Digitalizar no es automatizar obstáculos: propuestas para garantizar el derecho de defensa en la justicia digital

Sobre el papel, pocas reformas han generado tanto consenso entre los operadores jurídicos como la necesidad de digitalizar la Justicia. En ese sentido, la implantación del expediente judicial electrónico y otros avances tecnológicos deberían haber supuesto un paso adelante hacia un sistema más ágil, moderno y accesible, pero la realidad diaria en los juzgados es bien distinta: abogados y procuradores se enfrentan a disfunciones serias que comprometen no solo su ejercicio, sino también el derecho de defensa de los ciudadanos.

Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid hemos detectado problemas estructurales que afectan directamente al trabajo cotidiano de miles de abogados y abogadas. Algunos de ellos resultan especialmente graves en el ámbito del Turno de Oficio, donde el desequilibrio de medios y el déficit organizativo tienen consecuencias directas sobre los derechos de las personas más vulnerables.

La falta de criterios claros sobre la implantación del expediente judicial electrónico y sus tiempos, las desigualdades en su implantación en las distintas comunidades autónomas, la exigencia de formatos específicos que no siempre se ajustan a la realidad documental —como los archivos PDF/A con OCR— y la falta de consolidación en los expedientes judiciales electrónicos en muchos juzgados son solo algunas de las cuestiones que están generando inseguridad jurídica y frustración entre los profesionales.

No hablamos de incidencias menores, sino de situaciones que provocan, por ejemplo, que una demanda pueda ser inadmitida por no haberse reconocido informáticamente, de forma correcta un documento. O que los letrados del Turno de Oficio tengan que preparar sus defensas sin contar con un expediente completo, ordenado o numerado, mientras que fiscales y jueces sí disponen de esa información.

En algunos casos, esta carencia impide incluso justificar la especial complejidad de un procedimiento ante la Audiencia Nacional, basado en el número de folios de una causa, ante la imposibilidad de conocer de cuantos se conforma, lo que repercute directamente en la retribución del profesional.

(Imagen: E&J)

Frente a esta realidad, el ICAM ha elaborado una hoja de ruta con propuestas concretas para corregir estas disfunciones. La primera es establecer un calendario oficial y público del despliegue del expediente judicial electrónico, con hitos verificables e información clara para todos los operadores jurídicos.

También proponemos incorporar mejoras tecnológicas que faciliten el cumplimiento de los requisitos técnicos, por ejemplo, que Lexnet detecte automáticamente si un documento cumple con el formato exigido y, en caso contrario, permita convertirlo con garantías mediante autofirma, dejando constancia de esa transformación, así como la completa trazabilidad de la presentación

Además, defendemos la necesidad de aprobar una instrucción técnica y organizativa que obligue a los juzgados a consolidar el expediente judicial electrónico. Esto incluye la incorporación ordenada de todos los escritos, con metadatos, firma digital y número de orden, así como la generación de un índice cronológico autenticado de las actuaciones.

Solo así será posible garantizar que todas las partes dispongan de la misma información y que el expediente cumpla su función probatoria.

Otro de los puntos clave es la creación de un protocolo técnico-procesal unificado que contemple la formación obligatoria para jueces, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados y procuradores. Sin capacitación adecuada y sin una cultura compartida sobre el uso del sistema, cualquier avance tecnológico corre el riesgo de convertirse en una fuente de errores.

A ello sumamos la necesidad de establecer una fecha límite para que todos los órganos judiciales operen con un expediente electrónico íntegro y accesible.

Por último, proponemos habilitar un canal de incidencias específico que permita denunciar la falta de consolidación o los fallos en la integridad del expediente. Este canal debe servir para recoger las alertas de los profesionales cuando se enfrentan a expedientes desordenados, con documentos omitidos o inaccesibles. No como un ejercicio burocrático más, sino como una herramienta para corregir, con rapidez, los problemas que afectan al día a día de los procedimientos judiciales y, especialmente, para acreditar la efectiva presentación de un escrito y sus documentos, aun cuando pudiera haber sido rechazado por el sistema por problemas informáticos.

La transformación digital no puede abordarse de espaldas a quienes sostienen la Administración de Justicia con su trabajo diario. Abogacía y procura no deben asumir las carencias estructurales de las oficinas judiciales ni las disfunciones técnicas de los sistemas. Tampoco puede trasladarse a los ciudadanos —y, en especial, a los más vulnerables— las consecuencias de un modelo digital diseñado sin la participación de los operadores jurídicos, que no garantiza, en este momento, la igualdad de armas ni la transparencia procesal.

Por eso, desde el ICAM seguimos insistiendo en que la digitalización de la justicia no puede limitarse a incorporar tecnología. Requiere reflexión jurídica, gobernanza compartida y responsabilidad institucional. Y sobre todo, exige tener claro que lo importante no es el expediente digital en sí, sino su utilidad como instrumento para asegurar un proceso con garantías.

No hablamos de herramientas, sino de derechos.