Vanessa Páez, especialista en Civil: «Los jueces sufren a menudo señalamientos públicos por dictar resoluciones que, en definitiva, son consecuencia de aplicar leyes defectuosas»

La abogada, y fundadora de su propio bufete, comparte en Economist & Jurist su opinión acerca de cuestiones judiciales de actualidad

Vanessa Páez Ortiz (Imágenes cedidas)

Ana Sánchez Blázquez

Redacción E&J

Tiempo de lectura: 3 min

Publicado

16/06/2025 12:23

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Noticias Jurídicas

Vanessa Páez, especialista en Civil: «Los jueces sufren a menudo señalamientos públicos por dictar resoluciones que, en definitiva, son consecuencia de aplicar leyes defectuosas»

La abogada, y fundadora de su propio bufete, comparte en Economist & Jurist su opinión acerca de cuestiones judiciales de actualidad

Vanessa Páez Ortiz (Imágenes cedidas)

En un momento de profundos cambios legislativos y estructurales en el ámbito judicial español, Economist & Jurist inicia una serie de entrevistas a profesionales del Derecho con una amplia trayectoria, para recoger su visión sobre los principales retos del sistema judicial actual.

Vanessa Páez, fundadora del Despacho Jurídico Páez & Ortiz, ha compartido con Economist & Jurist su análisis sobre reformas clave como la instrucción por parte del Ministerio Fiscal, el modelo de acceso a la carrera judicial, el papel de la mediación o el funcionamiento de los colegios profesionales.

Economist & Jurist (E&J): ¿Qué le parece que los fiscales gestionen la instrucción de los procedimientos

Vanessa Páez (V.P.): Dejar la instrucción de los procesos penales en manos de la fiscalía es algo que ya se da en otros países. En mi opinión, para un funcionamiento correcto de esta modificación, el mandato del Fiscal General debería desvincularse del mandato del Gobierno de turno.

Es decir, debería garantizarse una total autonomía e independencia del Ministerio Fiscal, de manera que éste actuase sin recibir “directrices”, ni indicaciones. De lo contrario, considero que la imparcialidad e independencia en las resoluciones en fase de instrucción no estaría garantizada, especialmente en determinados procedimientos que por diversos motivos, fueran objeto de interés para el ejecutivo.

E&J: ¿Cuál es su visión de que se habiliten nuevas vías de acceso a la carrera judicial sin superar oposiciones?

V.P.: No puedo estar más en desacuerdo con esta reforma, pues como han afirmado las distintas asociaciones de Jueces y Fiscales, atenta gravemente contra los principios de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública.

Además de lo anterior, existe un gran riesgo de control ideológico de la judicatura, si con esta reforma se permite nombrar “ a dedo” a los jueces bajo un falso paraguas de “democratización” del acceso a la carrera.

E&J: ¿Qué opina del modelo de mediación obligatoria de la actual normativa?

V.P.: En mi opinión, el problema de este modelo es su aplicación omnicomprensiva. Por un lado, puede ser una buena medida para agilizar una solución a determinados conflictos sin saturar a los juzgados. En este sentido, podría funcionar para impedir que pequeños deudores de “fondos buitre” adquirentes de deuda en masa de financieras, se vieran envueltos en procedimientos judiciales eternos, con el desgaste económico y emocional que conlleva esto para los consumidores minoristas.

Sin embargo y por otro lado, me parece perjudicial esta obligatoriedad de mediación cuando estamos hablando, por ejemplo, de medidas civiles en materia de familia que afecten a menores de edad. Me refiero a cuestiones tan importantes y en muchos casos, urgentes, como son fijar una pensión de alimentos, un régimen de custodia, visitas o incluso el uso del domicilio familiar.

E&J: ¿Le parece bien la función que realiza su Colegio de la Abogacía?

V.P.: En mi opinión, la garantía de ética y calidad en el ejercicio de la Abogacía, así como el acceso de la profesión, pueden regularse y controlarse sin necesidad de la intermediación de los Colegios de Abogados. Por tanto, entiendo que la colegiación debería ser voluntaria.

E&J: ¿Cómo ve, en general, la judicatura española?

V.P.: Las estadísticas nos han mostrado que la mayoría de las personas que acceden a la carrera judicial, no tenían en su familia a ningún jurista, y un minúsculo porcentaje tienen un familiar directo perteneciente a la judicatura. Ello, junto al sistema de acceso que – hasta ahora- estaba basado en el mérito y la capacidad, nos habla de una verdadera democratización de la profesión, lo cual se ve reflejado en nuestro día a día en los Tribunales.

Desde mi experiencia, creo que -todavía- se puede hablar de independencia y de imparcialidad, y ello a pesar del señalamiento público que sufren a menudo los jueces por dictar resoluciones que en definitiva, son consecuencia de aplicar leyes defectuosas; por ejemplo, las reducciones de condena en relación con la Ley del “solo sí es sí».

E&J: ¿Cuál es su opinión, en general, de la fiscalía española?

V.P.: La función del Ministerio Fiscal en un Estado de Derecho es fundamental como garante de la legalidad. Por ello, considero que se debería despolitizar y quedar totalmente desligada del poder ejecutivo.

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