de tramitación. Serán los propios abogados de Ecología y Libertad quienes impulsen dichas acciones. El plazo de respuesta es de tres meses. En el caso de que se produzca silencio administrativo se considerará positivo para los promotores de los recursos.

“Las primeras acciones judiciales, en vía contenciosa administrativa, basadas en el estudio exhaustivo de los proyectos fotovoltaicos que afectan al término municipal de Lopera, nos van a permitir frenar la tala de olivos centenarios en aquel territorio”, resalta Fernández.

“La interposición de estos recursos nos abre la posibilidad de solicitar cautelares en vía administrativa, que se paralicen las iniciativas. Y al mismo tiempo contactar con los ayuntamientos locales para que paralicen las licencias de obras”, aclara Natalia Corbalán.

El problema en cuestión

Según comentan ambas entidades, en Andalucía, el 69,6% de las plantas fotovoltaicas y el 90,9% de las termosolares están sobre suelos agrícolas clasificados como S1 y S2, es decir, de alta capacidad productiva.

Las políticas de la Junta de Andalucía que preside Moreno Bonilla están facilitando el desarrollo de estas plantas fotovoltaicas. (Imagen: Junta de Andalucía)

Esta conversión afecta directamente a la soberanía alimentaria al destruir tierras fértiles que tardan siglos en formarse y altera de forma irreversible ecosistemas agrícolas únicos. “Proteger el suelo es proteger la salud, el empleo y la identidad de nuestros pueblos, ya que el futuro no se improvisa, se defiende, se planifica y se siembra”, reflexiona la portavoz nacional de SOS Rural. Formar un solo centímetro de tierra de buena calidad puede tardar entre 100 y 1.000 años, dependiendo del clima y del tipo de suelo —según la Fundación Descubre, dependiente de la Junta de Andalucía—.

“El auge de las energías renovables, especialmente de la solar fotovoltaica en España, es una oportunidad estratégica para avanzar en la descarbonización y favorecer la soberanía energética del país siempre que no se base en el desarrollo masivo y desordenado, que genera impactos territoriales, económicos, agrícolas, paisajísticos y sociales que no pueden ser ignorados”, reflexiona Corbalán.

Así, ambas plataformas reclaman el establecimiento de una zonificación vinculante que prohíba la instalación de parques solares convencionales en esos suelos agrícolas de alta productividad y que se prioricen los suelos degradados como alternativa sostenible para estas infraestructuras.

“Necesitamos ya una ley, como la que ya tienen países como Italia o Francia, que regule de forma clara y eficaz el uso de los terrenos con altísimo poder productivo para la instalación de plantas fotovoltaicas, que garantice la protección del suelo agrícola, la biodiversidad, el paisaje, la actividad económica agraria y que evite decisiones especulativas con graves consecuencias para el medio rural”, resalta la portavoz de SOS Rural.

En 2024, los parques fotovoltaicos ocupaban ya más de 50.000 hectáreas de superficie agraria útil (SAU), según el informe oficial Extensión de los parques fotovoltaicos en España 2024, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), lo que equivale a más de 70.000 campos de fútbol.

La previsión indica que para 2030, la superficie ocupada por parques fotovoltaicos alcanzará las 94.596 hectáreas —equivalente a más de 130.000 campos de fútbol—, lo que representa un incremento del 166% desde 2016 —según el MAPA—.

Desde SOS Rural se siguen recogiendo firmas para evitar la tala de estos olivos en Andalucía. Ya van por 130.000. (Imagen: SOS Rural)

Alianza natural y necesaria

“La alianza que acaba de concretarse esta semana entre SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad nace de la certeza compartida de que los mejores ecologistas son los agricultores y los ganaderos, de que el campo es el mejor aliado de la ecología y de que la verdadera sostenibilidad no se impone desde un despacho, sino que se cultiva desde la tierra”, plantea Fernández.

En este sentido, Corbalán expone que, frente a discursos desconectados de la realidad rural, SOS Rural y Ecología y Libertad presentan una visión basada en el conocimiento profundo del suelo, del agua y de los ciclos naturales. “El mundo rural no necesita que lo salven, necesita que lo escuchen, y esta alianza representa una voz fuerte y legitimada”, resalta la portavoz nacional de SOS Rural.

De este modo, ambas instituciones impulsan una estrategia jurídica “estructurada y pionera” en defensa del medio rural frente al avance de estos proyectos especulativos, que amenazan suelos fértiles, ecosistemas y modos de vida. “Esta alianza es un paso más con respecto a la respuesta tradicional del mundo rural, basada en la movilización social”, destaca Fernández.

“El sector agroalimentario español, ejemplo a nivel mundial en sus dimensiones ambiental, económica y social, es, sin duda, parte de la solución y no del problema”, sentencia Corbalán.

Esta iniciativa judicial se está financiando vía crowdfunding. La información para apoyar esta acción se encuentra en la web de SOS Rural. Las cantidades donadas son las que quiera el participante de la misma aportar para un proyecto que busca frenar la especulación que tanto daño esta haciendo al campo español en los últimos años.