En este episodio de Ultima Ratio el abogado penalista Antonio J. Rubio Martínez habla con Inmaculada Domínguez Fabián, profesora de Economía Financiera en la Universidad de Extremadura e investigadora principal del proyecto ECOVIO, y con Alba Rodríguez Machado, magistrada del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Badalona.

La charla aborda una realidad todavía poco visible y escasamente comprendida: la violencia económica, una forma de maltrato que atraviesa silenciosamente la vida de miles de mujeres y que, como subraya Domínguez, puede prolongarse mucho más allá de la convivencia de pareja.

Domínguez explica que la violencia económica se define como toda acción dirigida a limitar, suprimir o controlar el acceso de una mujer a los recursos económicos, propios o compartidos, de manera injustificada e intencionada. Esta forma de violencia —reconocida en el Convenio de Estambul y en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género— afecta no solo al presente de quien la sufre, sino también a su capacidad futura de mantenerse a sí misma y a sus hijos. “Una deuda o un impago sostenido puede acompañar a la mujer durante toda su vida”, advierte la profesora, recordando que los efectos recaen también sobre los hijos e hijas, víctimas directas de ese desequilibrio económico.

La magistrada Rodríguez Machado añade que, aunque el Pacto de Estado ya reconoce la violencia económica como una forma de violencia de género, aún no está tipificada expresamente en el Código Penal. En la práctica, muchos de estos comportamientos se encuadran hoy en figuras como el impago de prestaciones económicas (artículo 227 CP). Sin embargo, el Convenio de Estambul, plenamente vigente en España, obliga a los tribunales a considerar estas conductas como manifestaciones de violencia de género. El reto legislativo, explica, consiste en darles una configuración propia que refleje su especificidad: “Hablamos de una violencia que no siempre deja marcas visibles, pero que puede condicionar durante años la vida de las víctimas”.

Lejos de limitarse a un determinado perfil social, la violencia económica afecta a mujeres de todas las edades, rentas y niveles de formación. En las clases medias y altas, el control se ejerce a menudo mediante retrasos estratégicos en los pagos, bloqueos de gastos extraordinarios o decisiones unilaterales sobre los recursos comunes. En el ámbito rural, los patrones cambian: alteraciones en la titularidad de las tierras o de las cooperativas, falta de cotización en la Seguridad Social pese a trabajos reales o negocios familiares registrados solo a nombre del marido. Rodríguez Machado recuerda que todavía hoy hay mujeres que han trabajado toda su vida en el hogar o en explotaciones familiares sin cotizar ni figurar como titulares de los bienes, lo que las deja, al llegar la vejez, sin una pensión contributiva.

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El proyecto ECOVIO ha permitido poner cifras y matices a estas realidades. En la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, cerca de un 10 % de las encuestadas reconoce haber sufrido algún tipo de control o privación económica: decisiones unilaterales sobre el dinero, negativa a entregar fondos para gastos esenciales o uso indebido de sus cuentas o tarjetas.

ECOVIO fue más allá e investigó qué ocurre tras la separación, cuando la convivencia termina pero la dependencia económica continúa. En las entrevistas realizadas a más de cuatrocientas mujeres, los resultados fueron claros: entre un 40 y un 50 % de las que no habían sufrido otras formas de violencia durante la convivencia experimentaron abusos económicos tras la ruptura; el porcentaje se elevó por encima del 70 % entre quienes sí habían sufrido violencia de género. A ello se suma una dificultad añadida: la lentitud de los procedimientos judiciales. Recuperar una pensión impagada o una deuda compartida puede tardar años, lo que obliga a muchas mujeres a asumir en solitario los gastos del día a día.

En los testimonios recogidos por ECOVIO, aparecen tres grandes patrones de comportamiento: el control económico, que abarca desde exigir explicaciones por cada gasto hasta retrasar deliberadamente pagos; la explotación económica, que implica cargar deudas o créditos a nombre de la mujer o hacer que ella cubra en solitario los gastos comunes; y el sabotaje laboral, que se manifiesta tanto en la convivencia —impidiendo o dificultando el trabajo de la pareja— como después de la ruptura, cuando el incumplimiento de los regímenes de custodia o las llamadas constantes afectan directamente a su empleo. “No hay un perfil único de víctima”, resume Domínguez, “pero sí un patrón común: el uso del dinero como instrumento de poder”.

Más allá de la investigación, ECOVIO ha impulsado líneas estables de educación y formación. ECOVIO Educa trabaja con estudiantes de Bachillerato, FP y primeros años universitarios para desmontar estereotipos sobre el dinero y la corresponsabilidad económica, mediante materiales visuales y talleres participativos. ECOVIO Formación se dirige a trabajadores sociales, psicólogos forenses y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, adaptando contenidos a cada nivel de intervención. Y el nuevo ECOVIO Jurídico busca implicar a abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia y magistrados, de modo que puedan detectar e integrar la violencia económica en sus actuaciones.

Rodríguez Machado subraya dos necesidades urgentes: garantizar que la víctima pueda mantener la misma asistencia letrada cuando la violencia pasa de física a económica, e incluir preguntas específicas sobre esta forma de abuso que aún no la contemplan adecuadamente.

Durante la conversación surge también una reflexión cultural. Hablar de dinero sigue siendo, para muchas personas, un tema tabú. Esa reserva, que a menudo se confunde con discreción o confianza, dificulta identificar situaciones de abuso y normaliza dinámicas de control. “Parece que si mencionas el dinero pierdes credibilidad”, señala Domínguez, recordando el prejuicio —todavía arraigado— de que una víctima que reclama una indemnización actúa por interés. “Sin embargo, el derecho a la reparación económica forma parte del Estatuto de la Víctima; ninguna otra víctima de delito debe renunciar a él para ser creída”.

El proyecto, financiado por la Unión Europea y posteriormente respaldado por los Ministerios de Igualdad y de Derechos Sociales, ha abierto una línea de investigación continua. Tras el estudio inicial, ECOVIO centra ahora su atención en dos colectivos especialmente vulnerables: las mujeres del medio rural y las migrantes, cuyos contextos culturales y económicos plantean desafíos específicos. “Hace cinco años —concluye Domínguez— era impensable que el Pacto de Estado incluyera la violencia económica como forma de violencia de género. Hoy esa realidad empieza a cambiar, y eso se debe al trabajo conjunto de quienes investigan, imparten justicia y acompañan a las víctimas”.