Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2025

En 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció el día 3 de diciembre, mientras que en nuestro país, el Consejo de Ministros acordó en 2019 establecer el día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Por su parte, el 11 de junio de 2019, el Secretario General, António Guterres, lanzó la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, acorde con su compromiso de hacer que las Naciones Unidas sean una organización inclusiva para todos.

La Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad constituye la base de un progreso sostenible y transformador hacia la inclusión de la discapacidad en todos los pilares de la labor de la ONU. Con esta estrategia, las organizaciones del sistema de la ONU reafirman que la realización plena y completa de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad es un componente inalienable, indisociable e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

En 2025, el Secretario General presentó su sexto informe sobre las medidas adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas. En él se reseñan los avances conseguidos para impulsar la inclusión de la discapacidad, se destacan los retos y oportunidades nuevas  o permanentes que se presentan a través de la aplicación de la Estrategia. Además, el informe esboza y esboza las áreas clave en las que hay que centrarse para seguir movilizando el sistema en favor de un mundo inclusivo, accesible y sostenible para todos.

En otro plano, la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 se aprobó por Acuerdo de Consejo de Ministros el pasado día 3 de mayo de 2022. Concebida como una hoja de ruta ambiciosa y posibilista, para que el Estado español, a través de sus administraciones y poderes públicos, contribuya a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias. En su elaboración están muy presentes la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Con esta Estrategia, España sigue la estela de la Unión Europea, que acaba de adoptar un marco similar para el periodo 2021-2030. Dos herramientas que convertirán la inclusión en una política comunitaria pero también en una política de estado.

Esta herramienta nace igualmente para dar voz en las políticas públicas, empoderar y apoyar a las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo, y para que las personas con discapacidad psicosocial la vean como elemento de orientación hacia sus derechos humanos.

(Imagen: Impulso 06)

Por otra parte, el Informe 10 del ODISMET (Observatorio Estatal de la Discapacidad): “avances y desafíos en la inclusión laboral”, destaca los siguientes aspectos de la población con discapacidad en el ámbito laboral:

• Crecimiento de la población con discapacidad. Desde el año 2014, el número de personas con discapacidad en edad laboral ha crecido un 11,7%, alcanzando 1.946.800 personas en 2023.
• Envejecimiento del colectivo. En 2023, el 73% de las personas con discapacidad en edad laboral se encuentra en el grupo de edad de 45 a 64 años. En el informe se apunta la necesidad de impulsar políticas y estrategias de integración que orienten sus objetivos hacia una atención específica y ajustada a las características para esta franja de edad.
• Incremento de las personas con discapacidad psicosocial. Este perfil de discapacidad ha crecido durante el período de estudio (2014-2023) un 18%: Este incremento ha sido especialmente notable especialmente tras la pandemia, lo que demanda acciones para romper estereotipos y facilitar su integración laboral.
• Alta inactividad laboral. El 64,5% del colectivo está inactivo, con un crecimiento de la tasa de actividad de solo 1,9 puntos en 10 años. Esto evidencia la necesidad de acciones motivacionales hacia el empleo, acciones que definan de forma clara la compatibilidad entre incapacidad y empleo y evidencien los beneficios de la actividad laboral.
• Brecha en la tasa de empleo. La brecha en la tasa de empleo entre las personas con y sin discapacidad, lejos de reducirse, se ha incrementado a lo largo del ciclo estudiado, llegando a alcanzar los -40,5 puntos en 2023, frente a los -36,3 registrados en 2014.

Aunque ha habido un crecimiento en la tasa de empleo del colectivo (5,9% desde 2014), este avance es insuficiente para cerrar esta brecha. Esto refleja que no se han producido avances significativos en la integración laboral.

• Desempleo de larga duración. El 59,4% de los desempleados con discapacidad son parados de larga duración. Este problema se concentra principalmente en el segmento de 45 a 64 años.
• Contratación. Aunque el volumen de contratos ha crecido un 58,8% desde el año 2013, el porcentaje de contratos a personas con discapacidad sobre el total solo ha aumentado 6 décimas. Esto supone que el crecimiento de la contratación no responde a una mayor creación de empleo para el colectivo, sino a un incremento del empleo a nivel general. Por otro lado, las mujeres siguen manteniendo unos niveles de contratación por debajo de los hombres. El informe señala también que la reforma laboral de 2021 ha favorecido la contratación indefinida, reduciendo la temporalidad en 22,7 puntos porcentuales desde 2013.
• Precariedad laboral. Las principales ocupaciones del colectivo son de baja cualificación, como «ocupaciones elementales» y «servicios de restauración», suman más del 66% del empleo creado a personas con discapacidad en los últimos 11 años.
• Brecha salarial entre personas con y sin discapacidad. Las personas con discapacidad ganan un 18,7% menos que la población sin discapacidad, con una diferencia promedio de 5.065 € anuales en 2022.
• Riesgo de pobreza o exclusión social. En 2023, el 31,5% de las personas con discapacidad viven en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 26,1% de la población sin discapacidad.
• Formación. El nivel formativo de las personas con discapacidad mejora de manera continua. La formación superior en el colectivo crece en 4,7 puntos porcentuales desde 2014, sin embargo, esto no se refleja en la misma medida en la contratación.
• Prestaciones sociales. Las pensiones contributivas han crecido ligeramente, pero las no contributivas muestran una tendencia decreciente, limitando la cobertura de las necesidades del colectivo. En 2023, las pensiones de vejez suman tan solo 11 personas beneficiarias. Las pensiones de ingresos mínimos se han reducido en esta década un 78%, y las de ayuda a terceras personas, un 79,6%.

En el ámbito internacional, Advanced Personnel Management (APM), Clarins, Egis, Pluxee y Sandoz son las cinco últimas empresas multinacionales miembros de la Red Global de Negocios y Discapacidad (GBDN) de la OIT, habiéndose incorporado en el primer trimestre de 2025. Además, la Asociación de Empleadores de Tanzania (ATE), con el apoyo de la ONG internacional Sightsavers y la OIT, lanzó en marzo una Red Nacional de Empresas y Discapacidad, que anima y apoya a las empresas del país a adoptar políticas y prácticas laborales que incluyan a las personas con discapacidad.

La GBDN de la OIT es una plataforma mundial única que actualmente cuenta con 43 empresas multinacionales, 45 Redes Nacionales de Empresas y Discapacidad y 7 miembros asociados no empresariales, incluida la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA), que trabajan conjuntamente para promover el empleo e inclusión de personas con discapacidad en el sector empresarial. Cada vez más empresas en todo el mundo están reconociendo la necesidad económica y ética de promover la inclusión de las personas con discapacidad.

Con todo, resulta indudable que aún hay un largo camino por recorrer para lograr la plena igualdad de las personas con discapacidad y su plena integración social, cultural, económica, laboral y profesional, por lo que tanto las administraciones públicas como las entidades privadas y la sociedad en general deberán implicarse con mayor decisión para conseguir tal objetivo.