Una Justicia más humana para los menores: una cuestión de dignidad y derechos

Quienes trabajamos en el ámbito del Derecho de Familia conocemos bien la carga emocional que acompaña a los procedimientos judiciales que afectan a menores. Sabemos que cada resolución, cada comparecencia, cada evaluación psicosocial, se produce en un contexto de conflicto, muchas veces profundamente doloroso para los niños implicados.

Demasiado a menudo hemos visto a menores esperando en pasillos impersonales, expuestos a la tensión ambiental, percibiendo el enfrentamiento entre sus progenitores y sintiendo que, de algún modo, están en el centro del conflicto. Esta escena, durante años habitual en nuestras sedes judiciales, no solo es inadecuada desde el punto de vista humano: es incompatible con el deber legal y moral de proteger el interés superior del menor, principio rector de cualquier actuación que les afecte.

El sistema de justicia no puede ser ajeno a las necesidades emocionales de la infancia. Los niños no son meros acompañantes ni observadores pasivos del conflicto judicial: son sujetos de derechos, y como tales merecen un trato respetuoso, comprensivo y adaptado a su edad. Para ser verdaderamente justa, la Justicia debe ser también empática. Debe ofrecer espacios seguros, amables y libres de hostilidad para quienes se encuentran en una etapa vital especialmente vulnerable.

Esta convicción ha sido el motor de una iniciativa que hoy es una realidad: la creación de una sala infantil en los Juzgados de Familia de Francisco Gervás, un proyecto impulsado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), fruto de la cooperación institucional, y de la sensibilidad de la Comunidad de Madrid a la propuesta del ICAM.

El espacio, gestionado por la asociación Papirola mediante convenio con la Consejería de Justicia, está dotado de mobiliario adaptado y personal especializado para atender a los menores de manera segura y gratuita.

La nueva sala infantil pone fin a una situación inaceptable: la de menores esperando a ser evaluados. Esta sala les ofrece un entorno adaptado, pensado para aliviar la tensión emocional, donde pueden jugar, leer o simplemente estar tranquilos. Es, en definitiva, un paso hacia una justicia más humana, más digna y más respetuosa con la infancia.

Cuando los menores entran en contacto con la justicia, lo que viven se convierte en parte de su memoria emocional. Una sala infantil no solo los protege del estrés; les enseña que la justicia no es sinónimo de castigo o sufrimiento, sino también de cuidado y protección. Así, también educamos en ciudadanía y confianza institucional.

Pablo García-Valdecasas (director general de Infraestructuras Judiciales), Miguel Ángel Martin ,(consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid), Carmen Giménez (vicedecana de los procuradores), Isabel Winkels (vicedecana del ICAM) y Javier Mata (diputado de la Junta de Gobierno del ICAM), visitando la sala infantil en los Juzgados de Familia de Francisco Gervás. (Imagen: ICAM)

Nuestro marco legal respalda esta visión. La Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, así como la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ratificada por España, son claros al establecer que el interés superior del menor debe primar en cualquier decisión que les afecte. Pero la verdadera garantía de derechos está en la aplicación efectiva de estos principios, en su traducción a la realidad cotidiana de nuestras instituciones. Esta sala infantil es un ejemplo de ello: un espacio concreto que materializa un mandato legal y un compromiso ético.

Este logro no habría sido posible sin la colaboración activa de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, que ha mostrado sensibilidad institucional y una clara voluntad de cooperación.

En un primer paso, repusieron los bancos de los pasillos de la sede judicial, que habían sido eliminados tras la pandemia. Y posteriormente, en un ejemplo del potencial transformador que tiene la colaboración entre la abogacía y las administraciones públicas, se habilitó el espacio que ahora ha sido inaugurado.

Desde el ICAM seguiremos trabajando para que este no sea un caso aislado, sino el primer paso de una transformación profunda en nuestras sedes judiciales, y en lograr la especialización de todos los jueces y fiscales que aborden cuestiones de derecho de familia. Además de la tan reivindicada especialización, aspiramos a que todas las sedes integren espacios adecuados para la infancia, y a que cada medida tomada en el ámbito de la justicia familiar tenga en cuenta no solo los aspectos jurídicos, sino también los emocionales y humanos.

Porque proteger a los menores en los procedimientos judiciales no es solo una obligación normativa: es una responsabilidad colectiva que refleja los valores de una sociedad justa, moderna y comprometida con su infancia.