Dignidad y profesión (II): llega el momento de cuestionarse la colegiación obligatoria

Hace unos días recibí un correo electrónico de mi colegio profesional felicitándome por mi cumpleaños. Nada extraordinario salvo por un detalle: hacía más de dos años que no recibía ninguno.

Durante años, me llegaron correos a diario: jornadas, actos sociales, formaciones, recordatorios, exposiciones, promociones editoriales, necrológicas, etc. Pero un día dejaron de llegar, y no sentí la ausencia. Sentí descanso.

Y me hice una pregunta que quizá muchos compartimos en silencio: ¿Para qué sirve hoy mi colegiación obligatoria? Porque no veo al colegio cuando un juzgado tarda años en dictar una sentencia; no lo veo cuando un compañero vulnera lo básico del respeto profesional sin consecuencias; no lo veo cuando otro “compañero” impugna minutas con propuestas de honorarios ridículos, y tiene que ser un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) quien nos recuerde —desde fuera— dónde está el umbral de la dignidad.

Este malestar no es aislado: es estructural. Tampoco veo al colegio cuando una valla frente a un juzgado ofrece consultas gratuitas como si ejercer fuera un anzuelo comercial, y que en ese mismo juzgado, mientras hacia fuera reclama “más medios”, haya quien al “teletrabajar” no coja el teléfono, o que un viernes las salas de los juzgados estén tan vacías como la mitad de los puestos de trabajo de las oficinas judiciales.

No lo encuentro tampoco cuando compañeros trabajan como falsos autónomos, normalizando lo que nunca debió ser normal. Ni cuando el silencio envuelve todavía el error histórico de haber recomendado la mutualidad como elemento de previsión para la jubilación, cuyas consecuencias arrastran miles de colegas sin respaldo real.

Pero esta tribuna no es una queja. Es una propuesta.

El colegio como concepto tiene sentido. Mucho. Pero solo cuando asume con coraje el lugar que le corresponde. La labor del colegio debe ser atender la realidad de sus colegiados, sí, pero también la de la sociedad y los justiciables. Y debe hacerlo sin parecer impasible ante situaciones que todos damos por normales y no lo son. No es normal que un proceso civil, social, penal, administrativo… tarde años en solucionarse.

Una abogacía fuerte necesita instituciones que incomoden cuando deben, que no se escuden en lo formal y que estén donde más falta hacen: al lado de quien sostiene esta profesión desde el barro del día a día.

Porque si el abogado defiende al ciudadano, el colegio debe defender al abogado.
Y aún estamos a tiempo de exigir —y construir— que así sea.