El peligro de las secciones de violencia infradotadas

El nuevo marco organizativo: plazas judiciales y servicios comunes vs. juzgados

El Título I de la LO 1/2025 de eficiencia del servicio público de justicia recoge la mayor reforma judicial de nuestro país de los últimos tiempos. Es un hecho incontestable que los juzgados, tal y como los conocemos hoy en día, dejarán de existir para siempre, y, en su lugar, aparecerán los Tribunales de Instancia.

Este nuevo órgano aglutinará a todos los jueces y magistrados de cada partido judicial separados por jurisdicciones denominadas secciones. Ello significa que, dentro de cada Tribunal de Instancia, las diferentes secciones estarán integradas por los jueces del mismo tipo de jurisdicción variando la formación numérica de cada sección.

La diferencia sustancial con relación al sistema anterior es que antes, en cada juzgado, además del juez o magistrado, existía una dotación de personal que conformaba la Oficina Judicial, la cual bajo la dirección técnico procesal del letrado de la Administración de Justicia se encargaba de la tramitación de los procedimientos correspondientes a dicho órgano en sus distintas fases. Con la LO 1/25, por un lado, estarán esas plazas judiciales, integradas en secciones y, a su vez en Tribunales de Instancia y, por el otro, los letrados de la Administración de Justicia y resto de personal, que pasarán a desempeñar sus funciones dentro de un servicio común prestando sus servicios de forma colectiva a las diferentes plazas judiciales.

Situación de las secciones de violencia tras la LO 1/2025

Siguiendo con lo expuesto anteriormente, y refiriéndonos en concreto a las secciones de violencia, hay que destacar que la reforma de la LO 1/2025 prevé no solo novedades relativas a su nomenclatura o al ámbito constitutivo, sino también en el competencial y procesal. Así los arts. 89 y 89 bis, entre otros artículos, atribuirán como novedad a las secciones de violencia sobre la mujer de los TI delitos cuando la víctima sea mujer, con independencia de que haya o haya habido o no una relación de pareja, o sea niña, niño o adolescente. Ese incremento será patente al atribuirle a los actuales juzgados de violencia —desde el día 3 de octubre del presente año—: el conocimiento en exclusiva de la instrucción de los procesos referidos a delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzoso, acoso sexual y trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida sea una mujer.

Es evidente que la carga de trabajo que recaerá sobre esas secciones se va a ver incrementada exponencialmente, y ello ha despertado suspicacias y quejas que provienen del sector de la judicatura de ese orden respecto de ese mayor volumen de trabajo al cual han de enfrentarse. Máxime cuando ese incremento no solo ha de mirarse desde una perspectiva cuantitativa sino también, y, sobre todo, desde el punto de vista cualitativo en cuanto a las condiciones y requerimientos de las actuaciones que han de desarrollarse en el ámbito de la violencia contra la mujer, adolescentes, niñas y niños. Ese incremento, sumado a la falta de medios personales, pudiera poner en entredicho la salvaguarda de la efectividad y finalidad de La LO 1/2022 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual.

Ante esta problemática, la solución que ha propuesto el Ministerio de Justicia es anunciar la creación de más plazas judiciales aprobando por RD hace unos meses la creación de 50 plazas judiciales y 42 de fiscales en toda España. Sin embargo, ha guardado silencio sobre la creación de plazas en los servicios comunes para letrados de Administración de Justicia y personal que se adscriban a las plazas judiciales de nueva creación. Nos vamos a encontrar con 50 plazas judiciales más de golpe a las que han de servir el mismo número de LAJ y de personal.

Propuesta de UPSJ para evitar el colapso en las secciones de violencia

Las dos asociaciones de LAJs, el CNLAJ, representado por su presidente Ernesto Casado, y el UPSJ, representado por Carlos Artal, reconocen su preocupación ante la escasa dotación de los juzgados de Viogen. (Imagen: E&J)

UPSJ denuncia que la creación de plazas judiciales en las secciones de violencia no lleve aparejada el nacimiento de nuevas plazas de letrados de la Administración de Justicia y resto de personal. Nos consta que muchos jueces de violencia no ven suficiente la propuesta del ministro Bolaños, y en previsión de lo que se espera, están elevando sus quejas por escrito ante el CGPJ y Observatorio contra la violencia y doméstica de género vía Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.

Para que un juez pueda realizar cualquier actuación dentro del procedimiento necesita inexorablemente a un letrado de la Administración de Justicia el cual, bajo su responsabilidad y dirección técnico-procesal del personal adscrito impulsará el procedimiento desde el principio hasta el fin. La creación de más plazas judiciales sin más personal está abocado a generar el efecto contrario al deseado,  supondrá un embudo muy difícil de revertir, porque lo que estamos anticipando es que esa mayor creación de plazas judiciales sin dotación de LAJ y personal incrementará la carga de trabajo individual que ha de ser soportado por el LAJ y por el personal asignado a la/s sección/es de violencia, y esta sobrecarga irá degenerando en huida generalizada en los concursos de traslado futuros.

Si el nuevo modelo de oficina judicial (NUMO) busca eficiencia, ello requiere una distribución razonable y equilibrada de la carga de trabajo.

Creemos que es importante seguir avanzando en mejorar la respuesta judicial, estamos y apoyamos el cambio, pero desde el sentido común. No podemos presentarnos ante Europa con una justicia low cost en una materia tan sensible como la violencia de género. La creación de los Juzgados de Violencia sobre la mujer supuso un punto de inflexión en la historia judicial de nuestro país, si no se valora de forma tranquila nuestra petición —apoyada por otros colectivos— de: por cada plaza judicial creada: dotación adecuada de letrado de la Administración de Justicia y resto de personal, en caso contrario, se pondrá en serio peligro el tratamiento de la Violencia sobre la mujer a partir de 2026.