Cuando la política se burla del Derecho

Hace tiempo que se viene apreciando —al menos esa es mi impresión— una progresiva huida de la política respecto del Derecho. Se trata, desde otra perspectiva, de una especie de expulsión del Derecho de la política, a veces en forma abrupta y otras veces más taimada, de modo que en apariencia se está dando cumplimiento a las normas, pero sólo formalmente porque se vulneran en su espíritu y, por tanto, en su recta interpretación.

Así ha ocurrido y viene ocurriendo de modo exponencial en la presente XV Legislatura. Ya desde su principio se pudieron observar ciertas irregularidades absolutamente inadmisibles. El Gobierno, que estaba en funciones y lógicamente sólo para atender cuestiones urgentes más allá de su función ordinaria, comenzó a satisfacer exigencias de terceros para lograr la investidura del candidato de su partido.

Así ocurrió prestando parlamentarios propios a otros para que pudieran constituir grupo parlamentario propio, vulnerando así el propio Reglamento del Congreso, dotándoles de unas facultades de intervención mayores de las que las urnas les habían concedido y comprometiendo injustamente un desembolso de dinero público más elevado.

Si otras veces se ha hecho, será igualmente rechazable y nunca podrá justificar su perpetuación como “uso parlamentario normal”.

Otro ejemplo: se acudió por el Gobierno en funciones, de una manera acelerada y urgente, a solicitar de la Unión Europea la incorporación del catalán como lengua oficial en su seno, por cuanto era una exigencia de alguno de sus futuros socios para darle sus votos al candidato de su partido.

Es evidente que un Gobierno tiene que ser neutral en cuanto a la constitución del nuevo Congreso y la discusión y aprobación de una nueva investidura. En consecuencia se trató —al menos para mí— de una actuación prevaricadora. Por otra parte tal exigencia resultaba absurda y esquizofrénica ya que, si sus presuntos beneficiarios pretendían separarse de España, automáticamente el catalán debía desaparecer como lengua oficial en la UE.

Más grave fue la amnistía, sobre la que me extenderé ahora lo mínimo porque en pocos años ya será considerada como uno de los episodios más lamentables, inexplicables e injustos de la historia de España y del Derecho Constitucional español. Los estudiantes siempre nos veíamos sorprendidos cuando, normalmente en el Programa de Filosofía del Derecho, se estudiaba el problema del Derecho Injusto, incluso aunque no comprometiera a la propia Constitución. Ahora los docentes tienen un ejemplo claro para hacer comprender a los alumnos de qué se trata.

El Tribunal Constitucional ha admitido el ajuste de la amnistía a la Constitución Española en una sentencia harto criticable desde el punto de vista jurídico y político, porque sacrifica su aspecto jurídico en favor del político. Tanto es así que, incorporada la amnistía como modo de ejercicio del derecho de gracia en nuestro ordenamiento, sería urgente su regulación mediante una ley orgánica para fijarle un marco normativo de cara al futuro.

Pues bien, esa posible ley —con toda seguridad— no podría ser admitida por el Tribunal Constitucional como conforme con la Constitución si en su regulación podía dar cabida a una amnistía como la que ha posibilitado la formación de este Gobierno. Seguro que, en una futura y deseable regulación, no podría ser aprobada con una mayoría aritmética no reforzada, con la exigencia de un consenso social y con  la exigencia de un pronóstico serio de que sus beneficiarios no reincidirán  en la misma actividad delictiva.

Continúo con el mismo común denominador del progresivo apartamiento de la Política del Derecho. Produce escalofríos la frecuente expresión de los políticos de turno, presidente del Gobierno y sus integrantes sobre todo, de la necesidad de “desjudicializar” la Política. ¿Qué significa? Pues precisamente eso, colocar a la política fuera de la aplicación del Derecho (a legibus solutus) para resolver cualquier cuestión en “camarillas” con negociaciones inconfesables, por ilícitas, para luego presumir de la más pulcra transparencia.

No me cabe duda de que eso es lo que late en el fondo del apoyo a la amnistía. Hay mucho personaje público que no estuvo de acuerdo con que se actuara judicialmente contra los insurrectos de octubre de 2017, pese a reconocer que su actuación era delictiva y perfectamente encuadrable en el Código Penal.

Hay que tener en cuenta que lo grave no fue lo que lánguidamente afirma algún activista separatista, casi con lágrimas en los ojos, en el sentido de “poner urnas”,  sino desafiar a todo un ordenamiento jurídico consolidado con desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional, al que negaron competencia alguna para intervenir respecto de lo que iba decidiendo el Parlamento Catalán.

Fueron unos cuantos —bastantes— y desde luego no la mayoría de los catalanes, pero pretendían —y siguen pretendiendo— una consulta para poder intoxicar voluntades por todos los medios posibles y lograr una mayoría, aprovechando la abstención, que permita romper el Estado Español tal como está constituido desde hace siglos. Para eso habría que acudir a la posible reforma constitucional o incluso a peticiones dirigidas a instancias internacionales para que reconozcan ese derecho, pero no se puede admitir la actuación delictiva.

Esa burla del Derecho desde la Política ha sido reiterada por una reciente actuación política que pudiera calificarse de menor, pero que tiene una especial importancia.

El Gobierno otorga a Zapatero la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort y ha generado malestar entre los juristas. Salas Carceller escribe en este artículo que va a renunciar a esa condecoración que él también tiene como otros juristas. (Imagen: Congreso de los Diputados)

Hace unos días —concretamente el pasado 25 de junio— aparecieron en el Boletín Oficial del Estado sendos Reales Decretos por los que se concedía la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a don José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente del Gobierno, y a don Pedro Javier González Zerolo, político y conocido activista LGTBI, desgraciadamente fallecido hace años como consecuencia de una grave enfermedad.

Lo había decidido el Consejo de Ministros en su reunión celebrada el día anterior, parece ser que para conmemorar su intervención en la aprobación de una ley del año 2005 que, concretamente, modificaba el artículo 44 del Código Civil añadiéndole un párrafo segundo según el cual: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

Esto constituye una decisión política importante y trascendente para gran número de personas, pero desde el punto de vista de técnica o labor legislativa carece de un valor jurídico que justifique la concesión de esta alta distinción, la cual se creó y está destinada a premiar la actividad destacada en el ámbito del Derecho y de la Justicia. Esto fue lo que dio lugar a que se instaurara esta condecoración, curiosamente en  la época de Franco, mediante Decreto de 22 de enero de 1944, ciertamente con una finalidad bien distinta.

Con el máximo respeto a las personas, aunque no a determinadas actuaciones como ésta por parte de los concedentes, entiendo que nos encontramos ante una desnaturalización de la referida condecoración y un uso político de la misma, reflejo de un claro nepotismo.

Ello me ha llevado a renunciar a esa condecoración, que en su día me fue concedida; lo que hago tras 43 años de servicio ininterumpido a la Administración de Justicia, los 15 últimos como magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo de España. También reiterando mi agradecimiento a quienes propiciaron que me fuera concedida, el cual permanece incólume.