Connect with us

Noticias Jurídicas

¿Vulnera Lexnet el descanso de los abogados? El Tribunal Constitucional responde



La presente cuestión de inconstitucionalidad se plantea por el Juzgado de lo Social núm. 14 de Madrid en relación con el art. 162.2 LEC, modificado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero. El precepto cuestionado dice:

“Artículo 162. Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares.



[…]

  1. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere este artículo, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.

Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema. No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo, pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción.

No se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante los días del mes de agosto, salvo que sean hábiles para las actuaciones que corresponda”.

¿Esclavos de Lexnet?

Los hechos que impulsaron al titular del Juzgado de lo Social núm. 14 de Madrid a cuestionar el precepto citado se produjeron tras el archivo de un proceso por defectos formales no subsanados.

En concreto, el letrado afectado compareció junto con su defendida para justificar su error porque no le funcionaba el buzón de Lexnet, argumentando así que por este motivo no había recibido la diligencia de ordenación por la que se le advertía de los defectos en los que incurría la demanda y se le otorgaba plazo para su subsanación.

Por su parte, según el Juzgado de lo Social, el polémico artículo “podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva al dar por notificada la resolución por el mero transcurso de tres días desde su recepción, aunque el destinatario no haya accedido a su contenido”. Asimismo, el juzgado consideraba que “este precepto podría ser lesivo del art. 40.2 CE, pues, al tener que estar pendiente cada tres días de estas notificaciones, podría ser lesivo del derecho al descanso y a las vacaciones de los abogados y de los procuradores”.

El juez que plantea la cuestión entiende que la regulación contenida en el precepto cuestionado convierte a los abogados y procuradores en “esclavos de Lexnet” al obligarles a estar conectados a su ordenador para comprobar si reciben notificaciones de Lexnet. A su juicio, esta obligación es contraria al art. 24.1 CE, al art. 38 del Estatuto de los Trabajadores y a “los más mínimos principios fundamentales de dignidad, derecho a la salud y descanso de las personas”.

“Actuar con la debida diligencia”

El Tribunal Constitucional, en su reciente AUTO 113/2020, de 22 de septiembre, entiende que la cuestión planteada es “notoriamente infundada”.

En concreto, indica que “no puede apreciarse que el precepto cuestionado, al otorgar plenos efectos a la notificación a los tres días de su recepción a pesar de que el destinatario no haya accedido a su contenido, vulnere el art. 24.1 CE”.

El tribunal de garantías ha declarado reiteradamente que “corresponde a las partes intervinientes en el proceso actuar con la debida diligencia, sin que pueda alegar indefensión quien se coloca a sí mismo en tal situación o quien no hubiera quedado indefenso de haber actuado con la diligencia razonablemente exigible” (entre otras muchas, STC 208/2009, de 26 de noviembre, FJ 4). Así, “el plazo de tres días que establece el art. 162.2 LEC para que la notificación efectuada tenga plenos efectos otorga al destinatario de la comunicación un margen de tiempo suficiente para que pueda acceder al contenido del acto que se comunica, por lo que, si pudiendo acceder en ese plazo al sistema de notificaciones, no lo hace, las consecuencias que puedan derivarse solo pueden ser imputables a su falta de diligencia”, apunta el Pleno.

“No tienen que estar permanentemente conectados a internet”

En relación a la supuesta vulneración del derecho al descanso y a las vacaciones, el Tribunal Constitucional “no aprecia que el art. 162.2 LEC, al otorgar plena eficacia a la notificación si en el plazo de tres días su destinatario no ha accedido a su contenido, lesione del derecho al descanso (art. 40.2 CE) de estos trabajadores. El precepto permite que estos profesionales puedan estar tres días sin acceder al sistema de notificaciones, por lo que, en contra de lo que se sostiene en el auto de planteamiento, no tienen que estar permanentemente conectados a internet, pues es suficiente con que accedan cada tres días al sistema de notificaciones y comprueben si en este tiempo se les ha comunicado un nuevo acto procesal. Tienen, por tanto, un margen de tiempo en el que pueden ejercer su derecho al descanso, sin que el ejercicio de este derecho afecte al cumplimiento de sus obligaciones profesionales”.

La propia STC 6/2019, de 17 de enero, FJ 6, ha establecido que la obligación que tienen estos trabajadores de recibir los actos profesionales dirigidos a sus clientes no es desproporcionada, “sino la consecuencia natural del ejercicio de una actividad profesional continuada, esto es, el estado normal esperable”. Según se afirma en la citada sentencia, “se puede esperar que el profesional acceda a su buzón diariamente o casi a diario, no otra cosa”.

Respecto a las vacaciones, el tribunal de garantías recuerda que el polémico párrafo tercero del art. 162.2 facilita que los profesionales de la justicia “pueden tomar vacaciones en el mes de agosto y que, durante este tiempo, salvo excepciones, no tengan que atender obligaciones profesionales”. Independientemente de ello, como razón auxiliar, cabe observar que, como declara la STC 6/2019, de 17 de enero, FJ 6, la normativa que regula el sistema de notificaciones electrónicas flexibiliza la utilización del buzón de Lexnet, previendo un mecanismo de sustituciones entre compañeros que permite que el titular de un buzón pueda vincular a otros usuarios “como autorizados para que en su nombre puedan realizar con plenitud de efectos jurídicos los envíos de documentación o recepción de actos de comunicación desde ese buzón”.

Por todo lo anterior, el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado inadmitir a trámite la resumida cuestión de inconstitucionalidad.