Responsabilidad en el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares

Algunos artículos de opinión publicados por miembros de la Junta de Gobierno recientemente plantean una lectura interesada sobre la situación del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH) realizada desde la más absoluta irresponsabilidad o impunidad, como si no participaran de las decisiones que se toman por el órgano al que pertenecen y con el mayor desprecio a la normativa en general, y al principio fundamental de las mayorías para la aprobación de los acuerdos en particular.

No se va a negar el resultado de la votación en la Junta General. Lo que sí ha de tenerse en cuenta es que los Estatutos del Colegio contemplan soluciones que garantizan la continuidad de los servicios esenciales, de forma que la prórroga del presupuesto anterior constituye una herramienta jurídica habitual en el derecho público corporativo para evitar la paralización de la actividad institucional. Como también regulan el régimen de elección y duración del mandato de la Junta de Gobierno.

E igualmente ha de tenerse en cuenta que los Estatutos colegiales, esos grandes desconocidos que nunca se mencionan, también prevén expresamente cómo se puede producir la censura de la Junta de Gobierno, no siendo válidos los pretendidos intentos de “asaltar el cielo o el Palacio de Invierno”, como se ha dicho en otros tiempos en el ámbito político; más parece la invocación de la ley del mínimo esfuerzo.

Se parte de un defecto o vicio sustancial ya desde el inicio de la disertación. Se habla del rechazo a las cuentas correspondientes al ejercicio 2023 como si fueran el inicio de todo cuando lo cierto es que esas cuentas son el producto de la ejecución de los presupuestos de 2023 que fueron aprobados sin oposición por la Junta General a propuesta de todos los miembros de la Junta de Gobierno actual, salvo el tesorero, que fue elegido después para cubrir la vacante sobrevenida del anterior. Y todavía se está esperando a que se explique en qué se desvió la Junta de Gobierno o qué partida o concepto de gasto fue ilegal o no ajustada a lo presupuestado: ninguna explicación se dará por la secretaria y el tesorero, se puede afirmar sin matices.

Es triste ver que la secretaria no manifiesta ningún motivo de impugnación de los presupuestos y de las cuentas en las Juntas Generales, mientras que el tesorero balbucea alguna generalidad sin concretar para intentar justificar su sorprendente voto en contra sin conseguirlo; al menos es de agradecer que en la pasada asamblea reconociese que no existe ninguna malversación o desvío en las cuentas que se presentaron y que no hay otras, aunque engañase a los colegiados cuando antes se había comprometido a reformular las cuentas presentando las mismas. Tuvo que informar este firmante que todas las cuentas de ingresos y gastos en los distintos ejercicios han sido objeto de auditoría sin que se haya apreciado tacha alguna, con las firmas también de ambos cargos. Igualmente, afirmar que el tesorero “firma las cuentas por mandato de la Junta” es reconocer a voces que desconocen los Estatutos del Colegio y las normas que regulan su funcionamiento, así como pretender trasladar a los colegiados su ignorancia.

Y como ambos cargos no explican los motivos de su oposición, al dar la palabra a los colegiados no se traslada tampoco ningún motivo para que voten en contra. Es significativo que el tesorero no quisiera explicar las cuentas de los ejercicios que se presentaban y que solo lo hiciera porque un colegiado se lo reclamara por las mínimas exigencias de información, publicidad y transparencia.

Es un hecho inédito en los 83 colegios de abogados españoles que el tesorero que presenta las cuentas de ingresos y gastos de cada ejercicio vote en contra de su aprobación en la Junta General. Y lo peor de todo, injustificado: se está enmendando él mismo cuando dice que no hay otras cuentas y que no tienen ninguna irregularidad.

Como también lo es que se queje infantilmente y manifieste su malestar con las obligaciones inherentes a su cargo; así, en los Estatutos del Colegio se establecen entre sus funciones recaudar y custodiar los fondos del Colegio, pagar los libramientos que expida el decano, redactar los presupuestos anuales, informar de la cuenta de ingresos y gastos, y formalizar las cuentas del ejercicio vencido. Tan infantil como que la exigencia del cumplimiento de sus funciones estatutarias las considere una amenaza cuando la formalización o reformulación de las cuentas fue su propio compromiso al serle exigida en la anterior Junta General. Tan infantil como que si no le gustaban no se tendría que haber presentado a un cargo cuyas funciones no se había leído y en el que nadie le obliga a permanecer ni a mantener su incoherencia.

El tesorero no define la política económica, ni sustituye la voluntad del órgano colegiado, ni es un contrapoder político interno, ni tiene facultad de veto. En órganos colegiados, las decisiones son deliberadas colectivamente para ser aprobadas por mayoría, y generan una responsabilidad colegiada, no individual selectiva. Los propios Estatutos del Colegio establecen que “los acuerdos” de la Junta de Gobierno “se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes”. Y lo cierto es que no ha impugnado ninguno de esos acuerdos en instancia alguna. Luego él sabe cuál es la única decisión responsable y coherente en su caso: dimitir y dejar paso a otro colegiado que conozca la legalidad, el funcionamiento y la toma de decisiones de un Colegio de Abogados.

Ángel Llamas. decano del ICAAH, con Isabel Díaz Ayuso; Eugenio Ribón, decano del ICAM; y Alberto García, decano del ICPM de Madrid. (Imagen: Comunidad de Madrid)

El Colegio tiene que afrontar muchos asuntos y retos, mirar hacia delante y también hacia el presente. La Ley Orgánica 1/2025 no estaba prevista en trámite de aprobación cuando tomó posesión la actual Junta de Gobierno; la Ley del Derecho de Defensa y su incidencia en el amparo a los colegiados o la obligación de informar a los ciudadanos de los costes de los procedimientos; los daños producidos por las intensas lluvias en zonas concretas de la sede del Colegio; se producen distintas situaciones en el día a día del Colegio y sus colegiados que se han de atender, así como las derivadas del cumplimiento de sus obligaciones como corporación de derecho público tales como el ejercicio y control de la deontología profesional o las obligaciones legales respecto a la organización y gestión del Turno de Oficio. Lamentando que propuestas que no se hacen ni concretan tampoco se trasladen en los órganos colegiales.

No se puede ningunear la gestión que se realiza respecto al Turno de Oficio que prestan más de un 75% de los colegiados. En un ámbito que siempre es susceptible de mejora, no se pueden ocultar los logros que se han alcanzado por la Junta de Gobierno, entre los que se encuentra el Acuerdo alcanzado con la Comunidad de Madrid para el período 2024-2027, que mantiene e incluye nuevas mejoras de Baremos a añadir al pago mensual obtenido por la Junta de Gobierno, y contiene un hito que es la actualización anual de todos los Baremos, pionera en España y reivindicación reiterada en el tiempo. Desde luego que hay ámbitos de mejora, pero el incremento de los Baremos y su actualización anual nos acercan mucho más al cumplimiento del principio de que toda actuación profesional tenga su retribución, frente a la falta de propuestas en éste y en la inmensa mayoría de los asuntos que, como botón de muestra, sí que se trasladan con la participación de un Diputado en la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

O la implantación del nuevo sistema de localización de los colegiados inscritos en los servicios de Asistencia al Detenido, y Víctimas e Investigados en asuntos de Violencia sobre la Mujer, al que se vio obligada esta Corporación por la renuncia de la anterior contrata; como todo sistema puede ser susceptible de mejora de sus prestaciones en aspectos que se producían con el sistema anterior, lo que siempre se persigue, pero no solo goza de una general aceptación sino que no contó con oposición ni propuesta distinta en la actual Junta de Gobierno.

Ninguna alusión se hace al Máster de Acceso a la Abogacía, que se imparte desde hace años a través del convenio con la Universidad de Alcalá de Henares, que ha ido adaptándose a las modificaciones legales operadas. Algún motivo habrá para no querer hablar del mismo; uno claro es que es mérito de la Junta de Gobierno su vigencia y mantenimiento, y otro es que si hay quejas algo tendrá que decir la secretaria que participa muy directamente en su gestión.

Tal vez sea también debido a la buena relación que el Colegio mantiene con la Universidad, que se extiende a las distintas Administraciones, instituciones y entidades con las que tiene contacto frecuente, sin dejar de trasladar las cuestiones precisas para el mejor desempeño de las funciones del Colegio.

Como se oculta la formación, de la que ha desaparecido la secretaria desde que, a instancia de este decano y contra el criterio de ella misma, se acordó en Junta General que los miembros de la Junta de Gobierno no tenían que percibir dieta o remuneración alguna por su organización. La formación y reciclaje de los colegiados vincula a todos los miembros de la Junta de Gobierno y no puede convertirse en un coto para unos pocos a los que además habría que pagarles las consumiciones para que la secretaria o el tesorero no voten en contra, como puso de manifiesto un colegiado en la Junta General, dejando constancia del desprecio de ambos al uso adecuado de los fondos colegiales.

El Colegio no actúa solo, sino que colabora fluida e intensamente con el Colegio hermano de Madrid en el ámbito de la Comunidad Autónoma para las cuestiones propias de su competencia, siendo fundamental en materia de la prestación del Turno de Oficio; e igualmente forma parte del Consejo General de la Abogacía Española, a los que traslada también los asuntos que afectan a los colegiados, y donde se abordan igualmente los que afectan al ejercicio de nuestra profesión. Por eso, no pueden comprenderse las afirmaciones respecto a la pasarela de la Mutualidad, realizadas con manifiesta demagogia, siendo peor que obedezcan a otra razón: la ignorancia de que ya se encuentra en sede parlamentaria donde se tiene que aprobar la regulación legal con el seguimiento e impulso constante del CGAE. Como en tantas otras materias, nunca se precisa cómo actuar distinto y con mayor efectividad.

Asimismo, el tesorero sólo puso en duda de forma concreta la asistencia y participación de los miembros de la Junta de Gobierno en las jornadas que organiza el CGAE en materia del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) o Extranjería, con la más absoluta demagogia e ignorancia, como si no se prestase ese servicio o los colegiados no tuvieran actuaciones en materia de extranjería en el Registro Civil o en otras administraciones. Esta Junta de Gobierno, a diferencia de anteriores, participa activamente a través de distintos diputados o el propio decano en las comisiones y subcomisiones que el CGAE tiene constituidas para muchas cuestiones en el ámbito de la abogacía; una de ellas es la del SOAJP, que durante el mandato de esta Junta de Gobierno se ha conseguido que se preste por el propio Colegio siendo que en su demarcación territorial hay cuatro centros penitenciarios; o la de Extranjería; o la de Igualdad que engloba la subcomisión contra la Violencia sobre la Mujer; o la de Deontología, etc. Y de su actuación, que no se personifica solo en el decano sino en cualquiera de los miembros de la Junta de Gobierno que quiera trabajar y aportar, se benefician todos los colegiados mostrando un papel relevante y activo del Colegio en el ámbito de la abogacía institucional y las relaciones con las administraciones y demás entidades en beneficio de nuestra profesión y nuestros colegiados.

El Colegio debe afrontar muchos asuntos que son determinantes para su futuro, como la sede, sin demagogias y desinformaciones respecto a la duración del contrato de arrendamiento o las obligaciones derivadas del contrato suscrito, en la que se debe participar y proponer con visión de futuro y lealtad para encontrar las mejores soluciones en beneficio de todos.

En definitiva, el momento actual del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares exige rigor, serenidad, dejar atrás los intereses y las urgencias personales y, sobre todo, un compromiso firme con los principios estatutarios que garantizan su funcionamiento democrático, desde donde será posible encauzar las discrepancias, aprobar los acuerdos tomando las decisiones necesarias y reforzar la institución.