Dignidad de la Abogacía (capítulo V): la falsa promesa de la Mutualidad y la nueva asfixia que amenaza a la dignidad de la abogacía española

El Gobierno ha vuelto a anunciar una subida de las cuotas de autónomos para 2026. Las llamadas “cotizaciones por ingresos reales” se incrementarán entre 17 y más de 200 euros al mes, según el tramo. Se “vende” como un avance hacia un sistema más justo, pero para miles de abogados y abogadas autónomos —que ya viven atrapados entre la inseguridad económica y la ruina moral de su sistema de previsión—, esta subida no es una mejora: es un golpe más en una larga cadena de abusos.

Durante décadas, a los profesionales de la abogacía se les ofreció una elección: integrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o permanecer en la Mutualidad de la Abogacía, presentada como “sistema alternativo” y de confianza profesional. Muchos —la mayoría de los colegiados entre los años 80 y los 2.000— optaron por la Mutualidad, convencidos de que era una forma solidaria y corporativa de garantizar su jubilación.

Hoy esa confianza se ha demostrado infundada. Miles de abogados jubilados perciben pensiones irrisorias, en muchos casos inferiores al salario mínimo, sin revalorización, sin red de asistencia y sin posibilidad de corregir el error cometido.

El supuesto “modelo alternativo” ha resultado ser, en la práctica, un sistema privado de capitalización mal gestionado, donde las decisiones se tomaron bajo el discurso del corporativismo pero con la lógica del beneficio financiero.

Lo más grave no es el resultado económico —ya de por sí devastador—, sino el engaño moral: los abogados confiaron en sus propios compañeros, en una entidad que se presentaba como mutual y solidaria, pero que actuó como una aseguradora privada sin control externo, sin transparencia y sin verdadero espíritu profesional.

Mientras tanto, quienes están en el RETA —o quienes, hartos de la opacidad mutualista, optaron por abandonar ese barco— se enfrentan a un horizonte igualmente preocupante.

La nueva tabla de cuotas para 2026. A todos se les aplica el mismo criterio: pagar más, aunque sus ingresos sean irregulares y dependan de procedimientos judiciales que pueden tardar años.

A los abogados no se les reconoce la especificidad de su actividad: los meses de guardias sin remuneración, los impagos, la precarización de los servicios jurídicos, ni la competencia desleal de plataformas y despachos low cost.

Una subida lineal de cuotas en este contexto no es redistribución. Es expropiación encubierta de la clase profesional.

(Imagen: E&J)

El lenguaje se ha convertido en el gran aliado de la confusión. Se insiste en que las “cotizaciones” son aportaciones personales para la jubilación, cuando en realidad funcionan como impuestos al trabajo: obligatorios, no finalistas y sujetos a redistribución inmediata.

Seamos honestos. En un sistema de reparto como el español, lo que el trabajador paga hoy no se guarda para su pensión futura, sino que financia las actuales. El coste de un trabajador no es su nómina, es su nómina más los impuestos que la empresa paga en su nombre.

Y sin embargo, se nos sigue hablando de “nuestro futuro”, de “nuestros derechos adquiridos”, cuando lo que existe es una transferencia directa que debería llamarse por su nombre: fiscalidad laboral.

Abogados y abogadas ahora sufren un doble atentado a su profesión. Primero fueron víctimas del espejismo mutualista: se les convenció, por parte de otros abogados, de que estaban “asegurando su vejez” en una entidad propia, cuando en realidad estaban suscribiendo productos financieros disfrazados de previsión.

Y ahora lo serán de un sistema público que sube las cuotas mientras niega el debate de fondo: la sostenibilidad real del modelo y la necesidad de separar lo asistencial de lo contributivo.

Mientras la sociedad cree que el Gobierno “aumenta cotizaciones para garantizar las pensiones”, lo que realmente hace es incrementar la presión fiscal sin transparencia ni control parlamentario específico, gestionada por dos macroestructuras —la Agencia Tributaria y la Seguridad Social— que duplican funciones, costes y burocracia.

Porque sí, la Seguridad Social tiene una rama asistencial que debe protegerse —la sanidad, las prestaciones no contributivas, la dependencia—. Pero esa parte no puede seguir financiándose con el dinero de quienes ya sostienen sus propios despachos, pagan sus empleados y apenas pueden reinvertir. Si la jubilación depende de impuestos, que se llame así.

(Imagen: E&J)

Parafraseando al Quijote… “No son molinos, son gigantes”. Como el hidalgo manchego, los abogados que levantan la voz contra esta injusticia no luchan contra sombras, sino contra gigantes reales: la manipulación del lenguaje, la opacidad institucional y la complacencia política.

Quienes hoy cuestionan la subida de cuotas o el silencio sobre la Mutualidad no están defendiendo privilegios: están defendiendo la verdad.

Porque no hay sostenibilidad posible si se construye sobre el engaño, ni justicia social si se mantiene el disfraz fiscal.

Y por eso, cuando vuelvan a repetirnos que “no se suben los impuestos, se actualizan las cotizaciones”, habrá que responder con la serenidad y la firmeza que merece la verdad: no son cotizaciones, ¡son impuestos!