Justicia española: 2025-2026, arranca el curso de la verdad en el que todos nos jugamos mucho

En las próximas semanas arrancará un curso judicial auténticamente decisivo para la Justicia española.

La experiencia acumulada desde abril con los MASC («Medios Adecuados de Solución de Controversias») y las primeras resoluciones de los tribunales —como es el caso del Auto de la Audiencia Provincial de Alicante de 18 de julio de este año—, la continuación del despliegue de los tribunales de instancia en las fases II y III y la culminación del plazo para la interoperabilidad general fijado por el Real Decreto 6/2023 en clave tecnológica, sitúan este curso como uno de los más críticos de las últimas décadas.

Empezando por la cuestión de los MASC y el impulso otorgado por la Ley Orgánica 1/2025 a la llamada «cultura del acuerdo», hemos de señalar que todavía es pronto para hacer valoraciones con fundamentos sólidos, si bien, las estadísticas del CGPJ en estos trimestres permiten comprobar cómo hasta abril se detectó una saturación notable en la jurisdicción civil (algunos órganos registraron más de 1.500 asuntos) que, después de este mes, ha ido restando el volumen general de entrada en esta jurisdicción.

El índice de ingreso de asuntos en el periodo enero-abril invita a reflexionar sobre el rechazo extendido a los MASC y sobre lo incierto de su tratamiento por la jurisprudencia de los tribunales menores, aunque tengamos que recalcar que, por ahora, los escasos pronunciamientos están siendo favorables a una interpretación amplia de la tutela judicial efectiva, como ponen de relieve el precitado auto de la Audiencia Provincial de Alicante o el previo de 28 de mayo dictado por la Audiencia Provincial de Valencia sobre la interpretación de la entrada en vigor.

En segundo lugar, la «cuestión organizativa» que conllevan los tribunales de instancia obligados también por la reforma de la LOPJ a través de la LO 1/2025 está teniendo un aterrizaje difícil y complejo en el que el diseño de las nuevas estructuras, plantillas y, sobre todo, la coordinación entre las secciones y los servicios comunes están acentuando las contradicciones prácticas de un sistema inteligente en la letra de la ley pero, lógicamente, requerido de un mayor plazo de implementación; máxime si tomamos en consideración la convergencia de diferentes actores institucionales con capacidades y agendas distintas (MJU, Comunidades, CGPJ).

En este punto, aunque creemos que siempre se debe ser optimista, es crucial que las primeras implantaciones (Fase I) se realicen correctamente, sin prisa, garantizando el correcto funcionamiento del servicio público y sin menoscabo para los derechos de ciudadanos, profesionales y funcionarios. Los tribunales de instancia son una buena oportunidad para ser más eficientes pero el despliegue debe ser completo y correcto.

En último lugar, la disposición final novena del RD Ley 6/2023 establece el mandato de la plena integración digital de comunidades y Ministerio para el próximo 30 de noviembre de 2025, una fecha que ahora mismo resulta muy cercana para un reto de importantísimo calado que, no obstante, se halla supeditado en gran medida por la voluntad y capacidad de los entes territoriales.

La transformación digital de la Justicia pasa en gran medida por obtener una interoperabilidad plena entre todos los operadores, públicos y privados, siendo los primeros (MJU, Comunidades) los obligados a liderar esta oportunidad para conseguir un funcionamiento de las aplicaciones vinculadas al Poder Judicial que, por fin, sea inteligente, orientado al dato y capaz de permitir automatizaciones que, a medio plazo, faciliten una tramitación guiada y rápida en los expedientes judiciales electrónicos.

Los poderes públicos deben esforzarse en cumplir con el mandato del legislador. No hacerlo sería defraudar un compromiso legislativo y, sobre todo, mantener una situación de medios inasumible para cualquier Administración de Justicia moderna.

Estas semanas arranca un curso judicial sin comparación posible. Un curso judicial en el que todos los agentes nos jugamos el deber de garantizar a los ciudadanos que la Justicia sea un servicio público eficaz y eficiente, una auténtica garantía para un Estado de Derecho fuerte y ocupado en la preservación de la legalidad.

Si defraudamos las expectativas y los MASC no cumplen su misión de potenciación del diálogo y evitación del pleito, los tribunales de instancia se reducen a un simple cambio nominativo o si la cuestión digital es nuevamente postergada, el curso 2025-2026 será el del fracaso: el de la Justicia, y también el fracaso de todos.

Debemos evitarlo.