Tras más de cinco años de espera, el Constitucional estudia el impuesto al patrimonio
Fuentes próximas a ‘E&J’ indican que uno de los magistrados del entorno progresista estaría a favor de la tesis de los magistrados conservadores, y que antes de marzo del año que viene el TC dictara sentencia
La resolución no solo afectará al Impuesto del Patrimonio de toda España, sino también al Impuesto sobre las grandes fortuna de la Comunidad de Madrid. (Imagen: TC)
Tras más de cinco años de espera, el Constitucional estudia el impuesto al patrimonio
Fuentes próximas a ‘E&J’ indican que uno de los magistrados del entorno progresista estaría a favor de la tesis de los magistrados conservadores, y que antes de marzo del año que viene el TC dictara sentencia
La resolución no solo afectará al Impuesto del Patrimonio de toda España, sino también al Impuesto sobre las grandes fortuna de la Comunidad de Madrid. (Imagen: TC)
Después de más de cinco años de espera, el Tribunal Constitucional ha reactivado el estudio del Impuesto sobre el Patrimonio y que afecta también al Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), dos figuras clave en la política fiscal española que han enfrentado al Gobierno central y a las comunidades autónomas.
El fallo, según fuentes próximas a Economist & Jurist, está previsto entre el próximo febrero y marzo a más tardar, y podría redefinir el equilibrio de poder tributario en España y abrir la puerta a miles de devoluciones millonarias si finalmente se declara inconstitucional el gravamen estatal.
Un recurso del PP que lleva años en el limbo
El conflicto tiene su origen en 2021 cuando el Partido Popular (PP) presentó un recurso de inconstitucionalidad contra las modificaciones del Impuesto sobre el Patrimonio incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. El PP alegó que el Ejecutivo vulneró la autonomía financiera de las comunidades autónomas, reconocida en la Constitución y en la LOFCA, al crear un impuesto estatal paralelo que vaciaba de contenido las competencias autonómicas.
El Tribunal Constitucional admitió el recurso a trámite en abril de 2021, pero la resolución ha sido aplazada reiteradamente. En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó, además, el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, con carácter temporal, que más tarde fue prorrogado, convirtiéndose en un tributo de facto estructural dentro del sistema fiscal español.
Madrid, el epicentro político y económico del conflicto
La Comunidad de Madrid, que desde hace más de una década aplicaba una bonificación del 100 % en el Impuesto sobre el Patrimonio, se ha convertido en el símbolo de la oposición al modelo de “armonización fiscal” impulsado desde el Estado. Con la creación del impuesto estatal, miles de contribuyentes madrileños con patrimonios superiores a tres millones de euros han vuelto a tributar, pero no a la Hacienda madrileña, sino a la estatal, perdiendo el beneficio de la exención autonómica.
El Gobierno regional defiende que el Estado ha invadido sus competencias y ha creado un “impuesto duplicado” sobre la misma base imponible, lo que según la presidenta Isabel Díaz Ayuso, “rompe el principio de autonomía fiscal y castiga a quienes viven y emprenden en Madrid”.
Isabel Díaz Ayuso. (Imagen: CAM)
Consecuencias de un posible fallo a favor del PP
Si el Tribunal Constitucional da la razón al Partido Popular, el impacto será nacional y retroactivo: todos los contribuyentes españoles que hayan abonado el Impuesto de Solidaridad en los ejercicios 2022 y 2023 podrían solicitar la devolución de las cantidades pagadas, siempre que hubieran presentado una solicitud de rectificación o reclamación administrativa.
Las comunidades autónomas recuperarían su plena autonomía normativa en materia de patrimonio, pudiendo volver a aplicar bonificaciones o exenciones totales.
En el caso madrileño, se restablecería la bonificación del 100 %, que volvería a ser efectiva y dejaría sin efecto práctico el tributo estatal.
Por el contrario, si el Constitucional avala la constitucionalidad del impuesto, el modelo de armonización fiscal estatal quedará consolidado y las comunidades verán limitada su capacidad real de decidir sobre impuestos a la riqueza.
Los expertos recomiendan “pagar los tributos para luego reclamar”
A la espera del fallo, los fiscalistas coinciden en una estrategia doble: cumplir con la obligación tributaria y, simultáneamente, proteger el derecho a devolución.
En este momento el Tribunal está muy dividido y la lógica nos diría que no prosperara, ya que los magistrados próximos al PP están en minoría, no obstante, fuentes próximas a este medio nos indican que uno de los magistrados del entorno progresista estaría a favor, en este caso, de la tesis de los magistrados conservadores, lo que podría inclinar la balanza sobre las tesis conservadoras y producir una sentencia favorable a las tesis del recurso planteado.
Aunque el foco se ha puesto en Madrid, la decisión del Tribunal afectará a todo el país. El fallo servirá para aclarar los límites entre la potestad tributaria del Estado y la autonomía financiera de las comunidades autónomas. En la práctica se trata de mucho más que una disputa fiscal: está en juego la arquitectura del sistema de financiación autonómica y el grado de libertad que cada territorio tendrá para decidir su política tributaria.
Si el recurso del PP prospera, España podría volver a un escenario de mayor diversidad fiscal, en el que cada comunidad recupere margen para competir en materia de impuestos. Si se desestima, el Estado consolidará un modelo más centralizado y homogéneo, reduciendo las diferencias de presión fiscal entre regiones.
