La tutela de la información veraz: ¿un retorno a la censura?

La reflexiva jornada de cinco días del presidente del Gobierno ha devuelto a la actualidad un tema recurrente en tiempos de viralización digital: el de la información y la (des)información, es decir, el de la realidad y su narración veraz.

No es un asunto nuevo, y probablemente no sea la última vez que un político remueva las movedizas arenas del periodismo en un siglo XXI como el nuestro en el que la inmediatez y la difusión instantánea han convertido Internet en un espacio abierto y público en el que cabe cualquier cosa —cualquier cosa «buena» o «mala», la aclaración es forzosa—.

Los bulos, la posverdad, la mentira, la falacia, etc., son problemas emergentes (aunque no nuevos) porque deterioran rápidamente la credibilidad de cualquier mensaje y porque condicionan la agenda pública a través de elementos externos que antes, cuando la sociedad no estaba mediatizada, habitaban concentrados dentro de lo que podemos calificar como poder o poderes «reglados».

En lo que atañe a la libertad de información, no obstante, conviene recordar que es un derecho de libertad frente al poder (STC 6/1981, de 16 de marzo), una garantía de la opinión pública libre, y un concepto íntimamente vinculado con el pluralismo político que se define como valor fundamental de nuestro Estado democrático (STC 20/1990, de 15 de febrero). Además, esta libertad alcanza su máxima expresión cuando es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, (STC 165/1987, de 27 de octubre). Una prensa que debe proporcionar información «veraz», una veracidad que no va dirigida tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, sino a negar la protección constitucional a los que, defraudando el derecho de todos a recibir información «veraz», transmiten como hechos verdaderos bien simples rumores, carentes de toda constatación, bien meras invenciones o insinuaciones, sin comprobar su realidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente, aunque su total exactitud pueda ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado (STC 320/1994, de 28 de noviembre).

Proponer una genérica lucha frente a la (des)información —como expresamente indicó el presidente del Gobierno— es algo absolutamente legítimo y posiblemente necesario. El problema no está en el diagnóstico sino el tratamiento. ¿Cómo se puede garantizar la «veracidad» de toda la información en un contexto social digitalizado por Internet? Probablemente sea imposible.

Responder al interrogante no es sencillo, si bien cabe entender que la efectividad de esa tutela a la información habría de ser, para ser tal y no una simple tentativa, preliminar a la emisión de la misma, es decir, situada en ese espacio previo a su publicación. Pues si el control fuese a posteriori, el daño, seguramente, y ante la inmediatez de las redes sociales y de Internet de forma general, ya estaría hecho y la protección decaería por ineficaz. Esto nos lleva, desgraciadamente, a la censura. Y esta es la palabra que el Gobierno no quiere pronunciar pero que, inevitablemente, se desliza en todo el discurso gubernamental frente a la (des)información.

La censura previa —obviamente— no tiene cabida en un sistema democrático como el nuestro (art.20.2. Constitución Española) y cualquier normativa (legal o de otra índole) que tratase de instaurarla expresa o tácitamente no sólo enfrentaría un juicio negativo de constitucionalidad, sino que, al mismo tiempo, arrojaría serias dudas sobre la conciencia democrática del poder promotor de la misma, por muy progresista u otros adjetivos que públicamente pueda atribuirse.

La tutela de la información veraz es necesaria para que la opinión pública siga siendo una opinión conocedora y consciente de los problemas, pero debemos ser cautos en el modo de seleccionar los instrumentos jurídicos para preservar su garantía. Si no lo hacemos, si bajo la excusa de la mentira y la posverdad nos creemos en el derecho (inexistente) de determinar lo cierto y lo verdadero, quizá, sólo estemos caminando hacia otra mentira peor: la que no diferencia entre poder y ciudadanos, entre legalidad y democracia. La que prefiere la mentira del poderoso a la verdad eterna de los soberanos.