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Noticias Jurídicas

Unidas Podemos acusa a Batet de prevaricación por dejar sin escaño a Alberto Rodríguez

La decisión de la presidenta del Congreso llega tras una polémica sentencia del Tribunal Supremo

(Foto: EFE)


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Unidas Podemos acusa a Batet de prevaricación por dejar sin escaño a Alberto Rodríguez

La decisión de la presidenta del Congreso llega tras una polémica sentencia del Tribunal Supremo

(Foto: EFE)



Unidas Podemos anunció el pasado viernes su intención de presentar una querella contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Se trata de la respuesta del grupo político ante la decisión de Batet de suspender como parlamentario a Alberto Rodríguez, que fue condenado por agresión a un agente de la autoridad en 2014.

La formación morada considera que la presidenta «conoce la sentencia y sabe que la inhabilitación de Alberto Rodríguez era para ser elegido en unas próximas elecciones durante 45 días, lo que en ningún caso implica perder el escaño». Por tanto, su conducta sería subsumible en un delito de prevaricación, tipificado en el artículo 404 del Código Penal.



El PSOE, por su parte, ha manifestado su respeto absoluto al proceder de la presidenta, quien, según ellos, se ha limitada a dar cumplimiento a la resolución judicial emanada del Alto Tribunal.

La sentencia de la discordia

El pasado 6 de octubre la Sala II del Tribunal Supremo consideró al entonces diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez culpable de un delito de atentado a agentes de la autoridad. Lo condenó a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de prisión se sustituyó por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).

El exsecretario de Organización de Podemos y diputado Alberto Rodríguez durante su juicio en el TS. (Foto: EFE)

El artículo 6.2. a) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) establece que son inelegibles los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena. Sin embargo, ¿qué ocurre con un diputado que ya ha sido elegido, es decir, que ya está desempeñando su cargo? La jurisprudencia del TS ha dejado claro en varias ocasiones que los supuestos de inelegibilidad se transforman en incompatibilidad para los proclamados y aún elegidos que han quedado posteriormente afectados por tales causas (STS 572/2021, de 28 de abril de 2021). Por tanto, estaríamos ante un motivo de cese del diputado en su cargo.

Tras la sentencia llegaron las dudas interpretativas por parte del ejecutivo. En concreto, se planteaban dos cuestiones:

  • En primer lugar, si la sustitución de su condena de 45 días de cárcel por una multa de 540 euros esquivaba esa inelegibilidad.
  • En segundo lugar, si la inhabilitación para presentarse a unas elecciones (sufragio pasivo) de su condena tenía el mismo efecto que la inhabilitación para ejercer un cargo público.

Un informe de los letrados del Congreso interpretó que Alberto Rodríguez podía retener su acta, en tanto que la inelegibilidad es consecuencia directa de la pena privativa de libertad, y esta no se ejecutaría.

El pasado jueves, tras una reunión de la Mesa de la Cámara Baja no exenta de tensiones, la mayoría que suman PSOE y Unidas Podemos acordó solicitar al Supremo una aclaración sobre si Rodríguez debía o no ser suspendido. Sin embargo, TS no está facultado para asesorar a otros órganos constitucionales sobre los términos de ejecución de una sentencia firme. En otras palabras, el Congreso carecía de cauce legal para solicitar dicha aclaración.

La defensa del diputado, por su parte, no planteó al TS las cuestiones objeto de controversia. Sólo cuestionó que se mantuviera la condena de inhabilitación y el Supremo explicó que es una condena accesoria que ha de imponerse de forma obligada, pues así lo dispone el artículo 56.1.2 del CP. El hecho de que la pena de prisión haya sido sustituida por una multa no exime de la aplicación de la condena accesoria de inhabilitación.

El TS se limitó en su respuesta al Congreso a recordar la procedencia de la pena de inhabilitación, que fue la cuestión planteada por la abogada de Rodríguez. No obstante, no aclara si la pena de inhabilitación impide el ejercicio del cargo o si la sustitución de la pena privativa de libertad por una multa sigue conllevando la inelegibilidad.

Aunque el Supremo no dice explícitamente nada, si tenemos en cuenta que el miércoles pasado envió un escrito al Congreso para solicitar la ejecución de su condena de inhabilitación, queda clara su interpretación: se debe retirar el acta de diputado a Rodríguez.

El viernes la máxima responsable de la Cámara Baja tomó finalmente la decisión de suspender la condición de diputado de Alberto Rodríguez.

Unidas Podemos se querellará contra Batet por prevaricación

El delito de prevaricación se produce cuando una autoridad o funcionario público dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su injustica. Lleva aparejado una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. (Foto: Europa Press.)

Unidas Podemos fundamentará su querella contra la presidenta del Congreso en lo dispuesto por los letrados del Congreso. Como ya se ha detallado, consideraban que, puesto que la pena privativa de libertad no llegó a nacer en ningún momento, tampoco lo hizo la inelegibilidad.

Belarra carga contra el Supremo

La ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra fue un paso más allá al acusar de prevaricación al Alto Tribunal, a través de la red social Twitter.

Belarra puso en cuestión la sentencia condenatoria de Rodríguez, señalando que este “fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí”.

En un comunicado, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo público su «absoluto y rotundo rechazo» a las manifestaciones de Belarra «con mayor rotundidad que en otras ocasiones» porque atribuyen «la comisión de un delito a sus magistrados». El twitt de la ministra «excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión», además de «generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación».

Las declaraciones de Belarra podrían ser calificadas como un delito de calumnia (artículo 205 CP), que consiste en la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Al tratarse de una calumnia con publicidad, se castigará al autor con penas de prisión de 6 meses a 2 años o con multa de 12 a 24 meses con la cuota que corresponda.

La calumnia es un delito privado, lo que implica que solo puede ser perseguido por la iniciativa del afectado (a este respecto, la presidenta del Congreso podría, por su parte, querellarse contra la formación morada por este delito).

Enel caso de Belarra, al dirigirse la acusación contra el Tribunal Supremo, nos encontramos con un delito perseguible de oficio por la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo, que son las que deberían presentar querella contra la ministra. Los magistrados calumniados también pueden ejercer la acción correspondiente, aunque lo más probable es que esperen que sea la Fiscalía la que intervenga.

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