Los mediadores ya estamos preparados para la entrada en vigor de la nueva normativa de mediación

De nuevo, en el Parlamento, el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

Y, de nuevo, una propuesta del pre-legislador de que la norma, en cuanto a la mediación, “duerma el sueño de los justos”, pues entrará en vigor cuando se desarrolle el Estatuto del Tercero Neutral que implique a todos los MASC que recoge el proyecto. Y para eso concede un año, que, como todos sabemos, será más.

Los mediadores hemos visto decaer la Ley de Impulso de la Mediación, nunca olvidemos que la Ley de Mediación es eso, una ley y que su prólogo recoge todas las bondades de la mediación y la necesidad de implantarla en nuestro sistema.

Después se tramitó una Ley de Eficiencia, y en fase de enmiendas, era unánime la posición de los partidos políticos en cuanto a la necesidad de ofrecer al ciudadano otros sistemas de resolución de conflictos.

Y los mediadores, seguros de que solos o con otros métodos, podemos ofrecer al ciudadano un sistema mejor, nos esperanzamos.

Y ahora, de nuevo, un proyecto que dice que se precisa un Estatuto de Tercero Neutral para todos los MASC y que por eso la  ley entrará en vigor cuando este se desarrolle.

Como si se pudiera echar el mismo abono a todas las plantas, o establecer un procedimiento único para todas las acciones procesales. En el Diccionario del Psicoanálisis de Jean Laplanche nos enseñan que el “neutral” debe abstenerse de todo consejo. En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua se define como “quien no participa de ninguna de las opciones del conflicto”

Y en ese entorno se encuentra la mediación. El mediador es un tercero neutral (titulo III de la Ley 5/2012) que acompaña en el proceso, para que las partes encuentren su propia solución al conflicto. No juzga, no critica, no opina. Y esa Ley fija en ese título nuestro Estatuto.

Y resulta que es el único sistema auto compositivo de los que relata la norma. En el que las partes mediadas deben estar presentes siempre. El conciliador emite opinión, el experto también, el negociador por supuesto… y, en todos ellos, la característica más esencial es que el ciudadano no tiene que estar presente.

El prólogo de la Ley dice que hay que devolver el protagonismo al ciudadano: ¿cómo se haría si le propone métodos que siguen siendo paternalistas y le dejan al margen de la solución?

(Imagen: Freepik)

No paro de pensar en por qué pedir a los mediadores un Estatuto de Tercero Neutral que ya tenemos. Un título de la norma que denominaba “servicio público de justicia” me hace dudar sobre si esta dejación en el tiempo, que no atiende a razones lógicas, lo es para llegar a ese “tercer paquete de normas de eficiencia, que es la “organizativa”, donde se pretende atraer los sistemas alternativos al seno del sistema público.

No creo que sea así, porque no lo entendería. Hasta hoy, la justicia ha llegado al ciudadano cumpliendo el mandato del art. 24 de la Constitución española, creando sedes judiciales y personal al servicio. Y los abogados, procuradores, peritos y demás agentes eran costeados por el justiciable a salvo que tuviera acceso por justicia gratuita.

Pues para los mediadores ha de ser igual. Y responde a un principio básico de que no debe costear el estado la litigación de los ciudadanos pudientes, algunos abusando, como dice la propia ley.

Fue en el año 2012 cuando nos dijeron en una ley estatal que el mediador debía cumplir una serie de requisitos para poder ejercer como tal. Y desde entonces, más de 20.000 mediadores nos hemos preparado, hemos costeado nuestra formación inicial, la formación continua y el seguro de responsabilidad civil.

En la AMM hicimos una encuesta sobre el dinero invertido por los mediadores en su formación y el 100% respondió que más de 1.000€, de ellos el 50% habían superado titulación de Master.

El 94.4% respondió que nunca habían recibido ayuda económica ni de entidades públicas ni privadas, el 47.1% que había hecho más de 10 mediaciones y menos de 30 en el año 2023, y el 100% que debería salir a la luz la ley de eficiencia para que los MASC sean requisito de procedibilidad.

El temor de los mediadores es que otros métodos queden diluidos por intereses distintos y que, de nuevo, el ciudadano no reciba lo que necesita. Que es como dice la norma “recobrar el protagonismo”.

Esperamos que el legislador se aleje de esa DA4 y entienda que la entrada en vigor de la norma para los mediadores debe ser inmediata. Llevamos ya muchos años de preparación, y para el resto de los MASC, o que esperen o que se acojan a nuestro Estatuto de Tercero Neutral recogido en la Ley 5/2012.