En este episodio de Ultima Ratio, el abogado penalista Antonio Jesús Rubio Martínez habla con el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra, Ramón Ragués i Vallès, autor de La prisión provisional como ultima ratio (Marcial Pons), sobre una de las instituciones más delicadas del proceso penal: la privación cautelar de libertad de personas que, jurídicamente, siguen siendo inocentes.

La conversación gira en torno a una idea central: la prisión provisional debería ser una medida verdaderamente excepcional, pero en la práctica sigue ocupando un espacio excesivo dentro del sistema penal español. A partir de ahí, ambos analizan sus fundamentos, su aplicación judicial, la falta de alternativas reales y las insuficiencias del sistema de compensación cuando la causa termina en absolución.

Un libro escrito desde la práctica y la teoría

Ramón Ragués explica que su interés por esta materia viene de lejos. A su trayectoria académica se suma su experiencia como magistrado suplente y su cercanía profesional a numerosos casos, lo que le ha permitido observar de primera mano cómo funciona realmente la prisión provisional.

A su juicio, en España existían buenos trabajos sobre la materia, pero en su mayoría procedían del Derecho procesal y ofrecían una visión más descriptiva que crítica. Con La prisión provisional como ultima ratio, su propósito fue aportar una mirada distinta: conectar la institución con problemas de fondo del Derecho penal, como la función de la pena, los límites del castigo y la racionalidad del sistema.

El gran problema: la excepcionalidad no siempre se toma en serio

Preguntado por el principal problema de la prisión provisional en España, Ragués sitúa el foco tanto en la ley como en la práctica judicial. Por un lado, entiende que la regulación no favorece con suficiente claridad el recurso prioritario a medidas cautelares menos gravosas. Por otro, considera que la valoración judicial de los riesgos procesales continúa siendo demasiado amplia y poco restrictiva.

A ello se añade un tercer elemento: la falta de medios materiales para aplicar otras fórmulas de control. Según explica, ni el legislador ni el ejecutivo han impulsado con decisión un sistema cautelar más moderno y más coherente con el principio de subsidiariedad.

Una pena anticipada en términos materiales

Uno de los momentos más contundentes de la conversación llega al abordar si la prisión provisional puede considerarse o no una pena anticipada. La respuesta de Ragués es clara: formalmente no lo es, pero materialmente sí.

La razón es sencilla. La experiencia de entrar en prisión, verse privado de libertad, separado de la vida personal, familiar y profesional, y sometido al mismo entorno penitenciario que una persona condenada tiene un indudable contenido aflictivo. En ese sentido, resulta difícil sostener que no existe una dimensión materialmente punitiva.

La entrevista insiste así en una idea esencial: la prisión provisional implica la privación más intensa de libertad que admite el ordenamiento respecto de alguien que todavía no ha sido condenado.

(Imagen: E&J)

Sin datos, el sistema funciona a ciegas

Otro de los déficits señalados por el catedrático es la falta de estudios empíricos sólidos sobre la prisión provisional y sobre el rendimiento real de otras medidas cautelares. En España no existe una cultura institucional suficientemente desarrollada de recopilación de datos que permita saber cuántos investigados en libertad se fugan realmente, cuántos destruyen pruebas o cuántos reinciden.

Para Ragués, ese vacío tiene consecuencias muy serias. No solo impide evaluar si el recurso a la prisión provisional está sobredimensionado, sino que además deja a los jueces sin una base objetiva suficiente para valorar riesgos. Con frecuencia, las decisiones cautelares acaban apoyándose más en intuiciones, inercias o experiencias fragmentarias que en un conocimiento ordenado del funcionamiento del sistema.

El riesgo de fuga ya no puede pensarse como hace décadas

Antonio Jesús Rubio Martínez plantea durante la entrevista que en muchas ocasiones el riesgo de fuga se sigue analizando como si bastara salir del país para desaparecer. Ragués comparte esa crítica y considera que esa manera de razonar no responde a la realidad actual.

La cooperación judicial y policial internacional, especialmente en el ámbito europeo, ha cambiado radicalmente las posibilidades de localización y entrega de investigados. Por eso, seguir valorando el riesgo de fuga como si estuviéramos en otra época conduce a decisiones exageradas y poco ajustadas al contexto real.

Además, subraya una idea especialmente relevante: el hecho de ser ciudadano de otro país de la Unión Europea no debería operar automáticamente como un factor agravante a efectos cautelares, precisamente porque el espacio europeo dispone de instrumentos muy avanzados de cooperación.

Los incentivos del sistema favorecen la prisión

Ragués introduce también una reflexión muy significativa sobre la posición del juez. En muchos casos, explica, hace falta valentía para no acordar prisión provisional. El juez que envía a prisión al investigado rara vez se equivoca desde el punto de vista funcional: mientras esa persona está encarcelada no huirá, no reincidirá y no frustrará el proceso. Además, si el asunto es mediático, la opinión pública suele recibir bien esa decisión.

En cambio, el juez que deja en libertad al investigado se expone a una fuerte crítica si luego sucede algo adverso. Esa asimetría genera un incentivo estructural en favor de la cautela más gravosa. El resultado es una cultura judicial en la que la prisión provisional aparece muchas veces como la opción más segura para quien decide, aunque no necesariamente sea la más justa ni la más proporcionada.

Faltan medidas alternativas reales

La entrevista dedica también atención a la escasez de alternativas efectivas. Para Ragués, España sigue sin desarrollar suficientemente instrumentos como el arresto domiciliario con control telemático, que en otros países se emplea con mayor normalidad.

No se trata solo de una carencia teórica. El problema es que, al no existir una red cautelar verdaderamente diversificada y operativa, el principio de subsidiariedad queda debilitado. Si las alternativas no están reguladas de forma suficiente o no pueden ejecutarse de manera eficaz, la prisión provisional acaba ocupando un espacio que no debería corresponderle.

Centro Penitenciario de Alcalá Meco. (Imagen: Ministerio del Interior)

La absolución posterior no repara realmente el daño

Uno de los pasajes más duros del episodio se refiere a los casos en los que una persona pasa meses o años en prisión provisional y termina siendo absuelta. En esos supuestos, la compensación jurídica solo puede articularse, en la práctica, a través de una indemnización económica. Pero Ragués considera que esa respuesta es claramente insuficiente.

El tiempo perdido, el sufrimiento padecido, el deterioro reputacional y los daños familiares y personales no pueden repararse de verdad con dinero. Y, además, las cuantías concedidas suelen estar muy lejos de representar adecuadamente la magnitud del perjuicio sufrido.

Una mejora histórica, pero un claro estancamiento reciente

En la parte final, Ramón Ragués ofrece una valoración equilibrada. Reconoce que, si se observa la evolución histórica en perspectiva amplia, el sistema español ha mejorado mucho respecto de décadas pasadas. La jurisprudencia constitucional y la evolución general del proceso penal introdujeron avances importantes en términos de garantías.

Sin embargo, también advierte de un estancamiento en los últimos veinte años. No se han desarrollado nuevas medidas alternativas, no se ha modernizado suficientemente la gestión de información y no se han producido pronunciamientos de la intensidad necesaria para impulsar una nueva etapa de reformas.

Por eso, el mensaje final de la conversación es claro: no basta con conformarse con las mejoras del pasado. Si la prisión provisional afecta directamente a la libertad de personas inocentes, el sistema tiene la obligación de seguir revisándose y corrigiéndose.

Una conversación imprescindible sobre garantías

El diálogo entre Antonio Jesús Rubio Martínez y Ramón Ragués i Vallès deja una conclusión precisa: la prisión provisional sigue siendo una institución profundamente problemática, no solo por su dureza material, sino también por la facilidad con la que puede llegar a normalizarse en la práctica.

El episodio de Ultima Ratio ofrece así una reflexión especialmente valiosa sobre los límites del poder cautelar del Estado, la necesidad de decisiones judiciales valientes y la urgencia de construir un sistema más racional, más empírico y más respetuoso con el principio de excepcionalidad.