El Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares secuestrado por un liderazgo agotado por su decano

Hay etapas en la vida de una institución en las que el problema deja de ser contable y pasa a ser moral, político y reputacional. Eso es exactamente lo que sucede hoy en el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH).

Cuando unas cuentas son rechazadas una vez, puede hablarse de discrepancia. Cuando son rechazadas dos veces, ya existe un problema serio de confianza. Pero cuando se rechazan tres ejercicios consecutivos, 2023, 2024 y 2025, y, además, también fracasan los presupuestos de 2024, 2025 y 2026, lo que existe ya no es una mera controversia interna sino un clarísimo un bloqueo institucional. Y ese bloqueo tiene un único responsable político que es el decano, Ángel Llamas, que continúa aferrado, contra toda lógica, al cargo pese a la pérdida manifiesta de respaldo.

No estamos ante una crisis abstracta ni ante una disputa de personalidades. Estamos ante una forma de gestionar que ha llevado al Colegio a funcionar con presupuestos prorrogados de 2023, sin horizonte serio, sin proyecto reconocible de futuro y sin capacidad para ofrecer a los colegiados una hoja de ruta solvente. Esa prórroga permanente no es estabilidad sino una parálisis absoluta. Y la parálisis, en una corporación de derecho público, se traduce en deterioro del servicio, pérdida de prestigio y desconfianza generalizada.

Mi voto en contra no fue una contradicción. Fue un acto de coherencia. El tesorero no está para convertirse en notario complaciente de decisiones ajenas ni para bendecir con su firma una política de gasto con la que no está de acuerdo. Precisamente porque el cargo obliga a conocer por dentro la ejecución presupuestaria, también obliga, cuando concurren razones suficientes, a rechazarla. Firmar por mandato orgánico no impide disentir políticamente de cómo se gasta, en qué se gasta y para qué se gasta. Y cuando no existe una visión estratégica, cuando no hay inversión reversible, cuando se multiplican gastos difíciles de explicar a los colegiados y cuando la institución no mejora en servicios ni en solvencia, votar en contra no es deslealtad, sino que se convierte en una responsabilidad.

Porque el problema no es solo cuánto se gasta. El verdadero problema es que se gasta sin una lógica transformadora. Se consume recurso colegial sin que exista un proyecto serio de modernización, sin una política visible de retorno para el colegiado y sin una priorización creíble de necesidades estructurales. El Colegio no puede seguir funcionando como una estructura orientada al mantenimiento del poder interno en lugar de al fortalecimiento de la profesión.

Mientras tanto, los colegiados siguen sin ver una mejora real que justifique esa dinámica. Más allá del Turno de Oficio, que ya de por sí arrastra problemas estructurales que exigen un Colegio fuerte y útil, no se percibe una ampliación real de servicios, ni una política decidida de apoyo al ejercicio, ni una respuesta institucional a la altura de los desafíos actuales de la abogacía.

Tampoco ayuda una cultura de gestión en la que las decisiones clave parecen responder más a afinidades que a criterios objetivos, previsibles y meritocráticos. En una corporación colegial, la confianza no solo depende de la legalidad formal de los acuerdos, sino también de la apariencia de imparcialidad, del respeto a procedimientos transparentes y de la convicción de que los nombramientos, colaboraciones y representaciones responden al interés general del Colegio. Cuando eso se erosiona, la crisis deja de ser interna y se convierte en reputacional.

A ello se suma la sensación de improvisación permanente ante los problemas materiales y organizativos. El propio estado de la sede colegial, con parte de la planta superior apuntalada y el salón de actos inutilizado por razones de seguridad, simboliza una institución que no está siendo gobernada con la diligencia que merece. No es solo un problema de obra o mantenimiento, sino que se trata de la imagen física de un modelo agotado.

Y en toda crisis institucional hay un momento en el que la continuidad deja de ser un ejercicio de resistencia para convertirse en un perjuicio añadido. Ese momento ya ha llegado. Cuando una dirección pierde reiteradamente las votaciones clave de cuentas y presupuestos, cuando la fractura interna es pública y cuando una parte de la propia Junta deja claro que no respalda la ejecución económica, persistir en el cargo no refuerza la institución, sino que la desgasta todavía más.

Por eso, mi voto en contra se justifica por razones de fondo y no de táctica. Voté en contra porque no puedo avalar una deriva sin proyecto, sin prioridades estratégicas, sin inversión útil y sin una política institucional a la altura de los colegiados. Voté en contra porque no creo que la respuesta al rechazo continuado de las bases colegiales deba ser atrincherarse. Voté en contra porque el deber del tesorero no es proteger a quien ostenta el poder, sino proteger la seriedad financiera y la credibilidad de la institución.

Y voté en contra porque el ICAAH merece algo mejor de lo que tiene actualmente. Necesita una dirección que rinda cuentas de verdad, que planifique, que seleccione con criterios objetivos, que represente con legitimidad y que entienda que un colegio profesional no existe para preservar equilibrios personales, sino para servir a los abogados.

Hoy la crisis ya no puede maquillarse. No es un malentendido. No es una anécdota. No es una tormenta pasajera. Es una crisis reputacional e institucional provocada por una forma de ejercer el poder que ha perdido la confianza de buena parte del Colegio y que, aun así, se resiste a asumir sus consecuencias.

Lo responsable ya no es resistir.

Lo responsable es apartarse y devolver la voz a los colegiados.