Justicia bajo asedio: el caso Koldo, la UCO y los jueces como última trinchera

El intento del Ejecutivo por reformar la instrucción penal, el mantenimiento en el cargo del fiscal general del Estado ya procesado y la creciente presión sobre los jueces instructores marcan un patrón institucional preocupante.

El caso que afecta al núcleo del PSOE —incluido su secretario de Organización, Santos Cerdán, y ya veremos si, incluso, al propio partido— está poniendo a prueba los límites del Estado de Derecho en España. Porque el Poder Judicial no solo está siendo cuestionado por sus decisiones, sino por su propia estructura institucional.

Por tal razón, la reforma procesal promovida por el ministro Félix Bolaños —la llamada ‘Ley Bolaños’— no puede analizarse en abstracto. Antes, al contrario, su impacto se comprende plenamente cuando se conecta con casos como Koldo (en el que los informes de la UCO se han revelado como imprescindibles), Begoña Gómez (esposa de Pedro Sánchez, donde la Fiscalía ha jugado el rol de abogada de su defensa), David Sánchez (hermano del presidente, otro tanto de lo mismo), o el procesamiento de Álvaro García Ortiz (apuesta personal de Sánchez), toda vez que todo apunta a una estrategia de control institucional desde el Ejecutivo.

Y es aquí donde la UCO adquiere un papel decisivo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no es una policía cualquiera, sino una unidad de élite, altamente especializada, que opera bajo mandato judicial y total dependencia funcional del magistrado instructor. Su trabajo ha sido clave en la lucha contra la corrupción política en España; desde el caso Gürtel hasta Lezo, pasando por Kitchen, Villarejo y, ahora, el caso Koldo y sus derivadas. Esa subordinación directa al Poder Judicial ha garantizado, durante décadas, que sus investigaciones, por incómodas que fueran, no se vieran contaminadas por presiones partidistas. Por eso, cuando se pretende modificar su dependencia funcional para que pase a obedecer instrucciones de la Fiscalía (como propone la ‘Ley Bolaños’), no es un simple cambio burocrático, sino estructural: el paso de una policía judicial al servicio del magistrado a una policía al servicio del Ejecutivo, vía Fiscalía.

Precisamente, este aspecto adquiere una urgencia capital en el momento actual porque la UCO no ha terminado su trabajo. Los informes entregados hasta la fecha, en el marco del caso Koldo, son solo una parte de una investigación mucho más amplia. En las próximas semanas y meses, la UCO analizará datos bancarios, flujos de llamadas, trazabilidad de adjudicaciones y posibles vinculaciones con estructuras territoriales del PSOE. Examinará el rastro del dinero, del poder de decisión, de las reuniones clave. Si esas investigaciones continúan bajo la autoridad del TS, existirán garantías procesales y credibilidad institucional. Si pasan a depender de la Fiscalía (con García Ortiz a punto de sentarse en el banquillo), la sombra de la interferencia política será inevitable.

Pero más allá de nombres propios y responsabilidades individuales, lo que está sobre la mesa es la posibilidad real de que el propio PSOE —como partido— pueda acabar imputado en el marco del caso Koldo. El artículo 31 bis del Código Penal contempla la responsabilidad penal de personas jurídicas, incluidos los partidos, si se beneficiaron de delitos cometidos por sus dirigentes o si miraron hacia otro lado ante prácticas irregulares. Si la investigación acredita que hubo connivencia, encubrimiento o inacción consciente, el partido podría enfrentarse a sanciones graves: desde multas o suspensión de actividades hasta la pérdida de subvenciones públicas. Incluso la disolución, si se probara una estructura organizada para delinquir. No es un escenario habitual, pero es jurídicamente posible. Y ahí se destapa en toda su crudeza la razón última del intento de controlar la instrucción penal: porque, si la investigación avanza sin interferencias, podría no solo señalar a individuos, sino comprometer al partido en su conjunto.

(Imagen: Guardia Civil)

Álvaro García Ortiz ha sido procesado por el TS por revelación de secretos, tras filtrar datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Según el magistrado instructor, recibió instrucciones desde Moncloa. Aun así, el Ejecutivo decidió mantenerlo en el cargo, ignorando el artículo 31 del EOMF, que permitiría su cese por pérdida de idoneidad.

Por su parte, la ‘Ley Bolaños’ pretende que sea la Fiscalía, y no los jueces, quien dirija la instrucción penal. Aunque en teoría podría modernizar el sistema, en la práctica debilita las garantías. El artículo 124 CE establece que la Fiscalía actúa bajo unidad de actuación y jerarquía, y su máximo responsable es designado por el Ejecutivo. A diferencia de un juez, el representante del Ministerio Público no es independiente. Además, el artículo 126 CE garantiza que la Policía Judicial actúe bajo control judicial, principio que quedaría gravemente erosionado si la UCO pasase a depender de la Fiscalía.

Los intentos de debilitar el Poder Judicial mediante reformas legales, controlar la Fiscalía o modificar el acceso a la judicatura tampoco son nuevos en la historia. Cuando se desdibujan los contrapesos institucionales, lo que se erosiona no es una estructura burocrática, sino el principio democrático mismo de la división de poderes. Y si la justicia pierde su independencia, lo que queda es una justicia funcional, dependiente, vaciada.

La UCO es solo un engranaje, pero esencial. Si pasa a depender de la Fiscalía —y esta del Ejecutivo—, no habrá investigación libre posible. El caso Cerdán, la permanencia de García Ortiz y la Ley Bolaños (que incluye la pretensión de nombramiento de jueces sin oposición) no son hechos aislados, sino piezas de un mismo proyecto: controlar la instrucción penal desde el poder.

Lo que está en juego no es un escándalo más, ni una simple reforma técnica. No. En lid está si, como ciudadanos, seguiremos teniendo una Justicia capaz de investigar al poder sin pedir permiso. Porque si no hay jueces independientes (sino nombrados a conveniencia del Ejecutivo), si no hay policía judicial al servicio del magistrado, lo que queda no es sino un simulacro. Una fachada.

Por todo esto, la independencia judicial no puede ser jamás tenida como un obstáculo. Porque es, en realidad, y ni más ni menos, la última trinchera de los ciudadanos frente al poder.