Sostenibilidad y retos del sistema de pensiones en España

El sistema público de pensiones en España es uno de los pilares fundamentales en el ámbito de la protección social. Este sistema está basado, principalmente, en un esquema de reparto. Concretamente, las contribuciones de las personas trabajadoras en activo financian las pensiones de las personas jubiladas. Una fórmula que, durante décadas, ha servido como principal garantía de ingresos para la población jubilada. No obstante, la realidad actual es que el sistema que todos conocemos se enfrenta a retos significativos como es el envejecimiento de la población y la baja natalidad o la fluctuación en el empleo y en la economía, entre muchos otros.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican que en el año 2025 se desembolsaron 189.598 millones de euros para el pago de pensiones contributivas, una cifra que supone un récord histórico y un incremento de un 6,2% respecto al año 2024.

De cara a este año 2026, las pensiones contributivas, tal como anunció el Gobierno, experimentarán una subida del 2,7%. Esta cifra permitirá mantener la suficiencia de las prestaciones y el poder adquisitivos de las personas pensionistas. Este aumento se calcula en relación con el IPC medio entre el mes de diciembre de 2024 y el mes de noviembre de 2025.

El actual sistema de pensiones, con un déficit estructural, mantiene su funcionalidad gracias a las transferencias que realiza el Estado con cargo a los Presupuestos Generales, también recurriendo al endeudamiento de la Seguridad Social a través del Tesoro Público, aumentando los ingresos con cotizaciones adicionales finalistas (MEI) o incrementando las bases máximas de cotización. Todo ello con el objetivo de mantener los ingresos de los pensionistas.

Es por esta razón que el sistema necesita ser revisado y adaptado a las nuevas realidades. No se puede afirmar que esté en riesgo de colapso, pero sí es un hecho que requiere de decisiones responsables y una buena planificación para mantener su solvencia en los próximos años. Con una serie de ajustes y con una gestión óptima del dinero recaudado, el sistema público de pensiones puede asegurar pensiones suficientes para todas las personas durante mucho tiempo y ofrecer una jubilación digna. Pese a lo comentado, no es una tarea para nada sencilla, pero que con voluntad y previsión se puede alcanzar perfectamente.

El cambio demográfico es uno de los principales retos. En España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 la esperanza de vida alcanzó los 84 años de media por persona y tan solo hubo 318.005 nacimientos, con una tasa de 1,10 hijos por mujer. Estos datos muestran claramente el desequilibrio existente. La natalidad sigue un recorrido a la baja y, por otro lado, cada vez hay más personas que se jubilan y que, por tanto, cobran pensión contributiva. Todo esto no invalida el sistema público de pensiones, pero sí que ayuda a reflexionar sobre lo que tenemos y lo que necesitamos. Para que las futuras generaciones puedan disfrutar de su pensión es fundamental plantear medidas y adoptarlas de forma gradual, de tal manera que el sistema no se vea comprometido a medio y largo plazo.

(Imagen: E&J)

Otra de las cuestiones a vigilar es el mercado laboral. En 2025, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE referentes al tercer trimestre, el empleo creció en 564.100 personas en los últimos 12 meses, alcanzando un total de 22,4 millones de personas ocupadas. Pese a los buenos datos comentados, el paro también aumentó en el tercer trimestre de 2025, con 60.100 personas más desempleadas, lo que ha situado la tasa de paro en un 10,45%. Todo esto mientras que el número de activos creció en 178.500 personas, hasta situarse en 25.000.300. Por tanto, los datos muestran cómo se sigue creando empleo, pero también exponen una realidad a la que debemos hacer frente: el mercado laboral mantiene cierta fragilidad y no es capaz de absorber por completo el incremento de personas que están en búsqueda activa de empleo.

Además, los datos también indican que es necesario consolidar la creación de empleo y mejorar la calidad de este. Fomentar contratos más estables y productivos, así como formación y adaptación a las necesidades del tejido empresarial serán claves. La composición de la ocupación tiene un impacto directo en el sistema público de pensiones. Recordemos que la generación de cotizaciones no depende únicamente del número de personas empleadas, sino también de la estabilidad y la remuneración de esos puestos de trabajo.

Frente a los retos comentados, demográficos y laborales, la sostenibilidad del sistema público de pensiones pasa, entre otras cosas, por plantear y adoptar medidas que puedan implantarse planificada y gradualmente, de forma que se permita equilibrar ingresos y prestaciones. Algunas de las opciones para lograr ese equilibrio se basan en los ajustes progresivos en la edad de jubilación, mejoras en la recaudación de cotizaciones, incentivación del empleo estable y políticas que favorezcan la participación de la población activa.

Como se puede observar, las medidas mencionadas no buscan reformar de forma brusca el sistema de pensiones, sino que el objetivo es garantizar que pueda mantener su funcionamiento de forma sólida y equitativa. Con las acciones adecuadas podemos compatibilizar la protección de los actuales pensionistas con la capacidad de garantizar pensiones suficientes para las generaciones futuras. Además, no podemos dejar de lado que mantener la solvencia financiera y evitar tensiones que puedan comprometer su viabilidad a largo plazo deben ser la principal prioridad.

Por otro lado, también existen los planes de pensiones privados. Estos son instrumentos de ahorro voluntario que permiten complementar las prestaciones públicas. Deben utilizarse de forma voluntaria y como un respaldo adicional, ya que ofrecen la posibilidad de generar un capital que se sumará a la pensión pública en el momento de la jubilación. Su diseño permite cierto grado de flexibilidad en aportaciones y ventajas fiscales, aunque la rentabilidad nunca está garantizada.

Pese a que son un buen método de ahorro, estos planes de pensiones privados deben considerarse un complemento, no la base de la jubilación. La Seguridad Social sigue siendo el núcleo del sistema: es el único mecanismo que garantiza protección y equidad para todos. Los planes privados no pueden sustituir la función del sistema público ni su cobertura universal, pues dependen en gran medida de la capacidad de ahorro de cada persona.

En conclusión, la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de tres factores, principalmente: decisiones políticas, comportamiento del mercado laboral y los cambios demográficos. Para asegurar su sostenibilidad y que las generaciones futuras puedan disfrutar de esta prestación, es fundamental aplicar ajustes bien planificados que ayuden a mantener el sistema que conocemos actualmente.