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Cesión de viviendas con fines turísticos: ¿Ya no es necesario informar a Hacienda?



  • La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha anulado y dejado sin efecto el art. 54 ter del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, introducido en 2017, que regula la “obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”, ya que su tramitación no fue comunicada a la Comisión Europea como era preceptivo

Según la Comunicación del Poder Judicial emitida en la jornada de ayer, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la Asociación española de la Economía Digital ADIGITAL contra el apartado 11 del art. primero del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se introduce en el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, un nuevo artículo 54 ter, que regula la ya citada “obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”.

El Supremo aplica al supuesta la sentencia del TJUE en el ‘caso Airbnb o Asunto C-390/18, de 19 de diciembre de 2019, de la que se desprende que una norma como el art. 54 ter del citado Reglamento “debía haber sido notificada bajo la Directiva 1535/2015 (procedimiento de información en reglamentaciones técnicas) y que su falta de notificación conlleva su invalidez”.

Informa el alto tribunal que “los términos de la sentencia del TJUE (…) son claros, estamos ante una disposición general que establece una serie de obligaciones a las entidades colaborativas prestadoras de servicio de la información, que aun siendo legítimas desde el punto de vista del ordenamiento jurídico interno, suponen un reglamento técnico de desarrollo de la Ley de trasposición de la directiva de información , y en consecuencia debería haber notificado el Estado español a la Comisión Europea la intención de aprobar la norma reglamentaria que ahora se impugna, lo que no ha hecho, por lo que se producen los efectos que se derivan de dicho incumplimiento formal, y en consecuencia, procede dar lugar al recurso contencioso-administrativo y anular y dejar sin efecto el reglamento impugnado por ser contrario a Derecho”.





En concreto, el contenido del aquí conflictivo art. 54 ter establecía, en su apartado primero, que “las personas y entidades que intermedien entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español en los términos establecidos en el apartado siguiente, vendrán obligados a presentar periódicamente una declaración informativa de las cesiones de uso en las que intermedien”. Asimismo, informa, en su apartado tercero, quiénes tendrán la consideración de intermediarios: “todas las personas o entidades que presten el servicio de intermediación entre cedente y cesionario del uso a que se refiere el apartado anterior, ya sea a título oneroso o gratuito”, y en particular, aquellas “personas o entidades que, constituidas como plataformas colaborativas, intermedien en la cesión de uso a que se refiere el apartado anterior y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información en los términos a que se refiere la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, con independencia de que presten o no el servicio subyacente objeto de intermediación o de que se impongan condiciones a los cedentes o cesionarios tales como precio, seguros, plazos u otras condiciones contractuales”.

¿Qué datos debía contener tal declaración informativa?





Según el apartado cuarto del ya, anulado y dejado sin efecto, art. 54 ter, la declaración informativa debía contener los siguientes extremos:

– En primer lugar, la identificación del titular de la vivienda cedida con fines turísticos así como del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda. Esta se realizaría mediante nombre y apellidos o razón social o denominación completa, y número de identificación fiscal.

– En segundo lugar, la lógica identificación del inmueble con especificación del número de referencia catastral.

– En tercer lugar, también resultaba oportuno, la identificación de las personas o entidades cesionarias así como el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos. Igualmente, tal reconocimiento se realizará mediante nombre y apellidos o razón social o denominación completa, y número de identificación fiscal.

– Y por último, la cantidad o importe percibido por el titular cedente del uso de la vivienda con fines turísticos o, en su caso, indicar su carácter gratuito.