Pedro Sánchez, Isabel Perelló y toda la pesca: “Morder el anzuelo”

Seguro que has usado más de una vez esta expresión tan castiza, sin pararte a pensar qué significa. Según el diccionario de la Real Academia equivale a “caer en el engaño”. Viene como anillo al dedo para analizar la polvareda que han levantado las recientes declaraciones sobre la justicia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.

En una entrevista concedida a Radio Televisión Española a comienzos de este septiembre de 2025, acusaba a algunos jueces de hacer política. No eran todos, ni mucho menos, apuntaba solo a una minoría. Eso sí, mira por dónde, da la casualidad de que se trataba de aquellos que están investigando por delitos de corrupción a personas de su entorno, señaladamente a miembros de su familia.

Como era de esperar, le han llovido las críticas. Periodistas, tertulianos, abogados…una legión de ciudadanos indignados de la más variada índole le afea su conducta, compitiendo por hacerle el reproche más incisivo, la réplica más contundente. Algún ingenuo imaginará que estos ataques lo debilitan. Pues no, antes bien, lo fortalecen. Durante su descanso veraniego, el equipo de asesores del Ejecutivo ha preparado una potente reentrada post-vacacional diseñada para tomar la delantera ante la opinión pública.

Y lo ha conseguido. Así, se ha desviado el foco de atención de las sucias prácticas corruptas que se atribuyen a sus adláteres. La discusión no versa ahora sobre si dichos sujetos son culpables o inocentes, sino sobre los propios jueces, a los que se achaca ser franquistas, antidemócratas, fachas, en definitiva, una retahíla de lindezas, ninguna de ellas casual. Entonces, rasgándose las vestiduras, media España ha salido en defensa de la magistratura. Un carrusel de argumentos a cargo y a descargo que colocan a la presidencia en un terreno que le es muy cómodo, la satanización de la oligarquía togada. Han mordido el anzuelo, bien que lo han mordido.

Ahora está de moda hablar de “relato”. Es lo que los anglosajones denominan “narrativa” (narrative) y nuestros clásicos “discurso”. Terminología aparte, consiste en una explicación sencilla de la realidad al servicio de determinados intereses. Aquí el relato es diáfano, a saber: la derecha, incapaz de conquistar el poder por las urnas, se vale de unos tribunales conservadores para desbancar un Gobierno legítimo.

Dicho de otro modo, el lawfare, o “guerra judicial”. No nos traguemos el cebo con el que pretende engatusarnos un curtido panel de publicistas. Lo inteligente no es hacerles el juego y rebatir tan tosca tergiversación, sino centrar el debate en sus justos términos, que no son, sino la culpabilidad o inocencia de unos investigados que, por mucho que se quiera mirar para otro lado, gozaban del favor presidencial. Aunque les asiste la presunción de inocencia, lo cierto y verdad es que son muy graves los indicios de criminalidad que los comprometen. Tanto como para que más de uno ande con un ataque de nervios.

A juicio de Villegas, es un error que el CGPJ que preside Isabel Perelló defienda que los fiscales se encarguen de la investigación criminal con la reforma de la LECrim. (Imagen: Poder Judicial)

Llegados a este punto, nos asalta una duda inquietante: ¿Por qué amplios sectores de la población comulgan con esas ruedas de molino? La gente de bien, al margen de su orientación ideológica, debería sentir asco de los individuos que chapotean en al fango de la corrupción, a veces de una forma tan cutre que raya lo esperpéntico.

Atentos, pues la estratagema de los manipuladores se eleva a cotas de artesanal maestría. Subyace un relato más profundo, una capa narrativa que flota en las cloacas del inconsciente colectivo. Por increíble que parezca, son muchos los que están convencidos de que los compañeros del presidente son culpables. Y, aun así, les da igual. La razón es una inefable sinrazón: “Son de los nuestros”. Por muy malos que sean, siempre serán mejores que los otros, esos redomados fascistas. “Ser delincuente está mal, pero ser de derechas es peor”, mascullan en voz baja pero claramente audible.

En este escenario, los jueces son los peores enemigos. No porque persigan a sabiendas a inocentes, sino precisamente por todo lo contrario, porque esgrimen la espada de la justicia al margen de la ideología, sin darse cuenta, se quejan, del daño que hacen a un proyecto de progreso que tanto está costando sacar adelante. Por eso, la única salida que les queda es desactivar la instrucción penal independiente y entregar la investigación criminal a una fiscalía “autónoma” o sea, que tenga conexiones con la política, directas o indirectas, en estos momentos es lo de menos. De ahí esas prisas, esas ansias por desfigurar a martillazos nuestra normativa procesal hasta hacerla añicos.

El plan está bien urdido. Fijémonos en las palabras con las que doña Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo, abrió este año judicial: “Los jueces no obedecemos órdenes de nadie”. Claro, faltaría más. Pero los fiscales sí. Y el Consejo General de Poder Judicial se ha pronunciado a favor de que sea el Ministerio Público el que dirija la lucha contra el crimen, por lo que pasarían a mejor vida los jueces instructores. De mandar sobre la Guardia Civil se encargaría, por ejemplo, un señor como Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, ganador de relatos entre cuyos méritos curriculares se cuenta el hallarse procesado. Ese futuro sería el sueño húmedo de algún pescador y de sus sobrinas. No seré yo quien se sume al coro de los aplausos. Simplemente, porque no muerdo el anzuelo.