Yolanda Díaz advierte que la convalidación de la reducción de jornada por el Gobierno abre un gran debate en nuestro país

Después de algo más de un año de negociaciones y un texto del Gobierno pactado con los sindicatos el pasado 20 de diciembre, este martes, 7 de mayo, curiosamente el mismo día en que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cumplía 54 años, el Consejo de Ministros aprobaba la tramitación como proyecto de ley de la reducción de jornada a 37,5 horas, acompañada por garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión.

En su intervención en la rueda de prensa tras finalizar dicho Consejo de Ministros, Díaz indicaba que la norma afectara a 12,5 millones de trabajadores entre las Comunidades Autónomas de Madrid, Andalucía y Cataluña, especialmente. “Hoy damos un paso decisivo para mejorar la vida a millones de personas trabajadoras en nuestro país, un impulso nuevo a la agenda social. Esta es una reforma que la gente de la calle quiere y que los grupos políticos tendrán que justificar por qué no la apoyan”, insistió.

La norma inicia, de esta manera, una compleja tramitación parlamentaria donde los primeros movimientos de Junts, que anuncia una enmienda a la totalidad para defender a las pymes catalanas, y la posición de Partido Popular (PP), VOX y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) no están claras. “Soy consciente de que la negociación será dura y se abre un debate en el país sobre esta cuestión. Es la hora de negociar y, en este sentido, la única línea roja es la propia reducción de jornada para que la jornada máxima legal sea de 37,5 horas semanales en cómputo anual tras más de cuatro décadas de vigencia de la establecida actualmente, de 40 horas semanales”.

En otro momento de su intervención Yolanda Díaz reconoció que es consciente de que en ese espacio de negociación que ahora se abre, donde el apoyo de los sindicatos de Comisiones Obreras (CC. OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT) va a ser clave para evangelizar sobre las bondades de la reducción de jornada a grupos políticos y otros colectivos, se abre la posibilidad a que el Ministerio de Trabajo implemente el Plan 375, que se puso sobre la mesa para las pymes de cara a acompañarlas en el tránsito a esa reducción de jornada con distintas medidas de acompañamiento.

Por una parte, con ese Plan 375 para las pymes, el Gobierno podría estimular e incentivar la creación del empleo indefinido, que se hará bonificando a las empresas que con la reducción de jornada creen puestos fijos de trabajo. Por otra, incentivará a que los actuales contratos a tiempo parcial puedan transformarse con la reducción de jornada en contratos a tiempo completo, “incrementando así la calidad de empleo y dejando atrás los contratos de jornadas reducidas”.

Esos incentivos económicos es posible que vayan acompañados de planes de formación y de acompañamiento personalizado a los pequeños y medianos empresarios, para asesorarles en la implantación de la jornada reducida en sus centros de trabajo.

El texto que se envía al Parlamento es el que se pacto con UGT y CC. OO. en diciembre del 2024. (Imagen: Borja Puig de la Bellacasa/ Pool de medios/ Moncloa)

Una reforma que la calle pide

Al final, se trata de implementar la jornada por ley. Una medida que ha enfrentado a Gobierno y sindicatos partidarios de aprobarlo por ley para luego vía negociación colectiva en distintos sectores se pudiera implementar; mientras que las organizaciones patronales, que al final no firmaron el texto de diciembre de 2024, reclamaban el procedimiento a la inversa, primero en la mesa de diálogo social y luego crear la norma.

A juicio de Díaz, esa aprobación por ley pretende que “este derecho llegue donde la negociación colectiva no llega, como camareros cuya jornada media es de 39,4 horas; cajeras y dependientas que trabajan más de 39 horas; igual que los agricultores y agricultoras o las personas cuidadoras con 38,6 horas semanales. También es la oportunidad de adaptar la normativa laboral a las nuevas realidades y formas de organización que han demostrado la viabilidad y beneficios asociados a las jornadas laborales más reducidas”.

Desde Trabajo se señala que con la norma se pretende reducir los accidentes laborales y disminuir el estrés. Las jornadas laborales prolongadas provocaron en el mundo 745.000 defunciones por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica en el año 2016, una cifra un 29% superior a la del año 2000.

La nueva norma pivota sobre un registro de jornada fiable, digital e interoperable, instrumento esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa de tiempo de trabajo y, en consecuencia, el derecho al descanso efectivo y erradicar las horas extraordinarias no ajustadas a derecho. Ese registro tendrá que gestionarlo la Inspección de Trabajo.

Ana Ercoreca, presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, reconocía que aún están esperando mejoras en sus condiciones de trabajo, reclamadas en el 2021 por un plan estratégico que aún no se cumple.

En este sentido el conjunto de inspectores, subinspectores y personal de apoyo han tenido un leve incremento de efectivos, pero aún sufren la discriminación de que muchos de ellos tienen el nivel 26 cuando deberían tener el 27, como el resto del colectivo a nivel remuneratorio. Ercoreca recuerda que “ahora, con la futura norma, las infracciones por el registro se contabilizarán por trabajador y podrán llegar a los 10.000 euros”.

Con el nuevo texto aprobado, las sanciones por incumplimientos en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, descansos, vacaciones, permisos y registro horario se estructurarán en tres niveles: infracciones de grado mínimo (1.000 a 2.000 euros); de grado medio (2.001 a 5.000 euros); y de grado máximo (5.001 a 10.000 euros), lo que será un elemento clave disuasorio para que las empresas cumplan con esta nueva normativa.

Por otra parte, se garantiza de manera más efectiva el derecho a la desconexión, que ya estaba en nuestro ordenamiento jurídico, pero que al no tener un régimen sancionador muchas empresas no lo han cumplido. Ahora se trata de evitar que pueda exigirse el desarrollo de la prestación fuera de los horarios pactados, respetando el derecho al descanso y a la propia intimidad de las personas trabajadoras.

Los sindicatos apoyarán las negociaciones

Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, indicó este martes que “el texto es el acordado con las organizaciones sindicales, con algunos cambios pactados con ellas tras el informe del CES”.

Según ha especificado el número dos del Ministerio de Trabajo, estos cambios consisten en aclarar cómo funciona el registro de la jornada y la reducción en el caso de las empleadas del hogar; o determinar qué ocurre en las empresas que no tienen convenio colectivo y quieren hacer uso de la flexibilidad que la norma da para llevar a cabo la reducción.

Tras meses de negociaciones, primero de centrales y patronales por su cuenta, y después junto al Gobierno, Díaz selló el acuerdo con CC.OO. y UGT. Lo presentaron el 20 de diciembre, hace más de cuatro meses. Tras un tira y afloja entre Economía y Trabajo, el anteproyecto de ley se aprobó en Consejo de ministros en primera ronda el 4 de febrero y ha vuelto al mismo tres meses después, antes de someterse al examen del Congreso de los Diputados.

En ese sentido el apoyo de los sindicatos para que la Cámara Baja tenga en consideración esta iniciativa será clave. Fernando de Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT, confirma a este medio que su organización sindical se reunirá con todos los grupos políticos y otras organizaciones para explicar las mejoras que introduce esta reducción de jornada: “Nosotros conseguimos un acuerdo con el Gobierno sobre esta cuestión además de fortalecer el derecho a la desconexión para que las personas dejen de trabajar y mejorar la eficacia del registro horario para reducir el número de horas extras que no se pagan”.

En este sentido recordó que en España se realizan casi 6 millones de horas extras a la semana, “de ellas alrededor de tres millones no se abonan ni se cotizan ni contribuyen a la Hacienda Pública. Eso es competencia desleal y se estafa a los trabajadores, de ahí que el nuevo registro digital e interoperable sea necesario. Creo que incluso que esta medida debería ser petición de las propias organizaciones empresariales, que, por el contrario, criticaban la medida. Ahora mismo la media de los convenios está en 38,4 horas, con lo cual el paso a las 37,5 horas no será tan traumático. Lo importante es que se abonen todas las horas que se hagan porque quedan registradas”.

Sobre el trámite de este proyecto de ley, los cálculos de este sindicalista señalan que el texto ratificado en el Consejo de Ministros tiene que ir al Parlamento en el mes de mayo, con la tramitación, votaciones, enmiendas a la totalidad y debate en la comisión correspondiente para luego ir al Senado. “Es previsible que serán unos cinco meses y nos situaríamos en octubre. El objetivo es que la norma contenga los tres puntos capitales: reducción, registro horario y desconexión. Con algunos periodos transitorios, que ayudarán a facilitar la implantación, podríamos tener norma aprobada y en vigor para enero del 2026”, señalaba el vicesecretario generañ de política sindical de UGT.

Fernando de Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT, confirma que su organización sindical se reunirá con todos los grupos políticos y otras organizaciones para explicar las mejoras que introduce esta reducción de jornada. (Imagen: UGT)

Negociación política intensa

Con la aprobación del proyecto de ley y el envío al Congreso para su tramitación parlamentaria se abre un debate importante de cara a que el Gobierno tenga los votos suficientes para aprobar esta ley. De conseguirlo, la norma da un plazo hasta diciembre del 2025 para que todas las empresas españolas que no lo hayan hecho adapten su jornada laboral a las 37,5 horas, negociadas con los sindicatos. Esta medida podría interrumpir algunos convenios colectivos en vigor para adaptarse al nuevo marco laboral horario en nuestro país.

Lo cierto es que desde el Partido Popular todavía no hay una postura oficial al respecto. Varios barones han mostrado su negativa a rebajar la jornada de trabajo, pero en el horizonte aún sobrevuelan las declaraciones de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, abriendo la puerta a una semana laboral de cuatro días “en algunos sectores”.

Ante las dudas de los populares, los empresarios se encomiendan a Junts, que anunció este lunes que presentaría una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada cuando la iniciativa llegue a la Cámara Baja.

Las enmiendas a la totalidad suponen un examen previo en la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley con las que un grupo parlamentario puede devolver la legislación al Gobierno o proponer un texto completo alternativo. Si se supera este veto de partida, las formaciones políticas pasan a debatir el contenido de la norma, con la opción de presentar enmiendas parciales para modificar su articulado.

Ha sido la portavoz de los neoconvergentes, Míriam Nogueras, la que ha ratificado la posición de su partido al considerar que la propuesta impulsada por la vicepresidenta segunda del Ejecutivo “es un ataque frontal a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Además, endurece el control horario y las multas ante su incumplimiento y concreta algunas cuestiones del derecho a la desconexión digital”.

“Nos hemos encontrado la puerta cerrada ante la posibilidad de poder negociar si quiera una coma del texto, que se ha negociado sólo con los sindicatos españoles. Se ha dado la espalda al tejido productivo de Cataluña”, ha añadido Nogueras.

Desde Junts, su portavoz Míriam Nogueras, anuncia una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de reducción de jornada. (Imagen: RTVE)

Sin embargo, tras escuchar a la ministra Díaz este martes, queda claro que habrá una nueva negociación para revertir el punto de vista de esta y otras formaciones políticas como PNV y Partido Popular para que apoyen dicha reforma. Desde Junts se pide que sean los convenios de las medianas empresas los que establezcan la jornada en función de su sector, tamaño y necesidades.

Por su parte, Yolanda Díaz lanzó un dardo al PP en su intervención: “Al señor Feijoo le diría qué es lo que quiere, si mejorar la vida de la gente en el futuro con esta medida, o seguir peleándose con el Gobierno de España como en otras ocasiones. Los políticos deben hacer un ejercicio de responsabilidad frente a este tema”, comentaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.