La responsabilidad civil del procurador, garantía esencial de la cadena de confianza en la Justicia

En un contexto de creciente complejidad normativa, digitalización de la Justicia y mayores exigencias de diligencia profesional, se abre un debate cada vez más presente sobre la protección social de los profesionales, es decir, la responsabilidad civil de los operadores jurídicos se convierte en un pilar esencial para la confianza en el sistema. Entre ellos, la figura del procurador de los tribunales que desempeña un papel clave como garante del correcto desarrollo del procedimiento judicial, adquiere una relevancia renovada como elemento clave de seguridad jurídica, lo que hace imprescindible una adecuada cobertura de su responsabilidad civil profesional.

La responsabilidad civil del procurador no es una cuestión meramente formal o accesoria. Se trata de una obligación legal y deontológica que protege tanto a los profesionales como a los ciudadanos y empresas que confían en su actuación. En este sentido, la póliza de responsabilidad civil profesional constituye una herramienta fundamental para preservar la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema procesal.

Y para lograr entender el alcance de la responsabilidad civil en dichos profesionales, resulta imprescindible comprender que el procurador actúa como representante procesal de las partes, asegurando la correcta tramitación del procedimiento, el cumplimiento de los plazos, la recepción y traslado de resoluciones judiciales y, cada vez más, la gestión de comunicaciones electrónicas con los órganos jurisdiccionales. Cualquier error, omisión o negligencia en estas funciones puede generar perjuicios económicos relevantes para el cliente.

La responsabilidad civil profesional del procurador se activa cuando, como consecuencia de una actuación culposa o negligente, se produce un daño evaluable económicamente a un tercero, el mismo, puede derivarse, por ejemplo, de la pérdida de un plazo procesal, una incorrecta notificación, una defectuosa representación o un error en la ejecución de un mandato judicial.

Por ello, el ordenamiento jurídico exige que todo procurador en ejercicio cuente con un seguro o garantía equivalente que cubra los riesgos derivados de su actividad profesional.

(Imagen: E&J)

Esta exigencia no responde únicamente a un criterio de protección del cliente, sino también a la necesidad de preservar la estabilidad y solvencia del propio profesional frente a reclamaciones que pueden comprometer su patrimonio personal.

La póliza de responsabilidad civil profesional no debe entenderse únicamente como una obligación impuesta por la normativa colegial o legal. Es, ante todo, un instrumento de protección integral.

Desde la perspectiva del cliente, la existencia de una cobertura suficiente garantiza que, en caso de daño, podrá ser indemnizado sin que ello dependa de la solvencia personal del profesional. Desde el punto de vista del procurador, la póliza actúa como un mecanismo de estabilidad patrimonial y tranquilidad en el ejercicio diario de una profesión cada vez más expuesta a riesgos técnicos y tecnológicos.

Una póliza adecuada debe cubrir, al menos, los daños patrimoniales causados por errores u omisiones profesionales, así como los gastos de defensa jurídica, fianzas y costas judiciales derivadas de una reclamación. Asimismo, resulta esencial que contemple los supuestos derivados del uso de medios electrónicos y plataformas digitales, hoy plenamente integrados en la práctica procesal.

Desde la mutualidad de procuradores, queremos hacer pedagogía respecto que no todas las pólizas de responsabilidad civil ofrecen el mismo nivel de protección y sin embargo es muy importante adecuar la misma al ejercicio profesional y circunstancias de cada procurador. La experiencia nos demuestra que las coberturas genéricas o insuficientes pueden dejar al profesional expuesto ante reclamaciones de elevada cuantía, especialmente en procedimientos de alto valor económico o con pluralidad de partes.

En este sentido, resulta fundamental que las coberturas se adapten al volumen de actividad, al tipo de jurisdicción en la que se ejerce y a los nuevos riesgos asociados a la digitalización de la Justicia. La correcta configuración de capitales asegurados, franquicias y ámbitos temporales de cobertura es una decisión estratégica para el profesional.

La Justicia se sostiene sobre una cadena de confianza en la que cada eslabón cumple una función esencial. El cliente debe estar correctamente acompañado durante el procedimiento, una tarea que asume el procurador como garante de la correcta tramitación procesal. Para que esa cadena no se rompa, el procurador también debe contar con un respaldo sólido: una póliza de responsabilidad civil que proteja tanto al profesional como al propio sistema ante cualquier eventualidad.

(Imagen: E&J)

Las mutualidades profesionales desempeñan aquí un papel especialmente relevante, al diseñar soluciones aseguradoras específicamente pensadas para la realidad del colectivo, con un conocimiento profundo de los riesgos inherentes a la función del procurador.

Es importante que el ciudadano no conciba la responsabilidad civil profesional como una amenaza, sino como una manifestación de profesionalidad y compromiso con el cliente y con el sistema judicial. Contar con una cobertura adecuada es una forma de anticiparse al riesgo, de ejercer con prudencia y de reforzar la confianza en una profesión esencial para el funcionamiento de la Justicia.

En un entorno en el que la litigiosidad y la exigencia de calidad en los servicios jurídicos son cada vez mayores, la responsabilidad civil se erige como un elemento clave de sostenibilidad profesional. Apostar por una protección sólida y bien estructurada es, en definitiva, apostar por la excelencia y la seguridad jurídica.

Sin embargo, el debate sobre la responsabilidad civil no puede desligarse de una reflexión más amplia sobre la protección del profesional, pues en los últimos años, los procuradores han venido reclamando una pasarela que les permita el acceso al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), una reivindicación que responde a la necesidad de garantizar una protección social equiparable a la de otros profesionales por cuenta propia.

Esta demanda pone de relieve una realidad incuestionable, el ejercicio responsable de la profesión exige no solo asumir obligaciones y riesgos, sino también contar con mecanismos adecuados de previsión y cobertura, tanto en el plano patrimonial como en el social. La responsabilidad civil y la protección social son, en este sentido, dos caras de una misma moneda, la sostenibilidad del ejercicio profesional a largo plazo.

Desde la Mutualidad de Procuradores, el compromiso es claro: acompañar a los profesionales en el ejercicio de su responsabilidad, ofreciendo soluciones adaptadas, solventes y alineadas con las necesidades reales del colectivo y de la sociedad a la que sirven.