El procurador ante los nuevos retos legislativos: eficiencia, nuevas competencias y una justicia en transformación

La entrada en vigor de la Ley 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, junto con la implantación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), dibujan un nuevo escenario legal que afecta de lleno a los operadores jurídicos, muy especialmente a los procuradores. Esta transformación normativa está generando incertidumbre, inseguridad jurídica y una mayor exigencia técnica para los profesionales que gestionan el pulso de nuestros juzgados.

Los procuradores observamos cómo estos cambios impactan en nuestra práctica y, en consecuencia, en el ciudadano, quien sufre las consecuencias de un sistema sobrecargado, sujeto a reformas improvisadas y poco efectivas para los operadores jurídicos. Son reformas que nacen lejos de los juzgados y al margen de la opinión de los profesionales que conocen la realidad procesal.

En los últimos años, reformas legislativas impulsadas por la pandemia y las huelgas en el sector han alterado los fundamentos del procedimiento en los distintos órdenes jurisdiccionales. Hoy conviven varias leyes procesales, lo que obliga a una vigilancia jurídica extrema para evitar errores formales, pues cada pleito se rige por la norma procesal vigente en la fecha de su presentación. Esto supone una mayor carga técnica y de gestión.

El procurador, en este contexto, no solo gestiona plazos y comunicaciones, sino que se convierte en figura clave para garantizar la correcta aplicación de la normativa vigente, asumiendo un rol de coordinador procesal indispensable en la defensa del ciudadano.

La Ley 1/2025, en su intento por modernizar la justicia, ha introducido un cambio de modelo en la planta judicial, aún sin aplicación práctica. Se pretende ampliar determinadas funciones del procurador, aunque más que una ampliación de competencias genera nuevas responsabilidades. Entre estas atribuciones figura la posibilidad de realizar actos de comunicación, auxilio y cooperación judicial a solicitud del órgano competente, pero seguimos esperando verdaderas competencias, como una mayor participación en las fases de ejecución.

Esta reforma supone una transmisión de funciones desde la Administración de Justicia al procurador, con el efecto de que los costes derivados son asumidos por las partes, lo que genera una carga económica al justiciable y lo aleja de una verdadera solución justa a sus demandas.

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva ley es la implantación del MASC como requisito previo a la presentación de la demanda para reducir la litigiosidad. Sin embargo, en la práctica, la negociación previa ya era habitual, y su regulación legal parece más una dilación. Si no hay voluntad de acuerdo, la negociación no prospera y la demanda se presentará igualmente.

(Imagen: E&J)

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2001 ya suprimió la conciliación obligatoria por su carácter dilatorio e ineficaz. Hoy, con un entorno judicial aún más colapsado, nos enfrentamos a una situación similar, sin certeza de que los MASC reduzcan la litigiosidad o descongestionen los juzgados. Además, su implementación no es garantista: no están contemplados para procedimientos con beneficio de asistencia jurídica gratuita, lo que crea una barrera de acceso a la justicia para los más vulnerables.

El colapso judicial sigue siendo una realidad estructural. La congestión, agravada por años de crisis, pandemias y conflictos laborales, no se resuelve con medidas parciales. Como en un atasco en hora punta, sin inversión y ampliación de recursos el problema se enquista. Las reformas son necesarias, pero deben ir acompañadas de inversión económica, digitalización real y refuerzo de recursos humanos. De lo contrario, el colapso continuará.

Los procuradores, como testigos directos del día a día procesal, instamos a un enfoque integral y realista en las reformas de la justicia. La procura ha demostrado su capacidad de adaptación: fuimos pioneros en la digitalización, nos hemos adaptado a reformas procesales, gestionamos plazos y relaciones con diligencia, y ahora asumimos de nuevo nuevos retos con la vocación de siempre.

La figura del procurador sigue siendo esencial para el buen funcionamiento de la justicia. Más allá de su papel como representante procesal, es garante de la agilidad, del cumplimiento de plazos, de la seguridad jurídica y del acceso eficaz a la tutela judicial.

Ante la nueva ley y una justicia necesitada de reforma profunda, los procuradores estamos preparados para asumir nuevos retos. No buscamos protagonismo, sino el reconocimiento de nuestras funciones y mayor colaboración en el procedimiento. Sólo una verdadera cooperación de todos los operadores jurídicos, junto con inversión en medios personales y materiales, logrará una justicia eficiente, rápida y al servicio del ciudadano.